Denuncian a un repartidor por negarse a entregar un paquete a una clienta por no hablarle en español

Según aparece en las imágenes publicadas por la asociación cultural en sus redes sociales, un trabajador de una importante compañía de paquetería se marcha con el pedido de una usuaria supuestamente por dirigirse a él en valenciano y no en español. «Dame el paquete», le repite hasta en tres ocasiones mientras que el distribuidor hace caso omiso y sale por la puerta del patio.

Al respecto, la autodenominada como 'ONG del catalán' rescata las modificaciones que consiguió introducir en la reforma del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, en la que se tipificaban como infracciones la vulneración de derechos lingüísticos y la denegación de un servicio por razón de lengua.

En concreto, según avanzó ABC, el texto legal permite al Ejecutivo autonómico imponer multas de hasta 3.000 euros a comercios y empresas que denieguen la atención en valenciano bajo el pretexto de «vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa, siempre que esta vulneración no implique, además, una denegación del servicio», así como «denegar la atención de la persona consumidora con la motivación de impedir el ejercicio de sus derechos lingüísticos recogidos en esta ley».

En paralelo, Escola Valenciana, otra entidad regada por el Consell de Ximo Puig durante las últimas legislaturas, considera que si el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, elimina la Oficina de Derechos Lingüísticos -también conocida como la 'policía lingüística'- «significa que solo gobierna para los valencianos que hablan castellano», al tiempo que ha recalcado que la entidad seguirá «defendiendo a la ciudadanía de cualquier ataque o vulneración a sus derechos fundamentales y libertad de expresión».

Así lo ha manifestado Escola en un comunicado difundido después de que este miércoles el candidato a la Presidencia de la Generalitat del PP avanzara en una entrevista su intención de eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos. Al respecto, la entidad cívica señala que acabar con este órgano «es, en primer lugar, una declaración de intenciones que no deja lugar a dudas: el nuevo gobierno considera que las personas valencianohablantes son ciudadanos y ciudadanas de segunda, puesto que tres de cuatro vulneraciones lingüísticas se producen precisamente al ámbito de la administración».

«El señor Mazón dijo la misma noche electoral que gobernaría para todos los valencianos. Si elimina esta oficina significa que solo gobierna por los valencianos que hablan castellano. Deja una parte de la ciudadanía en una situación de indefensión ante la ley y de amparo, al mismo tiempo, a las personas que vulneran la ley», recuerdan.

Desde Escola añaden que, puesto que la ley vigente reconoce el derecho de dirigir a la administración en cualquier de las dos lenguas oficiales, «como representantes públicos y del poder ejecutivo tendría que cumplir con el marco legal que establece el Estatuto de Autonomía, los derechos fundamentales y los derechos lingüísticos».

En cualquier caso, Escola Valenciana apunta que dispone de una Oficina de Drets Lingüístics desde antes de antes de la creación de la de la Generalitat y asevera que continuará atendiendo las vulneraciones lingüísticas y denunciándolas. «Nosotros hemos estado y seguiremos estando junto a la gente luchando por la igualdad de derechos. Cuando hablamos de educación hablamos de aprendizaje y de oportunidades. Negar el aprendizaje del valenciano no solo es perjudicial para los conocimientos del alumnado. Es negarles una oportunidad, no solo de aprender una segunda lengua, sino de facilitarles el aprendizaje de otras, puesto que está demostrado que una persona bilingüe tiene más facilidad para aprender más idiomas. Es también negarles oportunidades a nivel social, cultural y laboral. Tener más valenciano en la escuela es tener más riqueza», argumentan.