26-11-2012 / 11:50 h EFE

El Juzgado de lo Penal número 4 de Santander ha condenado al exalcalde de Cartes Saturnino Castanedo a ocho años y siete meses de inhabilitación por prevaricación en la contratación de varias obras municipales, una condena que el edil socialista ya ha anunciado que recurrirá.

El propio Castanedo ha dado a conocer hoy el fallo judicial en un comunicado de prensa en el que muestra su "radical desacuerdo" con el fondo de la sentencia y con las formas del proceso, y subraya que recurre "por una cuestión de justicia moral".

El exalcalde de Cartes fue juzgado en octubre por un presunto delito de prevaricación por obviar los requisitos legales mínimos y hacer caso omiso a los requerimientos de la Intervención en la contratación de obras de mejora de la antigua carretera nacional N-611, en la pavimentación del polígono del Molladar y en otros trabajos en edificios municipales.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía cántabra por los grupos municipales regionalista y popular del Ayuntamiento de Cartes siendo todavía alcalde Castanedo.

Y el Ministerio Público trasladó los hechos al juzgado y acusó al exalcalde de un delito de prevaricación por el que pedía que se le inhabilitara durante ocho años y siete meses, la pena que finalmente ha acordado el Juzgado.

Castanedo, que conoció la sentencia el pasado viernes, cuestiona tanto el fondo como las formas del proceso judicial y asegura que su abogado formalizará el recurso en los próximos días.

El exalcalde niega que se desatendieran los informes del interventor municipal, el motivo que, según dice, constituye la base argumental de la sentencia. Se trata, a su juicio, de una acusación "rigurosamente falsa" y asegura que "en todo momento se ha acreditado lo contrario".

Castanedo señala además que la sentencia "pretende invalidar" el procedimiento de reconocimiento de obligaciones extrajudiciales incluido en las bases de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, cuando, indica, se trata de un procedimiento utilizado "de modo generalizado por la práctica totalidad de los ayuntamientos" y también en otras administraciones.

En su opinión, poner "en tela de juicio" la legalidad de este procedimiento sitúa "al borde de la inhabilitación a los miles de alcaldes e interventores" que lo utilizan "de modo cotidiano".

Pero más allá de los argumentos, el concejal socialista censura también las formas de este procedimiento, en el que, en su opinión, no ha habido "sorpresas", porque la juez "hace suyas las conclusiones de la Fiscalía", al igual que el Ministerio Público hizo suyas en su momento las conclusiones "del gabinete jurídico del Partido Popular, que preparó la demanda".

En palabras de Castanedo, esas conclusiones tiene un "base argumental novelada, plagada de conjeturas, frases declarativas descontextualizadas y errores increíblemente reiterados" que no se han corregido después de una instrucción que ha durado "más de cuatro años".

El exalcalde, que lamenta que el proceso se ha dilatado en el tiempo "injustificadamente" y ha estado "plagado de filtraciones que favorecían un enjuiciamiento público paralelo, incluso en periodos electorales", asegura que en todo este proceso ha tenido una "sensación de indefensión y de trato indisimuladamente hostil".

Por último, recalca que aunque la justicia es "ciega, sorda y muda", en este caso tiene la sensación de que en algún momento del procedimiento "no ha sido muda, se ha levantado la venda y está mirando a quién juzga".

 
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