La ley del 'sí es sí' acaba por beneficiar a la misma 'Manada' a la que quiso combatir

La conocida como 'ley del sí es sí' nacía con vocación de abolir lo que sus principales impulsores, en Unidas Podemos, denominan deliberadamente «código penal de La Manada», partiendo de la premisa falaz de que la regulación anterior no consideraba el consentimiento de la víctima como un elemento nuclear de la respuesta punitiva. Hay consenso jurídico en que si hay consentimiento, no hay delito. Ni antes, ni ahora.

La ley, impulsada personalmente por Irene Montero, que la anunció como primera gran iniciativa del Ministerio de Igualdad tras acceder al cargo, cambió la denominación para que todas las conductas contra la libertad sexual se llamasen agresión (de ahí que se considere así el beso no consentido de Luis Rubiales). Al hacerlo, modificó las horquillas de condena imponibles en los delitos sexuales rebajando los mínimos. En España, cabe recordar, cualquier reforma penal se aplica con carácter retroactivo en beneficio del penado.

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Isabel Vega

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Las voces que alertaron sobre los efectos que podría tener en este sentido fueron denostadas. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, llegó a llamar a los medios de comunicación a no informar sobre las pretensiones de los «abogados de violadores», mientras se azuzaba un discurso sobre «jueces machistas» y «justicia patriarcal».

Pero esas voces tenían razón. Pese ha haber estado en vigor en su redactado original sólo seis meses, la ley se ha saldado ya con más de un millar de rebajas de condena a otros tantos violadores y abusadores que estaban en la cárcel y la salida anticipada de prisión de más de un centenar. La última rebaja es, precisamente, a un miembro de La Manada, al que el Código Penal abolido y criticado había permitido sancionar con más dureza que la ley defendida por Irene Montero a ojos, de nuevo de la justicia en Navarra. El lugar donde empezó todo.

Después de que la víctima denunciara los hechos y tras casi dos años de instrucción, la Audiencia Provincial de Navarra publicó su sentencia sobre el caso La Manada: calificó los hechos como abuso sexual continuado, que no agresión sexual porque no apreció violencia ni intimidación en las conductas, e impuso penas de 9 años de prisión. En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la resolución en todos los términos.

No fue la chispa, porque ya durante la investigación cundió el descontento en buena parte de la sociedad por el trato que estaba recibiendo la víctima en el proceso, pero la decisión de la Audiencia Provincial acabó por prender la llama. La indignación cundió en las calles y no sólo dentro del movimiento feminista. Comenzaron las consignas a partir de la consideración de que aquello no había sido un abuso, conducta que el Código Penal perseguía con 'menos' dureza porque las penas se escalaban en función de la concurrencia de otros elementos agravantes.

Las manifestaciones se sucedieron en distintas ciudades de todo el país y junto a las tradicionales pancartas sobresalían fotos de los cinco de 'La Manada'. Las consignas: «yo sí te creo», «hermana, no estás sola», «no es abuso es agresión» y una más: «sólo sí es sí», es decir, que si ella no lo autorizó expresamente es que fue agredida. Irene Montero, portavoz entonces de Unidas Podemos en el Congreso, no fue la única en tachar la resolución de «vergonzosa». «Si yo no digo sí, todo lo demás es violación», zanjó.

El Tribunal Supremo, aplicando exactamente el mismo Código Penal, hizo otra lectura de los hechos. Consideró que se trató de una violación continuada porque los cinco actuaron de forma coordinada y siendo «plenamente conscientes» de que ella no consentía las relaciones sexuales. Era una agresión, no un abuso. Elevó las penas a 15 años de prisión y sentó doctrina: si entre todos se produce una violación, todos son responsables de la misma, no cooperadores. Pero la idea de que algo no estaba bien en el Código Penal había ya calado.

Irene Montero es nombrada al frente del Ministerio de Igualdad. Anuncia que la primera iniciativa legislativa será una ley «del sí es sí», para «poner el consentimiento de la víctima en el centro». Su intención era que el proyecto llegase al Consejo de Ministros antes del siguiente Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pero discrepancias con el Ministerio de Justicia que llevaba entonces Juan Carlos Campo tenían los plazos en el aire. Desde el lado socialista del Gobierno se decía a los medios que existía «consenso total» sobre el texto. Se aprueba en marzo de 2020 el primer borrador y en diciembre de 2020 ve la luz el segundo.

El Consejo de Ministros aprueba finalmente la remisión a las Cortes del proyecto de la ley del 'sí es sí'. Ha recibido informe crítico del Consejo General del Poder Judicial pero no ha tocado las penas mínimas. El Congreso se pone a trabajar. La norma sufrirá diversas modificaciones pero el marco de las penas seguirá intacto. Tampoco se introducirá ninguna disposición transitoria que establezca cómo debe aplicarse la ley con carácter retroactivo.

La ley es definitivamente aprobada en el Congreso, tras pasar por el Senado, con la previsión de entrar en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sería finalmente el 7 de octubre de ese año y para entonces, las defensas de distintos condenados por delitos sexuales ya habían preparado sus recursos.

El goteo de rebajas de condenas comenzó el mismo día que la reforma del Código Penal entró en vigor. La primera de la que hay constancia se firmó el mismo 7 de octubre. Un profesor esquivaba 5 años de prisión por abusos sexuales a cinco chicos que habían sido sus alumnos y salía en libertad. Desde el Ministerio de Igualdad se empezó a poner el foco en los jueces, tachados de «machistas» y en los medios que se hacían eco de las rebajas de condenas. No había datos oficiales.

Las salas de las Audiencias Provinciales, como en los TSJ, comenzaron a celebrar reuniones para unificar criterios en el modo de actuación. En lugares como Madrid, se contaban en centenares los procedimientos que estaban sujetos a revisión. Imperó la decisión de que los tribunales habrían de actuar de oficio. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso el foco en el Tribunal Supremo, en la confianza en que fijase una doctrina que frenase las rebajas.

El Tribunal Supremo se pronuncia por primera vez sobre las rebajas al analizar un recurso de casación en el Caso Arandina, -agresión de dos hombres a una menor-. Y su respuesta es que las reformas penales se aplican hacia atrás en beneficio del reo y que hay que analizar caso por caso.

El Fiscal General del Estado dicta una circular para unificar criterios. Establece que el principio será no apoyar las rebajas cuando la pena impuesta cupiera en la horquilla que ahora marca la ley, como pautó la disposición transitoria de la reforma del Código Penal de 2005. Los fiscales empiezan a recurrir rebajas de oficio. No frena el goteo, que desde febrero ya es oficial: el CGPJ empieza a recoger y publicar estadísticas.

Arrecia la crítica. 978 agresores sexuales beneficiados por rebajas y 104 excarcelados de manera anticipada. El PSOE, con los votos del PP, rectifica la Ley Montero e incorpora dos tipos penales para que haya penas más graves cuando en las distintas modalidades de agresión sexual concurran violencia y/o intimidación. El malestar en Unidas Podemos es evidente y lo manifiestan con una frase que se repite como un mantra: «la vuelta al Código Penal de la Manada».

El Supremo revisa varios recursos y avala el criterio aplicado por las Audiencias Provinciales al rebajar las penas por aplicación del 'sí es sí', en detrimento del criterio de la Fiscalía.

A falta de la actualización de datos por parte del CGPJ, en julio se contaban al menos 1.155 rebajas y 117 excarcelaciones. La rectificación está en vigor, pero no impide las revisiones. La ley del 'sí es sí' estuvo vigente seis meses en su redactado inicial. Suficiente para que puedan acogerse todos los condenados antes de que llegase y todos los que delinquieran en ese periodo. Incluido Ángel Boza, al que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rectificado a la Audiencia Provincial y ha rebajado un año la condena a 15 que le impuso el Supremo como integrante de La Manada.

En España, como viene informando este diario, se contaban al cierre de 2022 un total de 4.030 presos por delitos sexuales de los que buena parte, lo eran por agresiones y abusos sexuales como los que toca la ley.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha salido en defensa de su ley estrella a través de sus redes sociales, asegurando que «cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato del 'solo sí es sí'». «Lo argumenta el voto particular de la magistrada, la Fiscalía, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se oponen a la rebaja, así como la Audiencia Provincial», ha manifestado.