«Háblame en castellano porque lo dice la Constitución»: denuncian a guardias civiles y policías por usar el español

Las entidades que han canalizado el río de denuncias por discriminación lingüística cometidas presuntamente por efectivos de Policía y Guardia Civil son habituales perceptores de subvenciones públicas por parte de la Generalitat Valenciana. No obstante, tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, se han mostrado críticos con el Ejecutivo presidido ahora en funciones por Ximo Puig por agotar su mandato sin aprobar el requisito lingüístico, una de sus principales exigencias prometida por el ala del Gobierno dirigida por Compromís.

En sus dos últimos informes sobre derechos lingüísticos, Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana y diez asociaciones más, presentan un rosario de denuncias que señalan a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. De hecho, la autodenominada 'ONG del catalán' contabiliza el incremento de las discriminaciones a catalanoparlantes «perpetradas por la Administración del Estado» en un 296% en los últimos seis años.

En los casos que afectan a la Benemérita, la citada asociación denuncia el episodio que vivió un conductor en un control de tráfico en la localidad castellonense de Almassora. De acuerdo con este relato, el afectado se dirigió a los agentes en valenciano, quienes le interpelaron en español para cambiar el idioma en la conversación: «Nos tienes que hablar en castellano porque lo dice la Constitución», pese a recordarles a los efectivos su derecho de expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales en la autonomía. Finalmente, apunta Plataforma, «renunció a hablar en catalán».

Al respecto, la entidad subvencionada por el Gobierno valenciano apunta que «es frecuente que el Estado desatienda su obligación de garantizar el derecho de uso de las lenguas oficiales diferentes al castellano» y que «tampoco es infrecuente que los funcionarios discriminadores apelen a la Constitución» para «imponer un carácter supremacista del castellano».

A pocos kilómetros, en la localidad castellonense de Vinaròs, ocurrió un caso idéntico según aparece recogido en el último informe de derechos lingüísticos de Plataforma per la Llengua, en el que un agente del instituto armado habría exigido a un ciudadano que le hablara en castellano «porque es la lengua de España».

«El agente, al sentir que hablaba en catalán, le va a espetar a que hablara en castellano porque es la lengua de España», relató. «Estamos en España», repitió en varias ocasiones tras mostrar una actitud «prepotente y agresiva», de acuerdo con la denuncia presentada horas después ante la Policía Local contra este agente por «abuso de autoridad».

En paralelo a los casos acontecidos en la Comunidad Valenciana, en el citado documento también se da cuenta de otros sucesos similares ocurridos en Cataluña e Islas Baleares. Por ejemplo, el de una estudiante mallorquina afincada en Valencia que regresó a su ciudad en vacaciones de Semana Santa y que denuncia haber sufrido la discriminación lingüística de una agente de la Guardia Civil en el aeropuerto aludiendo que no la entendía «porque era de Asturias».

Del mismo modo, otro ciudadano de Palma de Mallorca asegura en el informe que un guardia civil le faltó el respeto en un control. Según afirma, el agente le dijo «quítese la polla de la boca para dirigirse a mí», cuando le habló en catalán, mientras que otro expresó la siguiente frase: «Fóllatelo bien que es un hijo de puta de esos que quieren romper España», al ver que llevaba una bolsa con un pin de un lazo amarillo en referencia a la campaña por la independencia de Cataluña.

«El clima de impunidad general del que se benefician los cuerpos policiales como resultado de la tradición autoritaria de las estructuras estatales españolas, sumado a la hostilidad especifica del nacionalismo español contra las minorías nacionales lingüísticas, facilita que algunos agente se atrevan a exhibir abiertamente y de la manera más cruel su odio y prejuicios», lamenta el documento.

Otro caso, que denuncia Plataforma per la Llengua que afectan a guardias civiles ocurrió en la localidad catalana de Àreu, donde dos pasajeros de un vehículo trataron de dirigirse a un agente en catalán. Este, según el relato que ofrecen, les dijo que no lo entendía y que «al ser la autoridad, si les pide hablar en español, le tienen que hablar en español».

Las injerencias al uso de lenguas autóctonas en la Comunidad Valenciana también se han sucedido en la labor de la Policía Nacional, según indica la 'ONG del catalán' en su exposición de casos de denuncias lingüísticas. Por ejemplo, hacen alusión a la demanda de un agente a un ciudadano de hablar en español para renovarle el DNI en Denia, otro efectivo que no entregó una copia de la denuncia que había presentado un hombre en Valencia «por seguridad jurídica y eficacia procesal» y un último episodio acontecido en la comisaría de Benidorm por «burlarse» de un documento en valenciano emitido por registro para tramitar la renovación de un DNI.

Al margen de todas estas denuncias expuestas, Plataforma per la Llengua y otras entidades regadas por la Generalitat Valenciana se han mostrado críticas con el Gobierno de izquierdas por acabar la legislatura sin aprobar el requisito lingüístico. «Se confirman uno de los incumplimientos más graves del Botànic, pese a estar integrado por fuerzas valencianistas. El requisito era vital para proteger los derechos de los ciudadanos y una de las promesas electorales básicas en torno a la defensa de la lengua», subrayaron días después de consumarse la victoria del PP en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28M.