El reenvío de casos sin validación llevó el falso abuso en la Iglesia a todos los informes

¿Qué falló? No hay una respuesta clara ni sencilla. En realidad se trata de la conjunción de factores: falta de recursos para investigar; datos mínimos, casi inexistentes que impiden cualquier verificación y confianza excesiva en la fuente de quién se recibían los datos. Amén de los «malos procedimientos en la investigación», como pretendían denunciar los autores del falso caso de abuso.

Tras consultar a los implicados en dicho caso sobre qué falló en el proceso, hay un claro denominador común: quien recibe el caso lo da por validado porque entiende que ya lo verificó el que hace la entrega. Así, desde el Defensor del Pueblo afirman que en «el informe remitido por la diócesis de Madrid aparecía descrito el caso» y también se comprobó que «coincidía con el que aparecía en el tercer dosier remitido por 'El País'». A su vez, el diario afirma que publicó el caso en sus páginas porque la orden en que supuestamente se produjo, los Escolapios, «daba total credibilidad a todas las víctimas que presentan acusaciones».

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Pero al hablar con los Escolapios, afirman que recibieron la comunicación del caso a través de la Confer (la Confederación de Religiosos), quien a su vez lo había recibido de la Conferencia Episcopal, a la que se lo había hecho llegar 'El País' con la pretensión de que la Iglesia los verificara. Según siguen explicando desde la orden, investigaron «todo lo posible en el entorno de la parroquia pero no fuimos capaces de encontrar a nadie que conociera a los implicados». Así, cuando el Defensor del Pueblo les pidió los datos sobre casos de abusos, se les hizo la luz en el callejón sin salida en que se encontraban y enviaron «el caso a Gabilondo para que ellos lo investigaran».

Sí, si leemos de nuevo y con atención este circulo vicioso de envío de casos y supuestas verificaciones, nos daremos cuenta que acabamos en el Defensor del Pueblo, que es justo donde habíamos empezado. Cierto es que la Unidad de Víctimas de Gabilondo hablaba de haberlo recibido de la diócesis de Madrid, y son los Escolapios quienes afirman haberlo entregado, pero la confusión es explicable desde que el hecho se produjo en una parroquia, cuya jurisdicción es del arzobispado, aunque regida por la congregación religiosa. Mejor creer esa explicación porque la alternativa implicaría que el caso está duplicado.

«La exigencia del Defensor del Pueblo y de 'El País' en sus entrevistas era que se le notificaran todas las denuncias con el pretexto de investigarlas», afirma a ABC una fuente eclesial experta en el caso. «Se trataba, por tanto, de un simple reenvío, no de una validación, a todas luces imposible», añade. Entonces ¿quién verificaba que fuera cierto? Desde el Defensor del Pueblo sostienen que «el trabajo de recogida de testimonios ha sido escrupuloso, partiendo de la base de que las víctimas de este tipo de abusos pueden tener lagunas en el recuerdo y no necesariamente prestan «testimonios perfectos»».

En ese sentido añaden que han seguido «el criterio de la [entidad] JJ Report considerando los recuerdos plausibles», lo que les ha llevado a descartar «32 testimonios de los 405 recogidos (7,9%) por no tener unos contenidos suficientes o por no poder ser incorporados por diversas causas». Sin embargo, el «testimonio 359 fue recogido, de forma excepcional, a través de los textos de correos electrónicos», y al no poder mantener un encuentro personal y «teniendo en cuenta este formato excepcional de recogida del testimonio, se comprobó que el mismo coincidía con el que aparecía en el tercer dosier remitido por 'El País'».

No, no tema. No vamos a iniciar de nuevo el bucle. La repetición no es más que un recurso estilístico para evidenciar la dificultad de señalar quién fue el primero en cometer el error de validación. En realidad, el mecanismo de propagación que ha permitido que este falso caso permee todas los informes es muy similar al que genera los bulos y las 'fake news'. El problema es que esta noticia ha sido publicada como cierta en un medio de comunicación y en el informe del Defensor del Pueblo.

En este contexto, ¿será posible un día conocer con certeza los casos reales de abusos en la Iglesia católica española? En principio, ese era el objetivo que tenía la Conferencia Episcopal cuando encargó en febrero de 2022, una auditoría sobre los abusos al despacho de Cremades & Calvo Sotelo. Sin embargo, los constantes retrasos y la deriva en la investigación tomada por el bufete en los últimos meses ha llevado a un enorme malestar entre ambas partes, con ultimátum sobre su continuidad incluido. Una decisión que los obispos llevan retrasando desde hace semanas y que tendrán que afrontar esta misma mañana, en la última sesión de la Plenaria.

En todo caso, y por lo que ha podido conocer ABC, es muy probable que también el «informe casi completo» que Cremades entregó al cardenal Omella por correo electrónico el pasado viernes también incluya el falso caso del «testimonio 359». El texto presentado incluye una suma de víctimas de los diferentes informes, que eleva los afectados a unos 1.400. Los datos sobre los casos, anonimizados, se recogen en una hoja de cálculo como anexo al documento. Según fuentes del despacho, «el hecho de que trabajáramos sobre denuncias puede haber llevado a incluirla». En ese caso «si se confirma que es falsa, la retiraríamos», sostienen.