La Iglesia registra 806 casos de abusos y el informe Cremades eleva la cifra hasta las 1.383 denuncias

En este nuevo texto e incorpora las recomendaciones y datos tanto del trabajo del Defensor del Pueblo, presentado a finales de octubre, como de la auditoría que la propia institución encargó al despacho de abogados. La publicación de esta última se redujo a incorporar un enlace en la noticia del día anterior en que daba cuenta de la entrega.

El informeahora presentado por la reconoce que ha «registrado», hasta el momento, 806 casos de abusos, aunque incorpora la novedad de desglosarlos en función de su veracidad o no. De esta forma, de esos 806 casos «obtenidos de las instituciones de la Iglesia auditadas» considera como «probados» 205 a los que habría que añadir, como «casos no probados pero verosímiles» otros 70. Por contra, plantea que 280 de estos expedientes se trataría de «casos no probados», 24 están catalogados como «excluidos del ámbito subjetivo u objetivo de este estudio», 13 archivados por prescripción del delito o fallecimiento del denunciado y 3 provenientes de «denuncias falsas o manifiestamente infundadas». Además, habría 75 casos con la investigación en curso o pendientes de resolución.

Hasta ahora todos los informes sobre abusos en el seno de la Iglesia eran un agregado de denuncias sin entrar a verificar su autenticidad o si estaban probadas. De hecho, la primera versión de 'Para dar Luz', revisada en mayo de 2023 por la Conferencia Episcopal, presentaba 728 testimonios —victimarios— de los que se deducía «al menos, 927 víctimas«. Ahora, la catalogación que aporta la Conferencia Episcopal supone una novedad, a la par que reduce, sustancialmente, el número de casos a los que da credibilidad.

Como ejemplo, en la propia introducción del documento se reconoce que el informe presentado a la CEE por el despacho Cremades & Calvo Sotelo «concluye un total de 1.383 denuncias siendo indeterminado el número de personas victimarias». «Sin embargo —continúa el texto— el análisis de la totalidad de los grupos analizados nos lleva a afirmar que el número total de denuncias con arreglo a la metodología indicada asciende a 1.302 denuncias», de las que se deducen «un mínimo de 2.056 víctimas».

Además, «el hecho de añadir las 305 denuncias recibidas desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe a las ya comunicadas por las diócesis y congregaciones, hace pensar que muy posiblemente esas denuncias están duplicadas porque, desde 2001, las denuncias recibidas en diócesis y congregaciones se comunican a dicho Dicasterio». De esta forma, y si se da por válido el análisis realizado por los obispos del informe Cremades, el número real de denuncias, eliminadas las duplicidades, se situaría en 997, una cifra más cercana a los 806 «casos registrados» por la Iglesia.

A partir de la información aportada por la Conferencia Episcopal se deduce que Cremades ha optado, en la versión definitiva de su informe, por presentar un agregado de casos sin entrar a realizar una valoración específica de cada uno de ellos, un extremo que le han criticado los obispos en las últimas semanas al no coincidir con el encargo que le habían realizado. «No es una auténtica auditoría, no se han investigado los casos duplicados ni se han descartado errores», aseguraban a ABC hace un mes fuentes cercanas al Episcopado.

Sin embargo, en la versión inicial que manejaron los obispos, la coordinada por Alfredo Dagnino y que tenía alrededor de 2.200 páginas, sí que incluía una valoración, caso por caso, de todos los que había sido recogidos por las oficinas de la Iglesia, tanto las diocesanas como las de las congregaciones. Aquella versión fue calificada como «demasiado complaciente con la Iglesia» por Javier Cremades, quien despidió a Alfredo Dagnino y asumió la redacción de un nuevo informe. Sin embargo, aquella metodología inicial parece haber sido repescada por la Conferencia Episcopal que en su nueva versión del 'Para dar Luz', reconoce que se apoya en la auditoría entregada por Cremades el 16 de diciembre y «en sus avances ofrecidos con anterioridad».

El texto de 'Para dar Luz' incorpora «las aportaciones más relevantes» del Informe que el Defensor del Pueblo realizó a instancias de la encomienda que le realizó el Congreso de los Diputados, sobre todo en la parte final de las observaciones y recomendaciones. Con respecto al número de casos, los obispos se fijan en las «373 entrevistas fueron consideradas relevantes [por el equipo del Defensor del Pueblo] y se llevaron a término». Siguiendo la categorización elaborada por el Defensor del Pueblo, estas entrevistas pueden desglosarse como «testimonios directos: 334; testimonios indirectos: 39, víctimas de las que se ha tenido conocimiento: 487».

El propio informe del Defensor del Pueblo señala que, de todas las entrevistas realizadas, «118 fueron realizadas exclusivamente al Defensor» mientras que las demás están ya incluidas en los otros informes que se han realizado. Sin embargo, la Conferencia Episcopal no ha incorporado en sus números esas 118 entrevistas ya que «todavía no se ha recibido respuesta» de la petición que el cardenal Omella le realizó a Ángel Gabilondo cuando éste visitó la sede de la Conferencia Episcopal para entregar personalmente su trabajo.

«En el encuentro con el Defensor del Pueblo —explican los obispos— y, en relación a la voluntad compartida de afrontar con serenidad, rigor y eficacia esta tarea se solicitó recibir la información recogida en su trabajo sobre esta cuestión para poder comparar los testimonios recibidos y poder ofrecer un estudio lo más exacto posible de la realidad de los abusos sexuales cometidos contra menores». Los obispos lamentan no haber recibido respuesta a su petición a pesar de que «ello sería un eficaz testimonio de lealtad institucional y del deseo compartido de conocer toda la verdad, teniendo en cuenta que la Iglesia es una institución interesada, no investigada».

La Conferencia Episcopal señala en su informe que tampoco ha recibido contestación a «la información solicitada a través del portal de Transparencia del Defensor del Pueblo en relación al informe sociológico que acompañaba al trabajo del Defensor». Se refieren a los datos completos y la ficha técnica de la encuesta aportada por el Informe de Gabilondo que señalaba que el 0,6% de los españoles habían recibido abusos por parte de un sacerdote o un religioso y el porcentaje aumentaba hasta 1,13% si se ampliaba el abuso a un entorno religioso, incluyendo en ello a los laicos e, incluso, otras confesiones.

Un dato que sirvió a algunos medios de comunicación para realizar una extrapolación, que elevaba hasta 440.000 el número de víctimas de pederastia en la Iglesia española desde 1950 hasta la actualidad. Hace una semana, sobre la extrapolación, el cardenal Omella afirmaba que era «una 'fake news' y hace daño, no sé con qué intencionalidad». Lo cierto, es que la cifra es difícil de sostener si se tiene en cuenta que en ese periodo de tiempo (de 1940 a 2021) ha habido en España un total de 110.000 sacerdotes y religiosos, por lo que, de ser cierta, implicaría que la práctica totalidad de los clérigos habrían estado involucrados en los delitos de abusos.

El informe de la Iglesia católica también hace referencia a la investigación realizada por el 'El País' en los últimos años. Según señalan, el diario «ha entregado en la Conferencia Episcopal cuatro dosieres, el último de ellos en junio de 2023, con un total de 704 testimonios de personas que acusan a un total de 545 sacerdotes, religiosos y seglares de instituciones eclesiásticas. El número de víctimas contabilizado en estos informes es de al menos 717».

En su valoración, los obispos señalan que esos «informes se elaboran a partir de testimonios ofrecidos por víctimas o testigos del abuso» aunque recuerda que «recientes informaciones han puesto en duda el rigor de la información publicada y el procedimiento de investigación realizado sobre cada testimonio recibido», en lo que parece una referencia al falso caso de abusos publicado por el diario, tal como desveló ABC.

Tras darse a conocer la falsedad del caso, el diario reconoció que, tras recibir por email la denuncia, y sin ponerse en contacto de forma directa con el denunciante, incluyó el caso en su tercer informe «para que los escolapios, la orden presuntamente involucrada, pudiera investigarlo». A pesar de que nunca recibió ninguna confirmación por parte de la congregación, decidió publicar parte de los testimonios en un reportaje e incluirlo en su «base de datos». Tras una serie de reenvíos, entre el diario, la Iglesia católica (diócesis de Madrid y la congregación) y el Defensor del Pueblo, el falso caso apareció como «testimonio directo» en el informe presentado por Ángel Gabilondo.

Ahora, los obispos señalan que «en el caso de el diario 'El País', en los últimos tiempos, se ha puesto de manifiesto que su sistema de recogida de información no ofrece garantías suficientes para algo tan delicado como la violencia sexual contra menores, optando por recoger toda la información recibida sin cuestionar la misma». «Conocer cada caso, es conocer cada persona, cada historia, cada sufrimiento, y este ha sido el empeño del informe 'Para dar Luz'», concluyen.

Los obispos ni siquiera hacen mención a esa «Base de datos» sobre «casos conocidos de abusos en la Iglesia española» que el diario ofrece en su página web. En ella, además de los casos presentados en los dosieres a la Conferencia Episcopal (545 acusados y 717 víctimas) suman todos de los que afirman haber tenido conocimiento, aunque sin datos suficientes como entregarlos a los obispos. De esta forma, la cifra asciende hasta los 1.381 acusados y 2.516 víctimas, unos números muy parecidos a los que presenta la última versión del informe Cremades: 1.386 denuncias y 2.056 víctimas.

Tal profusión de datos, una vez conocidos todos los informes en activo sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia dificulta el objetivo inicial de estas investigaciones: conocer el alcance real de esta lacra. El propio texto de los obispos señala que «a la vista de estos datos ofrecidos por los distintos informes basados fundamentalmente en testimonios, tanto en los dosieres del diario 'El País', como en el caso del Defensor del Pueblo y del canal de escucha habilitado por el despacho Cremades-Calvo-Sotelo, que en algunos casos podrían ser también denuncias y en otros no, se pone de manifiesto la dificultad de ofrecer una cifra cerrada tanto en número de víctimas como en número de victimario».

A ello añade que «la diversa metodología empleada en los estudios paralelos sobre el tema, como el de el diario 'El País', el mismo del Defensor del Pueblo o el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, y el hecho de que, hasta la fecha, no comparten información entre sí, hace necesario no ofrecer datos agregados de casos». «Al transferirse los datos recabados por los diversos informes hace que resulte muy probable la existencia de casos que se han incorporado a los mismos, dos, tres o incluso cuatro veces», denuncian.

Una circunstancia que, según dicen, no debe ser empleada, «a juicio de este Informe, para desacreditar el valor de dichos testimonios, pero sí para emplear la información ofrecida con las debidas cautelas, sobre todo a la hora de ofrecer cifras totales o porcentajes globales, pensando, sobre todo, en la dignidad moral de las víctimas».