La patronal propone subir el SMI un 1,5%, lo mismo que el sueldo de los funcionarios

La visión de la patronal se ha precipitado al temer que el comité de expertos designado por el Ministerio de Trabajo proponga un informe definitivo con una cifra que esperan que sea elevada. Es el Ejecutivo el que tiene la última palabra después de escuchar a los agentes sociales, como marca la normativa del SMI. La CEOE considera que si ese acuerdo ha sido refrendado por las organizaciones sindicales, también debe ser viable para elevar el SMI en 2026.

El comunicado publicado por la CEOE también incide en una de las cuestiones más espinosas en las que Trabajo se encuentra inmerso: la posibilidad de que las subidas del SMI no puedan ser integradas en los complementos de la nómina y solo en el sueldo base del empleado. Ante esta posibilidad, la patronal exige que cualquier subida esté "condicionada a las reglas de compensación y absorción" que fija el Estatuto de los Trabajadores.

Además, la patronal considera que los cálculos elaborados anualmente por ese comité, así como la decisión final que toma la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se encuentran abultados. En primer lugar, porque no se tienen en cuenta una parte de los sueldos en determinados colectivos con retribuciones más bajas, como agricultura o servicio doméstico, a la hora de estimar cuál es el sueldo medio en España, y de ahí detraer el 60%, que es el objetivo de cada año para el SMI. Por otra parte, consideran que las últimas alzas del salario mínimo se encuentran sobrevaloradas.

La CEOE considera que si se toman los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) como referencia para 2025, el SMI sería de 15.760 euros brutos anuales, esto es 816 euros menos al año. "Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde", apunta la patronal. La organización toma como referencia la EPA frente a la Encuesta de Estructura Salarial, que es la que sirve de base a la hora de extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, y que no contempla los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, "lo que genera una distorsión al alza".

Precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial "es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado". Y no solo eso, sino que no se tiene en cuenta el salario de sectores en los que las sucesivas subidas del SMI "están penalizando más el empleo".

En cambio, la EPA sí tiene en cuenta los salarios en estos sectores, con lo que constituye una estadística más válida y ajustada para poder realizar estos cálculos. Además, los datos EPA son más actualizados, el último de 2024, en tanto que la última EES se refiere a resultados de 2023.

Con estos visos, el comité de expertos tomará una decisión después de tener también encima de la mesa la propuesta de UGT y CC.OO., en la que instaron al Ejecutivo a elevar el SMI un 7,5%, si iba a tributar en el IRPF. O un 2,7% si no se obligaba a hacerlo a los trabajadores englobados en el salario mínimo.

La novedad de este año pasa por una doble propuesta para subir el SMI: con o sin tributación. Es decir, el comité de expertos pondrá encima de la mesa una nueva cuantía, más elevada, para el caso de que el Ministerio de Hacienda decida aplicar el gravamen del IRPF a ese incremento, como ya ha ocurrido este año; o un importe más bajo, por si la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, opta por no obligar a tributar a los más de dos millones de trabajadores que se encuentran englobados en el salario mínimo. La patronal insiste en que hacer tributar a los empleados supone un error y, además, un incremento de los costes salariales para las empresas que al final acabarían llegando a las arcas públicas vía impuestos y cotizaciones sociales.

La decisión de la patronal llega después de un trimestre de alta tensión plagado de iniciativas de la ministra de Trabajo tras ver caer su proyecto estrella de legislatura, la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas, en un cúmulo de decisiones que han ido soliviantando a los empresarios. La posibilidad de modificar la estructura del salario mínimo interprofesional acogiéndose a la trasposición de la directiva europea sobre sueldos mínimos encendió las alarmas en la CEOE ante la posibilidad de que Díaz impusiera un alza del SMI que no pudiera ser absorbida por los complementos y se limitase al salario base de cada trabajador.

Esta novedad, que Trabajo quiere incluir en el real decreto del SMI junto al incremento del próximo año, supondría un cambio de paradigma a juicio de la patronal. Tan relevante sería el cambio que el Ministerio de Economía ha recibido ya un informe externo en el que se le advierte de que la modificación de la estructura del SMI solo puede hacerse por decreto ley, pasando por el Congreso, y no exclusivamente con un real decreto vía Consejo de Ministros sin el aval del Poder Legislativo.

La patronal ya ha anunciado su intención de acudir a la justicia en el caso de que Trabajo opte por el real decreto al considerar que es un cambio que precisa trámite parlamentario al afectar al esqueleto del SMI, que se encuentra recogido en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores. Porque, consideran, el impacto de este cambio en las cuentas de las empresas, sobre todo las pymes y los negocios de los autónomos, sería estratosférico, indican fuentes de la patronal.

El último desencuentro de Trabajo con los empresarios fue precisamente la semana pasada a cuenta de los permisos retribuidos por fallecimiento. La iniciativa, que también salió de Díaz hace un mes, supone ampliar los días libres en caso de duelo de un familiar cercano, así como por cuidados y casos de enfermos en estado paliativo. La CEOE se salió de las negociaciones al considerar que no había posibilidad de consensuar ningún texto y de que lo que quería el Ministerio era imponer esa novedad legislativa.