«Hábleme en castellano porque estamos en España»: denuncian a un guardia civil por discriminación lingüística

La Plataforma per la Llengua, entidad que recibe subvenciones de la Generalitat Valenciana, ha incluido en su informe anual sobre casos de discriminación lingüística diferentes denuncias a miembros de la Guardia Civil. Esta asociación, autodenominada 'la ONG del catalán', acusa a la Benemérita de ejercer el «supremacismo castellano».

De acuerdo con el relato aportado en la denuncia, la mujer volvía a casa en coche con un amiga cuando a la entrada del pueblo se encontró con un control de tráfico del Instituto Armado. Una vez detenido el vehículo, uno de los agentes le pidió que le mostrara su documento de identidad, momento cuando le contestó en valenciano. Según los hechos descritos, el indicativo le pidió que se dirigiera a él en castellano «porque es la lengua de España».

No obstante, la ciudadana se molestó y le recordó que en la Comunidad Valenciana coexisten dos lenguas oficiales, a lo que, según la Plataforma per la Llengua, el agente le repitió en varias ocasiones que hablara español «porque estamos en España». Así, denuncia que en todo momento su actitud fue «prepotente y agresiva», tratándola como una «subordinada».

Otra agente de la Guardia Civil intentó convencer a la conductora de que hablara castellano porque su compañero «era de fuera». Tras ello, acudió a la comisaría de la Policía Local para interponer una denuncia contra el guardia civil por abuso de autoridad, pero asegura que en un primer momento se negaron alegando las mismas razones que esgrimieron los agentes de la Benemérita, aunque finalmente pudo presentarla tras acudir a un juzgado de Vinaròs.

Según argumenta la Plataforma per la Llengua, «la hegemonía del ideario supremacista castellano se vuelve evidente con la normalidad con la que lo reproducen personas que no son, probablemente, intelectuales o ideólogos». La entidad catalanista señala también que «el nacionalismo español tiene como objetivo la homogeneización castellana del Estado», algo donde «los derechos de las lenguas son meramente una etapa transitoria».

Meses antes y en la misma provincia de Castellón, otro conductor denunció haber sufrido un caso de discriminación lingüística por parte de un agente de la Guardia Civil, quien presuntamente le habría obligado a hablar en castellano porque «lo dice la Constitución Española». Según apunta la Plataforma per la Llengua, los indicativos del Instituto Armado le instaron a hablar en español hasta que el denunciante se sintió presionado y «para evitar más tensión renunció a su derecho de hablar en valenciano».

Todas estas denuncias de supuestos casos de discriminación lingüística se encuentran recogidas en el informe anual de la Plataforma per la Llengua, entidad que percibe subvenciones del Gobierno de Ximo Puig, y que actualmente encabeza una campaña de difusión en internet para alentar a los estudiantes universitarios a que denuncien casos similares señalando a profesores que no utilicen el valenciano. «¡Basta del en castellano para que nos entendamos todos!», es el eslogan principal de la iniciativa, que añade que «tienes todo el derecho del mundo a expresarte en la lengua que consideres en una aula. Si te obligan a hablar en castellano, ¡quéjate!».

En este contexto, el Gobierno formado por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, ha ampliado el campo de actuación de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), calificada por la oposición como la «policía lingüística» de Ximo Puig, al ámbito universitario, al incluir una modificación en el nuevo texto de la ley de acompañamiento que se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria.