«No tengo obligación de entenderlo ni de hablarlo»: denuncian a una doctora por atender a un paciente en español

Esta entidad, que recibe subvenciones anuales de la Generalitat que preside el socialista Ximo Puig y del Ayuntamiento que lidera Joan Ribó (Compromís), advierte de que las quejas lingüísticas por discriminación se han incrementado notablemente durante los últimos meses en la región.

De acuerdo con el «Informe de denuncias de los derechos lingüísticos» que han elaborado diferentes asociaciones como Escola Valenciana o la misma Plataforma per la Llengua -autoproclamada 'ONG del Catalán'-, se han notificado hasta diecisiete casos graves sufridos por pacientes de la sanidad pública el año pasado.

En el mismo documento, se hace alusión a un caso registrado el pasado mes de julio en una consulta de Atención Primaria del Centro de Salud de Campanar, ubicado en la ciudad de Valencia. En estas dependencias, adscritas a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat, un paciente denunció haber sufrido un caso de discriminación lingüística por parte de la doctora que le atendió.

Según este testimonio recogido en el informe, el paciente se expresó con normalidad en valenciano hasta que la doctora que sustituía a la facultativa que tenía asignada le negó presuntamente el derecho a utilizar esta lengua y le pidió que se dirigiera a ella en español.

«No te entiendo y no tengo ninguna obligación de hacerlo y mucho menos todavía de hablarlo», apunta el denunciante según el relato que ofrece Plataforma per la Llengua en su último dossier sobre casos de discriminación lingüística.

La 'ONG del catalán' reprocha «la falta de voluntad de ciertos profesionales para emplear el valenciano» y critica al Gobierno de Puig que se haya «relajado en el objetivo de implementar el requisito lingüístico en el ámbito sanitario».

Al respecto, cabe recordar que el requisito lingüístico llegará a la Comunidad Valenciana en 2025 tras años de desencuentros entre PSOE y Compromís, mediante una regulación que implantará la obligatoriedad de conocer el idioma autóctono para obtener un puesto de funcionario. No obstante, el personal sanitario queda exento de esta nueva normativa, para el que seguirá contando únicamente como un mérito.

«Si no me habla en castellano no podré pasarle consulta y tendrá que ir al hospital para ser atendida». Esta es una segunda queja contra otra doctora de un centro de salud de la localidad alicantina de Benilloba, que aparece en el mismo documento. La denuncia narra que la facultativa le comentó a una paciente que «si no le hablaba en castellano no le realizaría la consulta y debería ir a un hospital para ser atendida por los servicios médicos».

Hasta esta fecha, el Ejecutivo autonómico que forman PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, han ignorado las peticiones y quejas de Plataforma per la Llengua recogidas en su informe de derechos lingüísticos. Asimismo, la entidad recuerda que «durante toda la legislatura ha pedido a Sanidad y a las direcciones de los centros de salud que informe a los profesionales del deber de garantizar el derecho de la ciudadanía a expresarse en valenciano».

Por otra parte, tal y como avanzó ABC, la Generalitat reformó el Estatuto de los Consumidores en el trámite parlamentario de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para poder imponer multas de hasta 3.000 euros a comercios y empresas que denieguen la atención en valenciano a sus clientes.