«No te entiendo, a mí háblame en español»: denuncian a la Seguridad Social y al SEPE por atender en castellano

El documento suscrito por asociaciones como Escola Valenciana y Plataforma per la Llengua -autodenominada 'ONG del catalán'- incluye cientos de reclamaciones y quejas sobre casos de presunta vulneración de derechos lingüísticos registrados en 2022 en la Comunidad Valenciana, que tras afectar al ámbito sanitario y a las Fuerzas de Seguridad, se extienden ahora a la gestión de las Administraciones públicas estatales.

Según narra Plataforma per la Llengua al respecto, un usuario sufrió la discriminación lingüística de un empleado de la oficina de la Seguridad Social de Villarreal, quien le dijo «no te entiendo, a mí háblame en español». El ciudadano se negó a cambiar de idioma y solicitó la hoja de reclamaciones, así como el nombre y el número de identificación del funcionario, quien se marchó de su puesto tras entregársela «dejándolo desatendido», de acuerdo con el relato de la entidad.

Asimismo, la misma plataforma que percibe diferentes asignaciones de dinero público tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Valencia regido por Joan Ribó (Compromís) en coalición con el PSPV-PSOE, denuncia un segundo caso que afecta en esta ocasión al SEPE. En concreto, describe que una usuaria solicitó la prestación por desempleo en valenciano, a lo que una empleada le contestó que no podía tramitársela en Alicante porque residía en Valencia. Según consta en la reclamación, insistió en conseguir la ayuda pública, momento en el que la trabajadora le respondió: «No te lo puedo arreglar y, además, no te entiendo».

Por otro lado, este informe sobre vulneración de derechos lingüísticos incluye una última queja porque la Agencia Tributaria ofrece una doble versión idiomática para catalán y valenciano, sin estar disponible este servicio en otras lenguas.

Así consta en la reclamación de un usuario que utilizando el programa para presentar la declaración de la renta se cercioró que se genera un impreso en las dos versiones con la misma lengua con los nombres de catalán y valenciano, «algo que no ocurre con ninguna otra lengua», según matiza la asociación.

Según este informe, por segundo año consecutivo, el 75% de las quejas por discriminación lingüística se producen en las Administraciones públicas valencianas, ya sea en los ayuntamientos, universidades, diputaciones, mancomunidades, empresas públicas, consellerias, ministerios o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

De hecho, apunta que las quejas se han incrementado un 20% respecto a las registradas en 2021. En este sentido, y a nivel geográfico, las administraciones donde más quejas se han producido, según Escola, son la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

En cuanto al trabajo de las Fuerzas del Orden, tal y como informó ABC, se han registrado diferentes denuncias por presunta vulneración lingüística que afectan a la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. En este último caso, Plataforma per la Llengua acusa a la Benemérita de ejercer el «supremacismo castellano» y alega que «el nacionalismo español tiene como objetivo la homogeneización castellana del Estado, donde los derechos de las lenguas son meramente una etapa transitoria».

En paralelo, esta entidad subvencionada por las Administraciones públicas autonómicas y locales encabeza diferentes campañas para señalar a los comercios y a los docentes universitarios que no empleen el valenciano para atender a clientes y alumnos, respectivamente. Asimismo, el Gobierno de Ximo Puig ha ampliado recientemente el ámbito de actuación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, apodada por la oposición como «policía lingüística», a la Universidad, al incluir una modificación en la redacción de la Ley de Acompañamiento, actualmente en tramitación parlamentaria.