RTVE multiplica y acelera el gasto: adjudica en dos meses 600 millones en contratos

Según esa misma ley, solo un presidente investido de tal forma tiene poderes ejecutivos. Pero Moncloa, en otra más de sus habituales operaciones para eludir la ley o cambiarla de forma exprés a su conveniencia, la modificó con un mero acuerdo de Consejo de Ministros, pese a existir desde hacía tiempo un informe en contra de los letrados del Congreso de los Diputados. Para rebozar de legitimidad la maniobra -que está recurrida ante los tribunales-, Pedro Sánchez prefirió ignorar a los letrados del Congreso y buscarse un informe amable en su propia casa: se lo encargó a la jefa de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro Rey, que debe tan alto cargo a Pedro Sánchez.

Mientras las gruesas sombras de legalidad de toda esa maniobra esperan turno en los tribunales, la maquinaria activada por Moncloa en RTVEse ha puesto a cumplir con los planes sin perder el tiempo. Y una de las partes clave era el jugoso negocio que reparte el ente público con sus multimillonarias adjudicaciones a contratistas, del que beben, entre otras, las productoras 'amigas' o próximas a la izquierda en el poder o a quienes tienen influencia en ella.

De la prisa adjudicadora que se está dando la elegida por Moncloa para pilotar RTVE da fe el calendario. El 27 de septiembre pasado se hizo público y oficial que era la nueva presidenta interina del ente público; el 4 de octubre, el Consejo de Ministros tomó el acuerdo con el que torció la ley para que Elena Sánchez pasara a tener poderes ejecutivos que allanaran las adjudicaciones millonarias de contratos desde la cúpula del ente público. Y el 6 de octubre, con este escenario remendado por el Gobierno, Elena Sánchez presidía el primer consejo de administración que dio luz verde a expedientes de contratación de contenidos, obras, servicios y suministros por importe total de 66,7 millones.

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Desde aquel consejo del 6 de octubre ha habido otros tres más. El último, el pasado 15 de diciembre. Entre esas cuatro citas, el órgano rector de RTVE presidido por Elena Sánchezha dado luz verde a un gasto de 603,4 millones en adjudicaciones. Por una parte, un total de 25 grandes contratos de contenidos audiovisuales, el negocio del que se nutren las productoras, por un valor de conjunto de 159,93 millones de euros (IVA incluido). Además, ha aprobado otros 15 expedientes de contratación de obras, servicios o suministros, que suman otros 443,49 millones, impuestos incluidos; de estos, el grueso corresponde a Retevisión, con dos contratos de 39,47 y 325,52 millones, respectivamente, ambos de cinco años de duración, para los servicios de emisión de radio en FM y el transporte de las señales de televisión y radio.

A un año de las elecciones generales, el valor estratégico de estas adjudicaciones se multiplica tanto para quien reparte como para quien recibe. Y la recta final del año, sus tres o cuatro últimos meses, son un momento crucial, porque toca renovar un buen número de abultados contratos o lanzar otros nuevos a las puertas de otro ejercicio o para proyectos de varios años de duración. Y no solo de producción de programas, sino también de obras, servicios y suministros.

Elena Sánchez, periodista curtida en RTVE, en su día fue una frustrada aspirante ante el Congreso para presidir el ente sin el actual atajo de la interinidad bendecida por el Gobierno. Por su trayectoria, conoce bien todo lo que se mueve en torno a ese gran negocio de las adjudicaciones del ente público. También era algo conocido y reconocido como parte sustancial de la maniobra que Moncloa consumó en septiembre para derribar al hasta entonces presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, y colocarla.

Pero, tumbado Pérez Tornero, en su día hombre de Moncloa luego caído en desgracia, el problema era cómo investir de poder ejecutivo a una presidenta interina como Elena Sánchez. Sin ello, esta vorágine de contrataciones que se está produciendo peligraba enormemente, porque los expedientes por valor de más de dos millones de euros deben ser aprobados por el Consejo de Administración de RTVE y, para ello, debe elevarlos a ese órgano un presidente ejecutivo; es decir, nombrado por el Congreso, no un presidente interino. Así lo indicaban informes jurídicos hechos al respecto en el pasado. De ahí que, para investir de rondón a Elena Sánchez con poderes ejecutivos, el Gobierno haya torcido la ley por la puerta de atrás, con la ayuda de la abogada general del Estado y con la decisiva participación de la SEPI; pero, curiosamente, sin contar con el Consejo de Administración.

Cabe la posibilidad de que, ante las gruesas dudas de legalidad de toda esta operación, los tribunales fallen en contra de esta maniobra. Pero, para entonces y por si acaso, la adjudicación de contratos va a toda máquina, y entre los agraciados figuran nombres conocidos por su proximidad a Moncloa. Por ejemplo, como ya avanzó hace unas semanas ABC, la productora The Pool Talent Management, una de las dos que pactó con el Gobierno la serie documental sobre el presidente Pedro Sánchez. El producto está teniendo una difícil salida comercial y la propia TVE ha tenido que descartar emitirlo. Prácticamente a la par que el ente confirmaba por escrito que no iba a difundir esta 'docuserie', le ha adjudicado a The Pool Talent Management la producción de diez capítulos de un nuevo programa para horario de máxima audiencia de La 1, encargo por el que esa productora cobrará 4,27 millones de euros, IVA incluido.