El Defensor del Pueblo certifica 487 casos de abusos y da por válidos los 1.430 que le comunicó la Iglesia

El informe, lejos de dar una cifra concreta, como han hecho investigaciones similares en otros países, deja abierta la puerta abierta a la interpretación. Por un lado, ofrece la cifra de 487 víctimas de las que, de forma directa, la institución ha podido recoger «información relevante». Los especialistas contratados por el Defensor del Pueblo atendieron 373 testimonios, de los que consideran directos 334, e indirectos 39. De esas entrevistas extraen un total de 487 víctimas, algunas de ellas fueron abusadas en varias ocasiones, por lo que establecen que han tenido un conocimiento directo de 522 hechos de abusos.

La otra cifra que maneja la investigación son los datos que la propia Iglesia católica le ha aportado al Defensor del Pueblo sobre los casos que tiene constancia. Gabilondo se dirigió a cada una de las 70 diócesis y a todas las congregaciones religiosas para que le facilitaran las denuncias que habían recogido en las oficinas creadas para tal fin, a instancias del Papa Francisco. De esta forma, el texto valida un total de 1.430 casos no sin reconocer «la dificultad que en ocasiones ha supuesto el hecho de contrastar estos datos que, la mayoría de los casos, llegaron [...] debidamente anonimizados». También señala que «de muchos de esos casos se pudo deducir la coincidencia con los testimonios recogidos por la propia Oficina del Defensor del Pueblo».

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El salto metodológico llega con una encuesta encargada a GAD3 que también se aporta al informe. La muestra, realizada a partir de 8.013 entrevistas a residentes en España mayores de 18 años concluye que «el 0,6% de la muestra representativa de la población entrevistada ha sido agredida por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso», lo que incluye tanto colegios, actividades pastorales, como espacios de otras confesiones religiosas diferentes a la Iglesia católica. La polémica estaba servida porque convertir esos porcentajes en números reales, aplicándolos al total de españoles mayores de 18 años (39.415.017 personas según el INE), estaba al alcance de una simple operación matemática.

No había acabado la rueda de prensa cuando ya varios medios de comunicación publicaban la existencia de «más de 440.000 casos de abusos de la Iglesia católica en España» (fruto de aplicar el porcentaje del 1,13% que, curiosamente también incluye los abusos en otras religiones). Incluso le pedían a Ángel Gabilondo que validara la cifra públicamente. Extremo al que se negó repetidamente el Defensor del Pueblo, quien ante la insistencia llegó a afirmar que «nosotros no hemos extrapolado porque creemos que no hay que extrapolar».

De esta forma, la casos que se podían derivar de las extrapolaciones de algunos medios (más de 440.00 víctimas), eran casi mil veces más que los que realmente ha validado el Defensor del Pueblo, (487 casos). Gabilondo salió del paso al afirmar que «sólo una víctima es importante», eludiendo meterse en guerras de números. Sin embargo, sí insistió en que el porcentaje en el que había que fijarse de acuerdo al objeto de este estudio era el del 0,6% (los que dicen haber sido agredidos por un sacerdote o religioso, lo que implica 236.490 casos).

El informe recoge testimonios muy duros en esas entrevistas que la Oficina del Defensor de Pueblo ha recogido y supervisado directamente. Un tercio de los entrevistados señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida».

En 130 páginas se cuentan los abusos sin ahorrar detalles. «Les metía la mano por las camisetas, el culo, el pene, tocaba todo a los niños, a las niñas no nos tocaba nada», explica una de las víctimas de forma anónima. Otros también refieren el chantaje emocional al que eran sometidos: «Yo hacía lo que él me decía, porque para mí era como Dios. Él tenía que protegerme, era como mi caja de seguridad. Él decía que rezaba a Dios por mí y que Dios me daría todo lo que yo necesitara. Chuparle el pene no era nada comparado con obtener de Dios aquello que yo necesitaba», añade el testimonio 384.

Tanto en el informe, como en sus palabras a la prensa, Ángel Gabilondo  no ha ahorrado críticas a la Iglesia, en especial a los obispos, por su respuesta al problema, que, «al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema».

«Mentiría si dijera que nadie ha colaborado, pero también mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria», expresó Gabilondo, quien, sin embargo, reconoció que «la Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar». Se dice que «la Iglesia católica es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ‘ad hoc’, pudo detectar buenas y malas prácticas».

En ese sentido, Gabilondo insistió en varias ocasiones ante los periodistas en el buen trato recibido y la colaboración desde la Confederación de Religiosos, que fue más desigual en cuanto a los obispos. El texto destaca las diócesis que no han contestado a los diferentes requerimientos del Defensor e incluso recoge dos, Vic y Oviedo, que no respondieron o se negaron a aportar dato alguno. Por contra, el informe reconoce «el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida».

Con respecto al daño que la actitud de la jerarquía eclesiástica ha infligido en los abusados, el Defensor del Pueblo también añade que «algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos».

El informe indica que «los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad».

Por otra parte, propone una veintena de recomendaciones concretas. La más significativa es la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo -creado para la ocasión- «sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica». Ángel Gabilondo señaló que considera «imprescindible que la Iglesia no sólo colabore económicamente en ese fondo, sino que tenga la aportación más importante a ese fondo, que debe ser estatal, para que sea el Estado quien vele por el proceso», explicó.

Además, se propone «celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020». En ese sentido Gabilondo alabó las iniciativas de diócesis, como la de Bilbao, u obispos, como José Cobo, que ya han pedido disculpas.

Asimismo, propone diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares. También se incluye entre las recomendaciones que la Iglesia católica ponga «los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran». También se pide a las diócesis y los institutos de vida consagrada que «abran a los investigadores la información contenida en sus archivos».

Además de los datos de la polémica, y con la intención de «contextualizar el problema», el informe también ofrece otros datos de la encuesta realizada por GAD3 como que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Además, un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar.

El 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron como bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.

El informe está alojado íntegro en la web del Defensor del Pueblo (www.defensordelpueblo.es). Tras esta entrega a la presidenta de la Cámara, queda pendiente la presentación del texto ante el pleno de la Cámara Baja que se realizará cuando lo determine la Mesa del Congreso, tal como se explicita en la proposición no de ley del 17 de marzo de 2022, que realizó la encomienda al Defensor del Pueblo para que elaborara el informe. Un acto que puede retrasarse bastante ya que el Congreso no tiene previsto, a corto plazo, ningún pleno salvo el de investidura.

De esta forma, el informe del Defensor del Pueblo, se convierte en la primera investigación sobre abusos que se hace pública en España, después de que el despacho de Cremades & Calvo Sotelo haya retrasado en varias ocasiones su entrega de la auditoría que la Conferencia Episcopal le encargó en febrero de 2022. Tras varios desencuentros entre el bufete y los obispos, y después de que Cremades incumpliera el ultimátum de diez días para entregar el informe completo, la Conferencia Episcopal ha dado a conocer que el próximo lunes 30 de octubre realizarán una Asamblea Plenaria Extraordinaria, donde valorarán el informe presentado por el Defensor del Pueblo y la solicitud de Cremades para ampliar el plazo de entrega del informe solicitado.

Los datos del informe de Gabilondo contrastan con los que ha facilitado la propia Conferencia Episcopal a través de su documento 'Para dar luz' que presentó el pasado marzo. En su última versión, la Iglesia reconocía 728 abusadores y 927 víctimas. De ellas, 186 eran nuevas denuncias de abusos conocidas en el año 2022.

Precisamente este informe de los obispos, 'Para dar luz', que consta de seis tomos de datos y documentación, nació como una respuesta a las peticiones que Ángel Gabilondo estaba haciendo a las diócesis y congregaciones religiosas. Durante mucho tiempo, la Conferencia Episcopal sostuvo que no disponía de datos globales, pues estos los tenían las oficinas que obispados y órdenes religiosas habían creado para canalizar las denuncias.

A ellas se dirigió el Defensor del Pueblo para solicitar la información, pero se encontró que la respuesta era muy desigual. Las congregaciones se mostraron más colaboradoras, mientras que muchas diócesis retrasaron su respuesta o devolvieron sólo un formulario tipo, de tal forma que Ángel Gabilondo hizo público que eran «pocos» los obispos que había respondido a su requerimiento y amenazó con dar a conocer los nombres de quienes no colaboraban. Unas palabras que surtieron efecto y que llevaron a un cambio de criterio de la Conferencia Episcopal, que en apenas unos meses elaboró el informe y citó a Ángel Gabilondo en su sede para hacerle una entrega formal. Antes, el secretario general de los obispos, César García Magán, había justificado que la falta de respuesta se debía a que se habían usado correos desactualizados.