Cremades entrega, al borde de incumplir el plazo, su informe de abusos a los obispos

Además, también se anunciaba que el Informe será presentado, de forma presencial, la próxima semana, previsiblemente el miércoles, siempre en espera de que la Conferencia Episcopal confirme la comparecencia. Un encuentro en el que participarán el presidente del despacho de abogados -al que la Iglesia encargó esta auditoría hace un año y nueve meses-, Javier Cremades, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. La cita tendrá lugar en la sede del Episcopado, en la calle Añastro de Madrid, y con un formato muy similar a la que ya mantuvo el cardenal Omella con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, cuando éste le entregó personalmente su informe el 8 de noviembre, días después de publicarlo.

El plazo del 15 de diciembre se lo había autoimpuesto Javier Cremades después de varios retrasos y aplazamientos -el encargo inicial, de 22 febrero de 2022, marcaba que debía entregarse en el plazo de un año- y tras el ultimátum que le lanzó la Conferencia Episcopal en octubre para que lo presentara en un plazo máximo de diez días, que de nuevo incumplió. Un cúmulo de circunstancias que llevaron al cardenal Omella a afirmar, el pasado martes en el entorno de un desayuno informativo que «el informe Cremades llega un poco tarde».

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Las relaciones entre el despacho de abogados y la Conferencia Episcopal se habían enrarecido en los últimos meses tanto por el incumplimiento de plazos, como por los contenidos del informe y los gastos presentados por la auditoría. Sobre esta última cuestión, a pesar de que el contrato inicial manifestaba que el bufete iba a realizar el trabajo 'pro bono', las facturas de gastos recibidas y satisfechas por la Conferencia Episcopal rondan el millón doscientos mil euros.

Tras una reunión con Javier Cremades, después de que incumpliera el plazo inicial de un año, se acordó también que cualquier gasto posterior fuera consultado previamente con la Conferencia Episcopal, antes de ejecutarse. Una circunstancia que, según fuentes de los obispos, fue inclumplida, por lo que en estos momentos tienen retenidas, sin pago, una serie de facturas cercanas al medio millón de euros.

En cuanto a los contenidos, en un primer momento, los obispos manejaron una versión inicial del informe, de más de 2.200 páginas, que presentaba una ficha de cada uno de los casos recogidos por la Iglesia a través de las oficinas diocesanas y de las congregaciones. Una trabajo que, ya cercano en el momento de oficializarse, fue considerado como «demasiado complaciente con la Iglesia» por Javier Cremades, quien decidió realizar una profunda revisión antes de entregar la versión definitiva.

De hecho, habría que enmarcar el ultimátum de la Conferencia Episcopal, el 12 de octubre, como un intento desesperado para que entregara esa versión. Cremades no atendió a la conminación y, de hecho, despidió a Alfredo Dagnino, el abogado de su despacho al que había puesto al frente de las parte más importante del informe desde un primer momento.

Para añadir un nuevo elemento a este enfrentamiento, semanas después de su despido, la Conferencia Episcopal recuperaba a Dagnino al nombrarle 'Compliance Officer' en su última asamblea plenaria, a finales de noviembre. Así, el equipo responsable del cumplimiento normativo de los obispos estará formado, además de por Dagnino, por el letrado asesor del servicio jurídico civil, Jesús Miguel López Nieto, en calidad de secretario técnico, y el catedrático de Derecho Público Eclesiástico de la Universidad de Extremadura, Jaime Rossell, que es asesor personal del arzobispo de Toledo.

Según ha podido saber ABC, el informe ahora presentado tiene una extensión de unas 1.050 páginas, a las que habría que sumarle unos anexos de unas 500 páginas. De hecho, antes de la pasada Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ya había presentado un «borrador sujeto a cambios» de unos 800 folios, por lo que es muy presumible que el informe inicial haya sufrido grandes modificaciones. El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ya adelantó, a preguntas de ABC, que las fichas en que evaluaba cada caso en el primer informe habían desaparecido en la segunda versión.

La desaparición de estas fichas afectó también al falso caso de abusos desvelado por ABC que tanto 'El País', el Defensor del Pueblo y las oficinas de la Iglesia dieron por válido sin investigar adecuadamente. García Magán desveló en una rueda de prensa un dato interesante: «En un primer informe del bufete de Cremades & Calvo Sotelo el caso aparecía como que no se había podido verificar». Se refería el portavoz, sin citarlo, a aquel informe de más de dos mil páginas coordinado por Alfredo Dagnino, al que Javier Cremades había calificado de «demasiado complaciente con la Iglesia». Al hacer desaparecer esta información en la versión posterior, el caso sí que aparecía como validado en las hojas de calculo que acompañaban el informe. Queda por ver cómo se ha resuelto la situación en esta versión final.

Una vez recibido el informe, el siguiente paso, según ha explicado la Conferencia Episcopal, es que sea examinado por los obispos en una de sus próximas reuniones. previsiblemente en una Comisión Permanente, el órgano colegial que se encarga de la preparación de las Asambleas Plenarias y de la ejecución de las decisiones adoptadas en ellas. De ser así, habría que esperar hasta la siguiente reunión, convocada para el 30 y 31 de enero, salvo que se decida convocar antes, con carácter extraordinario. Una vez supervisado, y según de nuevo con el proceso que ha anunciado la Conferencia Episcopal, el informe se haría público.