Los obispos asumen las «valiosas» recomendaciones del Defensor del Pueblo e inician un itinerario de reparación a las víctimas

«Duelen los abusos cometidos en la Iglesia», señala la nota de prensa que resume la reunión, a la par en que apunta que «sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino». Una valoración coincidente con la que ya había hecho el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, a través de un mensaje en X.

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Sin embargo, salvando esta crítica –a un cálculo que elevaría hasta 440.000 el número de abusados por el clero–, los obispos valoran positivamente el informe del defensor, Ángel Gabilondo, «de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro». Insisten en que tras su estudio del documento «se han considerado también valiosas las recomendaciones propuestas». Un planteamiento que deja abierta la posibilidad a colaborar en el fondo estatal de compensación a las víctimas, tal como pedía Gabilondo el pasado viernes.

De hecho, la nota recuerda que, los obispos «han manifestado el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos». Además, concreta que han encargado al Servicio de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal «el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación». Una propuesta que será implementada en la próxima asamblea plenaria, prevista del 20 al 24 de noviembre.

Pero, además del análisis del documento del Defensor del Pueblo, la asamblea extraordinaria tenía otro punto en orden del día: «el estudio de la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal Española», según recuerda la nota de los obispos. Y ha sido en este punto donde las posiciones estaban más alejadas, por lo que no han sido capaces de llegar a una decisión.

Así, «los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo», pero «han decidido posponer a la próxima asamblea de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada al despacho Cremades & Calvo Sotelo en el mes de febrero de 2022», según reconocen.

Tras los continuos retrasos en la entrega, y después del ultimátum lanzado el 11 de octubre e incumplido por el bufete, los obispos se encontraban divididos entre quienes apostaban por romper definitivamente el acuerdo y los que preferían dar una nueva oportunidad para que el despacho entregue el informe completo, que ya han podido ver y que consta de más de 2.000 páginas. Según la última comunicación de Cremades ese informe estará listo antes de acabar el año, tras hacer algunas «correcciones», aunque los obispos pretendían que lo entregara «tal como está».

En la reunión –en la que han participado 88 obispos, 31 de manera presencial y 57 por videoconferencia, junto al presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, el secretario general Jesús Miguel Zamora y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas–, los prelados también han conocido que todos los obispos españoles han sido citados en Roma, el próximo 28 de noviembre, para conocer las conclusiones de la visita a los seminarios que el Papa Francisco encargó el pasado año.