«Si sigues hablando así no te empasto la muela». Las denuncias por casos de discriminación lingüística contra médicos y profesionales sanitarios que emplean el español para dirigirse a los pacientes se extiende al ámbito privado.
La denuncia indica que un odontólogo del municipio del área metropolitana de la capital del Turia «forzó a hablar a su paciente a hablar en castellano y le advirtió de que si seguía hablando en valenciano no le atendería ni le empastaría la muela».
De acuerdo con la Ley del Estatuto de los Consumidores de la Comunidad Valencianas los negocios privados que se nieguen a prestar atención en la lengua cooficial se exponen a multas de hasta 3.000 euros.
El informe que recoge decenas de denuncias de discriminación lingüística lleva la rúbrica de entidades como Escola Valenciana o la Plataforma per la Llengua del País Valencià, subvencionadas por el Gobierno presidido por Ximo Puig.
El documento se centra especialmente los ámbitos de la Administración, la sanidad y la educación, aunque también se amplía al sector privado.
Al respecto, la Generalitat Valenciana ha reactivado por ley la llamada Oficina de Derechos Lingüísticos que recaba denuncias y quejas contra personas jurídicas, tanto públicas como privadas. Este organismo no tiene potestad sancionadora ni atiende quejas anónimas.
Sin embargo, la última reforma de la Ley del Estatuto de los Consumidores de la Comunidad Valenciana incorpora como infracción sancionable la discriminación lingüística.
Así, conforme avanzó ABC, el nuevo texto legal establece en su articulado multas de hasta 3.000 euros a comercios y empresas que denieguen la atención en valenciano.
La modificación de la Ley del Estatuto de los Consumidores fue celebrada por la Plataforma de la Llengua (que se autodenomina como la «ONG del catalán»), que incluso se arrogó el mérito de la misma.
Vulneración de derechos lingüísticos en el sector privado
La reforma legislativa salió adelante el pasado mes de diciembre gracias a los votos del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos y tipifica por primera vez como infracción sancionable de carácter leve la vulneración de derechos lingüísticos y la denegación de cualquier servicio por razones de lengua.
En esa línea, el «Informe de denuncias de los derechos lingüísticos» elaborado por Escola Valenciana recoge casos que afectan a restaurantes, empresas de ocio, pubs o entidades financieras por instar a sus clientes a hablar en español.
Además de este documento, que recopila un total de 126 casos sobre discriminación lingüística en el último año en la Comunidad Valenciana, se ha producido un goteo de denuncias de particulares, especialmente contra centros de salud, por prestar atención únicamente en castellano.
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