¿Es obligatorio saber valenciano para ser médico o funcionario en Valencia?: esto dice la norma

Las diferencias entre PSPV-PSOE y Compromís a la hora de acordar si el idioma autóctono debe ser requisito o mérito para acceder a la Función Pública han sido palpables desde la pasada legislatura. De hecho, la aprobación de la ley se ha dilatado más de cinco años y su reglamento ha tardado en ser publicado el doble del tiempo que establece la normativa.

El mayor punto de fricción entre ambas formaciones políticas se encuentra en la adecuación del personal sanitario. Mientras Compromís pelea de manera incesante desde hace años para incluirlo en el requisito lingüístico, el PSOE no cede ni un metro de terreno en la que considera su principal línea roja: «El valenciano no debe ser un requisito sanitario excluyente», reconocía el conseller -socialista- de Sanidad, Miguel Mínguez.

A finales del pasado año, las Consellerias de Justicia y Educación cerraron un acuerdo para que el grado de conocimiento del valenciano se acreditará de forma obligatoria para acceder a un puesto en la Administración a partir de la OPE de 2025. Desde ese momento, el Ejecutivo autonómico pedirá un nivel C1 -el antiguo Mitjà- para los grupos más altos -A1 y A2-, un nivel B2 para grupos B y C1, y un nivel B1 para los opositores de los grupos C2.

En paralelo, Educación desplegará otro decreto que regulará el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios. En detalle, esta normativa determinará que el alumnado que finalice la ESO cuente con un nivel B1 y que el que finalice el Bachillerato tendrá acreditado un nivel B2 y un C1 si supera la materia de valenciano con al menos un 7 de puntuación en cada curso.

No obstante, este pacto dejó fuera a los docentes -que tienen su propia regulación- y a los sanitarios, para los que la lengua cooficial seguirá siendo un mérito para conseguir un empleo público. Del mismo modo, tampoco afectará a funcionarios de carrera con plaza asignada en la Generalitat, mientras que sí se exigirá a los interinos que deseen conseguir plaza. Según los plazos que ofrece el Gobierno autonómico, se prevé que el decreto entre en vigor antes de que finalice el primer semestre de 2023.

De esta manera, los médicos y otros sanitarios podrán seguir optando a entrar en la Administración sin necesidad de saber valenciano obligatoriamente, aunque su conocimiento sí contará como un mérito. Sobre esto, durante los últimos meses se sucedió otra polémica en relación a la baremación de la lengua en el proceso de estabilización del personal interino, que permite la consolidación de más de 9.000 trabajadores.

En la primera propuesta presentada por la Conselleria de Sanidad, se llegó a plantear que el valenciano tuviera un mayor peso que una tesis doctoral. En concreto, quince puntos por el idioma y cinco por el estudio. «Un médico que carece de una tesis no es necesariamente peor, mientras que un buen médico debe poder entender a todos los pacientes», llegó a justificar la vicepresidenta Aitana Mas (Compromís).

Finalmente, el decreto publicado a finales de diciembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) recula en cierta medida al otorgar el mismo valor al conocimiento del valenciano que a una tesis doctoral, pero con la salvedad de que sea calificada como «cum laude», si no quedará un punto por debajo del idioma, decisión criticada por los sindicatos médicos y la oposición.

Sin embargo, pese a que Compromís renunció a incluir el personal sanitario a la fórmula que graduará el nivel exigible de valenciano, parece inevitable que rescate el debate y endurezca la negociación de reeditar un tercer Gobierno del Botánico. De hecho, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, lo dio por hecho en una entrevista y posteriormente, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo lo desautorizó al asegurar que «no existe ninguna hoja de ruta de requisito lingüístico para Sanidad».

Más si cabe después de los numerosos casos de presunta discriminación lingüística registrados en la Sanidad valenciana, según denuncian diferentes asociaciones subvencionadas por la Generalitat como Plataforma per la Llengua y Escola Valenciana, quienes cifran el incremento de estas situaciones de desigualdad en el triple respecto al año pasado. «Excluir Sanidad y Justicia es una renuncia inadmisible», apuntó la segunda entidad, quien calificó el decreto como «insuficiente» y apremió al Ejecutivo a incluirlo de ganar las elecciones autonómicas del 28M.