El «todo en valenciano» que excluye al castellano en las aulas: una norma pendiente de múltiples recursos judiciales
La plataforma de familias y docentes Idiomas y Educación espera que el nuevo gobierno de la Generalitat derogue la ley impulsada por Compromís
La ley de libertad de elección de lengua en defensa del castellano se abre paso en Valencia
Las familias pueden ahora anular suspensos de sus hijos por la falta de información sobre las horas de clase en valenciano
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Iniciar sesiónEl «todo en valenciano» para excluir al castellano de las aulas, que han definido los docentes y padres de alumnos en la plataforma alicantina Idiomas y Educación constituye un ejercicio de ingeniería legal partiendo de una norma pendiente de múltiples recursos judiciales, ... que fue sustituida por la Ley de Plurilingüismo impulsada igualmente por Compromís desde la Generalitat. Ahora, con el cambio de Gobierno autonómico, están expectantes para su derogación.
El proceso hasta llegar a este estadio de la inmersión lingüística -que estas familias y profesores ven inspirada en el modelo catalán- arrancó en 2017, con el «bloqueo» del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a un decreto anterior, «por los numerosos recursos (entre ellos el nuestro conjuntamente con Concapa y Covapa)», recuerdan, en referencia a las dos confederaciones autonómicas de AMPA, de la enseñanza concertada y la pública, respectivamente.
Ante la suspensión cautelar, «los miembros del gobierno valenciano decidieron saltárselo de la manera más autoritaria posible, sin esperar a la sentencia que tenía muchísimas posibilidades de ser contraria a los intereses de imposición y chantaje de dicho gobierno, y aprobar en las Cortes Valencianas la Ley de Plurilingüismo».
En esencia, el objetivo final es «eliminar el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos».
El «engaño» con el inglés
¿Y cómo se consigue? En las explicaciones detalladas y más técnicas, Idiomas y Educación señala que «el engaño» del estricto cumplimiento del supuesto mínimo legal del 25% en castellano, parte también de otro porcentaje igual de valenciano y el 15-25% máximo de inglés, que suman un 75%. «Teniendo en cuenta que con los maestros actuales (más preocupados por conseguir el nivel de valenciano para no perder su trabajo que por aprender inglés) es prácticamente imposible pasar del 15% de inglés. Eso lleva el porcentaje de valenciano hasta un preocupante 60% (el equivalente al nivel Avanzado 1, que era el que más valenciano tenía en el derogado decreto)», indican.
La decisión de dichos porcentajes queda en manos de los Consejos Escolares, «cuya composición ya se ha encargado la Conselleria de ir manipulando, para poder conseguir los porcentajes con capacidad de decisión». ¿Cómo? La Dirección del centro la nombra Conselleria, «los maestros sin valenciano han sido debidamente despedidos, para incorporar a otros con su requisito lingüístico y que son en gran número valencianohablantes, venidos incluso de otras provincias para sustituir a los castellanohablantes, aunque no tuvieran la formación profesional idónea para el puesto»
Además, «las AMPAS afines a la imposición lingüística han recibido numerosas subvenciones para hacer campañas y conseguir los puestos del Consejo Escolar», al mismo tiempo que -según este relato de Idiomas y Educación- «el personal laboral depende de la Dirección del centro, y no van a morder la mano que les da de comer, más teniendo en cuenta que les afecta poco o nada que los alumnos estudien en castellano o en valenciano».
Finalmente, con esta composición del Consejo Escolar influida por estos factores, se aplica un último ajuste normativo: «Se elimina la doble línea en un mismo centro y se incluye en la disposición adicional quinta que si había línea en valenciano (PPEV), no se podrá reducir el número de horas en dicha lengua. Por lo que, en la práctica, todos los centros con doble línea irán directamente al «todo en valenciano».
MÁS INFORMACIÓN
Frente al decreto previo paralizado en los tribunales y la ley aprobada posteriormente con urgencia, esta plataforma presentó numerosas alegaciones a las que el Gobierno de Ximo Puig nunca contestó.
A título individual, también muchas familias presentaron recursos con la ayuda jurídica gratuita de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, también fundada en Alicante, con ámbito autonómico.
Idiomas y Educación también denuncia «presiones» de la Conselleria a los centros con las asignaciones presupuestarias y los conciertos para forzar que se impartan más horas en valenciano.
Y apuntan además a un maniobra en la etapa escolar de los más pequeños: «Se ha aplicado en más de 200 centros de infantil el denominado «programa experimental». Una puerta de atrás de la que nadie se quiso dar cuenta, y gracias a la cual, se han saltado su propia ley, aprobando programas lingüísticos de centro con cero horas de español en todos los cursos de infantil».
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