Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos y PNV tapan a Sánchez y bloquean que el Congreso investigue la corrupción

Hablamos solo de textos que buscaban explicaciones sobre el caso Ábalos, el caso Begoña Gómez, la trama de Víctor de Aldama, el rescate de Air Europa o la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas. En total, ascienden a 36 los puntos elevados a votación por el PP para intentar esclarecer puntos ciegos de la presunta corrupción, del tráfico de influencias o de las injerencias del Gobierno en la justicia que han sido rechazados. (Consulta todos aquí). Todos ellos pertenecen a un total de nueve iniciativas de las 14 que los populares han sometido a votación en el Hemiciclo. De las cinco aprobadas, dos de ellas solo lo fueron parcialmente y la mayoría salieron adelante con un resultado muy ajustado, normalmente debido a que diputados del bloque de izquierdas faltaron a la votación. El resto lograron luz verde porque se trataba de textos que afectaban a ministros concretos a los que Junts y ERC querían pasar factura, como la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que los independentistas decidieron abstenerse. Los socios de investidura solo han apoyado decididamente una comparecencia monográfica de Sánchez sobre la corrupción.

La coartada fundamental a la que se aferran Sumar, PNV, ERC, Bildu, Junts y Podemos para ejercer de dique de contención frente a la presión del PP por la corrupción son las tramas que protagonizaron miembros de este partido en el pasado. Sin embargo, este comportamiento como bloque que repele el intento de control político de la corrupción socialista no permite descartar la existencia de un acuerdo tácito de protección al Gobierno. De hecho, todos estos partidos tienen algo en común: una agenda política que solo puede avanzar mientras Pedro Sánchez siga en Moncloa.

Aún así, de cara a las próximas votaciones, este blindaje protector puede acabar cayendo por Junts. La última iniciativa relacionada con la corrupción elevada a Pleno por los populares, una moción sobre los principios democráticos, éticos y de transparencia que rigen la actividad del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue apoyada por el partido de Carles Puigdemont. La votación se produjo el pasado 19 de noviembre, cuando hacía algo más de dos semanas que su cúpula y su militancia habían aprobado romper con Sánchez. En aquella votación, el Gobierno tampoco contó con los votos de Coalición Canaria y el BNG que decidieron abstenerse. Sin embargo, el texto no se aprobó porque Vox decidió hacer lo mismo que ellos. El resultado de la votación arrojó 145 votos a favor -los del PP, Junts y UPN- frente a 168 en contra -PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos- y 33 abstenciones -Vox, Coalición Canaria y BNG-. Es posible que el Gobierno no tenga tanta suerte en el futuro.

Dentro de este bloque, PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos unieron fuerzas en marzo de 2024 para que el Pleno del Congreso rechazara una moción en la que el PP pedía que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumiera responsabilidades políticas por el caso mascarillas y el Gobierno asegurara que cualquier investigación policial o judicial se llevará a cabo de forma independiente y sin interferencias políticas.

En diciembre de ese mismo año, Coalición Canaria y el BNG se unieron a estos siete partidos para repeler otra moción del PP que pretendía obligar al Gobierno a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer las responsabilidades derivadas de los casos de corrupción.

El peso de las nuevas revelaciones de la UCO empezó a pesar en BNG y Coalición Canaria en junio de 2025, cuando decidieron volver a poner distancia y no oponerse a otra moción del PP para que el Ejecutivo asumiera responsabilidades políticas ante la gravedad de las investigaciones de la Guardia Civil, adoptara medidas inmediatas para restaurar la confianza en las instituciones y garantizara la transparencia. No obstante, su descuelgue no sirvió de nada ya que todos estos puntos fueron tumbados por los votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos.

Tres meses después, el pasado mes de septiembre, tras haber regresado Pedro Sánchez de las vacaciones de verano decidido a recuperar la iniciativa política con Gaza y la promesa de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, BNG y Coalición Canaria volvieron a unirse al resto del bloque de investidura y tumbaron junto al PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos otro intento del PP para obligar al Gobierno a depurar responsabilidades políticas, garantizar la transparencia, el control parlamentario y la rendición de cuentas del Gobierno y de todas las entidades de la Administración.

En febrero de 2024 el PP elevó al Pleno su ofensiva por el caso Víctor de Aldama, el empresario que se encuentra en el centro de varias de las presuntas tramas corruptas. El partido de Alberto Núñez Feijóo pidió entonces la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que rindiera cuentas por la responsabilidad del Gobierno en el cobro de comisiones ilegales en los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. La investigación ya había provocado la detención de varias personas, incluido Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos. El bloque de investidura echó la petición abajo en la Junta de Portavoces.

El PP decidió retratar a los socios de Sánchez en noviembre de ese año, cuando pidió al Pleno aprobar una moción que obligara al presidente del Gobierno a dar explicaciones sobre su relación con de Aldama y desvelar el verdadero motivo del cese del exministro José Luis Ábalos, desconocido aún a día de hoy.

Además, la iniciativa popular también reclamaba que el Ejecutivo entregara la información de todas las reuniones celebradas sobre el rescate de Air Europa —algunas de ellas con presencia de Sánchez—, así como las auditorías internas de los contratos adjudicados durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, y que la Abogacía del Estado no pudiera ser utilizada contra jueces que investigan casos sensibles para el Gobierno. De nuevo PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, CC y BNG sumaron fuerzas y rechazaron todos estos puntos.

Los populares volvieron a la carga tres meses después, en febrero de este año, con una moción para que el Gobierno elaborara un informe completo sobre sus relaciones con empresas vinculadas a Aldama, diera a conocer las razones que provocaron el cese de Ábalos, cumpliera las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), colaborara de manera efectiva con los órganos judiciales y remitiera al Congreso las auditorías internas sobre las contrataciones de Soluciones de Gestión. De nuevo entró en acción la alianza de investidura y la iniciativa de los populares fue repelida gracias a los votos en contra del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos. Coalición Canaria y el BNG prefirieron volver a descolgarse.

En octubre de este año, nueva iniciativa en el pleno. Esta vez, una moción de los populares para que el Gobierno remitiera un informe al Congreso detallando los aplazamientos tributarios concedidos a la empresa Pilor Real Estate, la empresa de Aldama al borde del embargo que se libró de entrar en la lista de morosos de Hacienda tras la presunta intermediación del director de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En la misma iniciativa se pedía que el Ejecutivo retirara su recurso contra el fallo del Consejo de Transparencia que obliga a desvelar las actuaciones de Hacienda ante el fraude fiscal de la empresa Have Got Time, la compañía de la trama de Aldama que pagó el chalet en el que veraneó Jose Luis Ábalos. Por último, la moción pedía que el Ejecutivo informara al Congreso sobre si Santos Cerdán medió para la contratación del exdirector de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, en la empresa Servinabar. Todo ello fue desestimado al recibir el voto en contra del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, y Podemos.

Para terminar este bloque, este mes de noviembre se produjo una votación que podría anticipar la caída de la protección del Gobierno en materia de corrupción. La moción del PP sobre los principios que rigen la actuación política de Ángel Víctor Torres fue tumbada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos pero sin Junts. Este texto pedía al Gobierno rechazar toda conducta impropia de injerencia política sobre el personal público encaminada a obtener beneficios ajenos al interés general, aplicar de inmediato las recomendaciones del Greco para prevenir la corrupción y explicar las posibles indicaciones realizadas del Gobierno al entorno de Leire Díez.

Los problemas judiciales de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, han sido otro de los focos de actuación del PP en el Pleno del Congreso, aunque de nuevo sin éxito por la protección de los socios de Sánchez. Así, en diciembre del año pasado, el Hemiciclo tumbó una moción que pedía aclarar la participación de Gómez en una licitación de Red.es, detallar las funciones del personal de Presidencia que tenía asignado la mujer del presidente y explicar cómo fue posible que documentación confidencial de la Fiscalía llegara a su entorno. Este punto tenía especial relevancia al apuntar a un posible conflicto de intereses. Sin embargo, Sánchez volvió a lograr el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos para repeler la iniciativa.

El polémico aterrizaje de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas pese a que las sanciones comunitarias le impedían entrar en espacio Schengen fue elevado a votación en el Pleno del Congreso en octubre de 2024. El PP planteó una moción para exigir explicaciones sobre el operativo policial excepcional con el que Interior recibió a la dirigente chavista. La iniciativa también reclamaba aclaraciones sobre el cese del director de la Guardia Civil y una disculpa pública por el deterioro institucional asociado a los distintos casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno. Nada de eso fue considerado necesario para el bloque de investidura y la alianza de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos y PNV -que se abstuvo en uno de los puntos pero votó en contra del resto- también tumbó esta iniciativa.

Finalmente, este año los populares han elevado a votación en el Pleno una moción para asegurar la independencia judicial ante el aumento de los ataques a los jueces que fue rechazada por el bloque de investidura el pasado mes de junio. El texto pedía al Gobierno poner fin al hostigamiento a la judicatura, respetar el control parlamentario, implementar las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción y aclarar las posibles presiones sobre policías y magistrados. No prosperó por el blindaje político que volvieron a extender sobre el Gobierno el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y el BNG.

La muralla que el PSOE ha levantado junto a sus socios de investidura para proteger al Gobierno han convertido a la propia bancada socialista pero también a las de Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y Podemos en cómplices necesarios de esa opacidad. Al menos hasta el momento.