La denuncia explica que la facultativa le dijo a una paciente que «si no le hablaba en castellano no le realizaría la consulta y debería ir a un hospital para ser atendida por los servicios médicos».
La denuncia fue recogida por Escola Valenciana, una entidad subvencionada por el Gobierno de Ximo Puig, al igual que la Plataforma per la Llengua. La autoproclamada como la «ONG del catalán» puso en marcha una campaña denominada «Sanitat en valencià» (sanidad en valenciano) con el objetivo de reclamar una normativa sobre la «capacitación lingüística del personal sanitario». Además, desarrolla una propuesta de protocolo para «garantizar la atención sanitaria en valenciano» .
La Plataforma per la Llengua critica que el Ejecutivo que forman el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos en la Generalitat Valenciana ha ignorado hasta la fechas sus peticiones pese que en el último año sus estadísticas indican que se han triplicado las denuncias por discriminación lingüística en este ámbito.
Por ello, reclaman que se desarrolle la propuesta aprobada en diciembre del año pasado por el tripartito en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat.
Al respecto, recuerdan que el artículo 29 de la citada normativa «pretende garantizar el derecho de los pacientes y usuarios a recibir información sanitaria en las dos lenguas oficiales» de la Comunidad Valenciana.
Por ello, la Plataforma per la Llengua reclama a la Generalitat la creación de «una línea de actuación a favor de la formación y sensibilización lingüística en valenciano del personal sanitario».
Multas de hasta 3.000 euros por no atender en valenciano
De hecho, conforme avanzó ABC, la Generalitat podrá imponer multas de hasta 3.000 euros a comercios y empresas que denieguen la atención en valenciano. A tal efecto, el Gobierno presidido por Ximo Puig reformó el Estatuto de los Consumidores aprovechando el trámite parlamentario de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de este año, a instancias de la propia Plataforma per la Llengua.
De este modo, la citada normativa tipifica por primera vez como infracción sancionable de carácter leve la vulneración de derechos lingüísticos y la denegación de cualquier servicio por razones de lengua.
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