«Por favor, en castellano»: denuncian a una doctora por discriminación lingüística en un hospital de Valencia

En el documento 'Denuncias de los derechos lingüísticos en 2022 en la Comunidad Valenciana', se relatan hasta 26 casos de discriminación sufridos presuntamente por pacientes que demandaban una atención en la lengua autóctona. De hecho, apunta la autodenominada 'ONG del Catalán' en su recuento, que una de cada dos vulneraciones se producen en centros de salud y en hospitales.

Una de estas denuncias, según recoge Plataforma per la Llengua, tuvo lugar en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Valencia, donde un ciudadano acudió con un «intenso dolor» de barriga. Cuando explicó a la doctora su dolencia, la facultativa le habría instado a cambiar el idioma para dirigirse a ella: «Por favor, en castellano».

De acuerdo con el relato aportado por la entidad lingüística, el paciente «tenía mucho dolor y en aquel momento no se sintió con fuerzas de reclamar sus derechos lingüísticos», por lo que siguió la conversación con la doctora en español y no en valenciano.

De este tipo, señala la asociación subvencionada por la Administración pública valenciana, se han registrado numerosos casos en el último año. Por ejemplo, el de una paciente que presuntamente no recibió atención por parte de otro médico en el centro de salud de Gata de Gorgos (Alicante) por hablar en la lengua cooficial.

Según su denuncia, el facultativo le dijo que «si no hablaba en castellano no le realizaría la consulta y se tendría que marchar al hospital sin haber sido atendida por los servicios médicos» del centro sanitario. La misma situación se vivió, según Plataforma, en centros de salud de Villajoyosa, Quart de Poblet y Elche, entre otras localidades.

En este sentido, la nueva Ley de Función Pública aprobada por el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig no obliga a médicos y sanitarios a cumplir con el requisito lingüístico para obtener una plaza, para los que el conocimiento de la lengua cooficial seguirá siendo un mérito y no una obligación.

Sin embargo, existen notables diferencias en el seno del tripartito de izquierdas que gobierna la Generalitat, pues Compromís aboga por extender esta obligación al ámbito sanitario y el PSPV-PSOE prefiere mantener el valenciano como un mérito computable.

Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, denunció que el actual Ejecutivo autonómico «está entrando en una fase antisanitaria y que el prejuicio y el requisito lingüístico no curan, lo que cura y lo que sana es la preparación, la experiencia y el refuerzo de la calidad asistencial y de los médicos y del resto de sanitarios».

Al respecto, la Plataforma per la Llengua ha criticado en diferentes ocasiones que el Gobierno formado por PSOE, Compromís y Podemos ignora sus peticiones, a pesar de que se hayan triplicado las denuncias por discriminación lingüística en la Sanidad valenciana. Por ello, reclama a la Generalitat la creación de «una línea de actuación a favor de la formación y sensibilización lingüística en valenciano del personal sanitario».

En otro orden, tal y como avanzó ABC, la Generalitat reformó el Estatuto de los Consumidores en el trámite parlamentario de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para posibilitar la imposición de multas de hasta 3.000 euros a comercios y empresas que denieguen la atención en valenciano a sus clientes.