El PSOE da alas a la ley que impone las lenguas cooficiales como criterio en la contratación pública

La norma, registrada por el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, y por otros veintitrés diputados, tiene la vocación de garantizar «el plurilingüismo» y «los derechos lingüísticos» de los ciudadanos residentes en comunidades autónomas con lengua cooficial ante las instituciones del Estado. No obstante, también establece criterios lingüísticos para la contratación pública y en ámbitos como el consumo, los transportes, la seguridad y la comunicación audiovisual, de manera que, de facto, las personas de territorios donde solo se habla el español, idioma común de toda la nación, aspirarían a menos plazas de función pública que aquellos que hablen con fluidez el catalán, el euskera o el gallego.

Hace solo tres años, el mismo PSOE que ahora bendice la irrupción de los pinganillos en el Congreso rechazó una reforma del Reglamento de la Cámara Baja con la que los nacionalistas pretendían implementar en ella el uso de las lenguas cooficiales. Su argumento entonces, idéntico al de PP, Vox y Ciudadanos, era que el castellano es el único idioma oficial en todo el Estado y la lengua común de los españoles, tal y como recoge la Constitución. Ahora, con un hemiciclo multilingüe a razón de entre tres y cuatro millones de euros al año, los socialistas van más allá y aceptan que se tramite una iniciativa que abre la puerta a que los médicos, por ejemplo, sean más valorados por su nivel lingüístico que por su conocimiento científico. Una política que ya aplicó la ahora tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, cuando presidía el Gobierno autonómico de Baleares.

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La ley, que echa a andar tras su toma en consideración, propone además que los procedimientos administrativos y las plataformas digitales estén disponibles en todas las lenguas cooficiales; que el catalán, el euskera y el gallego, en sus respectivas comunidades autónomas, sean vehiculares en la educación y su dominio sea equivalente al del castellano «al finalizar la etapa básica»; y que los ciudadanos, en las regiones con más de un idioma oficial, puedan decidir en cuál se dirigen a la Administración General del Estado y a la Administración de Justicia, en la que, por cierto, el conocimiento de la «lengua propia» será un requisito para acceder a una plaza en ella.

En el debate de la iniciativa, el diputado del PSC Marc Lamuà, quien ha alternado el español y el catalán, ha aseverado que España nunca ha sido un país monolingüe y ha apelado a la bancada del PP para advertirle que, cuando gobierna, es «una máquina de crear independentismos». «A quienes tienen otras lenguas además del castellano los quieren monolingües o callados», ha defendido, y ha añadido: «Desde que resuenan todas nuestras lenguas en este hemiciclo, se parece mucho más a la España de todos». La popular Marta González, en una intervención muy aplaudida por sus compañeros conservadores, ha clamado que el PSOE y sus socios intentan que su proyecto de una España plurinacional cobre realidad a través de «la imposición lingüística».

Antes de los dos partidos mayoritarios, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro ha encabezado el turno a favor de la ley y el de Vox Jorge Campos, el posicionamiento en contra. Álvaro ha dejado perlas nacionalistas como que hablaba en nombre de «las naciones más antiguas» de la península ibérica y que idiomas como el catalán han sobrevivido pese al intento de «genocidio cultural» que según él han perpetrado a lo largo de la historia los Estados español y francés. Campos, con ironía, 'ha traducido' el título de la norma de «la lengua cínica» al castellano y ha dicho que el encabezado debería rezar algo así como proposición de ley «para acabar con el español». Él, sarcástico, se ha referido a la creación de «lenguas artificiales» como el 'euskera batua' o el 'catalán estándar' y ha acusado al soberanismo de intentar dividir a los españoles con sus «nacioncillas».

La disputa parlamentaria ha seguido con argumentos peregrinos, como el de Mertxe Aizpurua (Bildu) al afirmar que ser funcionario «no es un derecho», y con puestas en escena dantescas, como las siete intervenciones que ha realizado el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar al repartir los siete minutos de los que disponía entre siete diputados diferentes, a los que se ha escuchado hablar en catalán, euskera y gallego, pero también en bable y en aragonés. En estas dos últimas lenguas ha habido contraste: los intérpretes han guardado silencio durante la intervención en lengua asturiana, pero la traductora de catalán, confusa, sí ha pasado al español la intervención del diputado de Chunta, Jorge Pueyo.

Ningún diputado de Junts estaba entre los firmantes de la iniciativa, como sí lo hacían miembros de ERC, Bildu, PNV, BNG, Comuns, Compromís y Més per Mallorca. Pero a falta de catalán en la Unión Europea, uno de los muchos «incumplimientos» de Pedro Sánchez, bueno es, o eso pensarán los posconvergentes, en la Administración General del Estado y en la Administración de Justicia. Los socialistas, que la legislatura pasada ni siquiera avalaban el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, de momento, permiten la tramitación de la norma. Ya se verá si se queda en un cajón o termina en el Boletín Oficial del Estado, pero este martes su toma en consideración ha salido adelante con 174 votos a favor y 170 en contra.