Las últimas sacudidas de la 'ley del sí es sí': la rebaja al violador de un niño de 8 años es «la estocada final»

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Érika Montañés

La «violencia de extrema gravedad» que sufrió M.J. hizo que el Supremo revocase la rebaja de dos años de pena que había logrado su agresor con la ley del 'sí es sí'. Algo más tranquila con esa 'victoria', esta mujer es la muestra de una vida rota por quien fue su pareja más de 25 años

El goteo no ha cesado y los recursos de abogados en busca de beneficios penales se siguen produciendo cada día en nuestro país. Entre los últimos casos conocidos hay uno especialmente lacerante, emitido desde la Audiencia Provincial de Las Palmas: el violador del hijo de su pareja, de 8 años, al que engañaba escondiéndolo en una habitación en la que practicaba rituales de santería cubana. En ese cuarto, le obligó a practicarle dos felaciones en agosto de 2017 frente a las imágenes de santos, velas y utensilios propios de estos rituales –los hechos fueron desvelados por el propio niño al que el auto describe como «retraído» y «con miedo ahora a la oscuridad»–. El hombre, taxista de profesión en Gran Canaria y nacido en 1975, ve recortada en medio año su condena porque la 'ley Montero' (de su creadora, Irene Montero) le «resulta más favorable» al acusado, con quien el hijo de su pareja, divorciada, llegó a trabar «una relación similar a la familiar». En lugar de los once años y un día a los que fue condenado como autor de un delito agravado de agresión sexual con acceso carnal a un menor de 16 años, en aplicación de la ley, se le rebaja su castigo seis meses.

No ha sido la única pena a un violador de menores que ha requerido poner en marcha la maquinaria jurídica en beneficio del reo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha encontrado con decenas de recursos en el último mes de mayo. Y ha emitido una veintena de resoluciones de disminución de penas por imperativo del artículo 2.2 del Código Penal, ese que dice que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Entre esa veintena se encuentra la ratificación de la determinación dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuando rebajó de diez años a ocho la condena de un hombre condenado por varios delitos sexuales a menores de 13 años. En concreto, este varón simulaba ser una niña y, con un amigo también condenado, participaban en los abusos sexuales sobre menores de 13 años, aisladamente o en grupo, reseña el fallo. Seis menores fueron víctimas de estas prácticas, que además se grababan con una cámara.

En tercer lugar, y de acuerdo a esas resoluciones fijadas por el Supremo, otro varón de solo 25 años que violó a su sobrina de 12 años en el sofá de su casa cuando ésta requirió imprimir una actividad del colegio también ha visto recortada su pena de los nueve inicial emitidos por la Audiencia Provincial de Murcia a siete años.

El ramillete de sentencias podría continuar. Con sus estragos. Pero a ellas, a las víctimas de los efectos indeseados de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual –LO 10/2022, de 6 de septiembre, que tuvieron que salir a corregir el PSOE, PP, PNV, Ciudadanos y Junts en la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril–, ya nadie les pregunta. De las consultadas por ABC, algunas de las cuales aparecieron en su día en las páginas de este periódico armadas de coraje para intentar que otras personas no pasaran por su «tortura», prefieren ahora volver a esconder su dolor. Cada noticia que –con mucha menos publicidad– se va conociendo es «una cuchillada», asegura L., una de ellas en Andalucía. Pero al conocer la rebaja al violador en Las Palmas ha sido «como recibir la estocada final», añade M. desde un municipio de la Comunidad Valenciana.

Y es que ellas lo viven como una punzada incesante. Lo cuenta M. de esta forma sin muchas ganas de hablar: «Si el dolor fuese individual, es decir, a tu agresor le han rebajado o querido rebajar la condena, sería algo que digieres en tu intimidad y ya. Te toca pasarlo. Aunque parezca mentira, es peor cuando compruebas que sigue ocurriendo, que sigue pasando a personas a las que alguien destrozó la vida en un momento...». Termina: «Pero que encima sirva también para 'premiar' con reducciones de pena a pederastas como el de Canarias, es ya el colmo, muy, muy doloroso. Nadie imagina por lo que estamos pasando».

Esta víctima se siente algo olvidada. O, más bien, cree que la sociedad ya ha olvidado lo que ha causado la ley. En su caso, el trauma sigue y la tentativa del suicidio está siempre presente, ha confesado a este diario en más de una ocasión durante el último año. Comparte su angustia con otras víctimas de violencia sexual en una asociación, aunque, no oculta que ella es la única que, aparte de su calvario particular, haya sufrido «la segunda derrota que supone ver cómo a tu agresor le reducen el castigo».

Aunque el recuento interno sigue, desde instancias judiciales consideraron que ya no tenía sentido publicitar cada caso cuando iba a ser una hemorragia que sangrase ya perennemente. Desde el Ministerio de Igualdad que alumbró esta ley, aunque ahora esté ocupado por el ala socialista del Gobierno, siguen defendiendo que ésta es una buena norma –en palabras de la titular, Ana Redondo–, que colocó «el consentimiento en el centro de los procedimientos judiciales por delitos sexuales» y que el PSOE «ya corrigió las malas consecuencias» de la ley. Pero la realidad jurídica se impone y lo que se conoce como una norma intermedia, con una corrección aplicable desde abril de 2023 y que intenta devolver parte de las condenas al código anterior a octubre de 2022, tiene que aplicarse a todos los hechos pendientes o recurridos si la ley intermedia rema a favor del acusado, tal y como recoge la jurisprudencia del Supremo.

Las víctimas rebaten que se ha podido hacer mucho más de lo que se ha hecho. Irene Montero, la ministra de la norma,optó ayer a ocupar un escaño del Parlamento Europeo sin reconocer ni una sola vez el daño de una parte del articulado de esta norma que «nunca tuvo que ser» –según sus damnificadas– y que renta a violadores, abusadores y también pederastas.