El Gobierno se carga los estatutos de RTVE para blindar a la nueva presidenta, Elena Sánchez

Las prisas del Gobierno para reforzar el control del ente público le llevó a elegir una presidencia interina que, en la práctica, mermaba el poder de la cúpula. La ley de 2006 de RTVE establece que es el Congreso quien elige la presidencia ejecutiva del ente público y, además, ha de hacerlo por mayoría cualificada de dos tercios.

Sin embargo, a Elena Sánchez no la ha elegido el Congreso, sino el consejo de administración de RTVE. De ahí que no dispusiera de poderes ejecutivos. Y eso suponía, por ejemplo, no tener las manos libres para promover nombramientos y destituciones en la estructura directiva –esencial en la cadena de mando periodística y de gestión económica–, o para impulsar los contratos mercantiles de mayor envergadura, lo que entra de lleno en el negocio de las productoras de radiotelevisión.

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Al no tener garantizada en el Congreso la mayoría de dos tercios con la que votar a Elena Sánchez como presidenta ejecutiva, el Gobierno ha optado por una maniobra que juristas expertos han advertido a ABC que puede ser inconstitucional: Moncloa tira de decreto para modificar una ley y, con ello, hurtar una competencia del Congreso usando, además, el dudoso argumento de la «extraordinaria y urgente necesidad» que debe justificar todo decreto ley. El texto debe someterse ahora a su convalidación en el Congreso.

La maniobra, además, se ha hecho a espaldas del consejo de administración de RTVE. Cuando menos, de parte de él. Miembros de este órgano consultados por ABC desconocían el acuerdo del Consejo de Ministros horas después de que se hubiera aprobado.

A golpe de decreto, el Gobierno toma un control reforzado en RTVE en plena carrera hacia las elecciones: municipales y autonómicas en mayo del próximo año, y generales seis meses después, en noviembre, si Pedro Sánchez no las adelanta.

Está por ver qué hace ahora la oposición. Poco antes de que el Consejo de Ministros aprobara este controvertido decreto, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ponía el grito en el cielo ante tal posibilidad. Consumada la maniobra, queda la duda de los pasos políticos y, en su caso, legales que den los populares. La clave es si se planteará o no recurso de inconstitucionalidad. Eso sí, los mismos expertos consultados reconocen que, dada la demora de años con la que llega a resolver el Tribunal Constitucional (TC), aún en el caso de que se declarara nulo este decreto del Consejo de Ministros, prácticamente no habrá consecuencias reales.

Expertos en Derecho Constitucional han indicado a ABC que el decreto aprobado este martes por el Gobierno podría ser recurrido por dos circunstancias. De una parte, ante las dudas de que esta reforma de los estatutos de RTVE puede justificarse objetivamente por motivos de «extraordinaria y urgente necesidad», requisito exigido para todo decreto ley. Y, de otra parte, por el fondo del asunto, porque invade por la vía del decreto una competencia que hasta ahora residía por ley en el Congreso de los Diputados, la del nombramiento de la presidencia ejecutiva de RTVE, y además por mayoría cualificada de dos tercios.

Hay más consecuencias legales a la vista: ¿en qué posición queda ahora el consejo de administración de RTVE, mantiene intacta su capacidad de obrar? El viernes, sin ir más lejos, tiene convocada una reunión con decisiones de calado, que incluye acordar sobre una partida de 14 millones de euros.