Rebelión sindical contra el Gobierno en RTVE: UGT acusa a Moncloa de «asaltar» el ente con un «golpe partidista»

Es el nuevo episodio que escribió ayer esta crisis que detonó hace diez días, el lunes 26 de septiembre Primero, con la dimisión forzada de José Manuel Pérez Tornero, al que Moncloa había dejado de ver suficientemente implicado con la causa gubernamental. Al día siguiente llegó el nombramiento directo como presidenta interina de Elena Sánchez, del gusto del PSOE y Podemos.

Unos días después, ayer martes, el Gobierno dio otra vuelta de tuerca a su estrategia para dirigir RTVE y dio poderes extra a Elena Sánchez, la invistió de un mando ejecutivo que solo puede tener un presidente del ente público elegido por el Congreso, y además por mayoría reforzada de dos tercios de la Cámara. Esta ultima maniobra, acordada en el Consejo de Ministros, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los sindicatos mayoritarios en RTVE, que han alzado su voz contra el Gobierno, a la par que la oposición lo hace en el Congreso.

UGT y el Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión (SI) suman mayoría sindical en RTVE. Mientras CC.OO. ha optado por callar y mantener su sintonía con la coalición gubernamental -en especial con Unidas Podemos-, UGT y SI enviaron este miércoles una carta al Consejo de Administración de RTVE en el que piden que, urgentemente, procedan a la destitución de Elena Sánchez. Difícil parece, toda vez que los consejeros controlados por Moncloa fueron los que forzaron la dimisión de Pérez Tornero y se encargaron de formalizar el nombramiento de la elegida por el Gobierno.

Pese a ser conscientes de esto, UGT y SI apelan a un ejercicio de responsabilidad de los consejeros del ente público, para frenar lo que el sindicato socialista califica de «asalto» del Gobierno a RTVE mediante un «golpe partidista» que tuvo su colofón en el Consejo de Ministros de ayer martes, cuando a la brava, saltándose al Congreso, Moncloa otorga poderes ejecutivos a quien, como presidenta interina, no puede tenerlos por la ley que regula el propio ente público y le dictamen que emitieron hace años los servicios jurídicos del Congreso, ante una situación similar.

Decidido a dominar la línea informativa y el abultado negocio de los contratos de producción de programas con las elecciones en el horizonte, el Gobierno ha optado por sortear la legislación e ignorar al Congreso mediante un acuerdo de Consejo de Ministros que ni siquiera tiene rango de ley. En vez de aprobar un decreto-ley que hubiera tenido que convalidarse en el Congreso, el Gobierno se ha limitado a un acuerdo, de orden administrativo, lo que todavía choca más con la jerarquía normativa. Caben acciones judiciales y podrían plantearse, tanto por la oposición como por quienes se consideren afectados desde dentro de RTVE, pero nadie se ha pronunciado todavía en ese sentido.

La rebelión que se ha producido ahora en el ente público complica especialmente el escenario al Gobierno. Primero, porque es la propia plantilla, sus máximos y mayoritarios representantes, los que se plantan ante la maniobra partidista de Moncloa. Segundo, porque quien lidera este plante es el sindicato socialista, UGT, en lo que supone un divorcio público y sonado frente al PSOE de Pedro Sánchez.

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El comunicado que UGT y SI han dirigido al Consejo de Administración de RTVE es duro y rotundo. Empiezan expresando su «malestar y repulsa por la actuación del Gobierno (...), saltándose al Parlamento, verdadero propietario de la Corporación RTVE y dando a la presidenta eventual del consejo de administración, Elena Sánchez, poderes que solo pueden corresponder a la presidencia de la Corporación elegida democráticamente por dos tercios de las Cortes Españolas».

A renglón seguido, denuncian que el Gobierno ha desplegado su maniobra con el «claro intento de asaltar la Corporación RTVE sin ninguna contemplación, despreciando la representación de la soberanía que ostenta el Parlamento, a las y los trabajadores de la Corporación RTVE y al conjunto de la ciudadanía». Y todo ello con otro «golpe partidista» como el que, recuerdan, ya cometió el Gobierno de Sánchez cuando nombró administradora única del ente público a Rosa María Mateo, nombramiento que la Justicia acabó declarando ilegal.

Ahora, censuran que la elegida haya sido Elena Sánchez, lastrada por gruesas dudas de parcialidad progubernamental y de incapacidad técnica, esto último -indican los sindicatos UGT y SI- a tenor del pobre resultado que cosechó en su día, cuando concursó para acceder a la cúpula de RTVE.

Ante estos hechos, los sindicatos mayoritarios en el ente público insisten ante el consejo de administración que «es imperante que se elija una nueva presidencia del consejo para dirigir de forma provisional la Corporación RTVE, una presidencia que tiene que estar exenta de cualquier sospecha, y aún menos la de incapacidad o la de participar de intereses ajenos que puedan poner en riesgo a la Corporación RTVE».

Además, insisten en que quien ocupe el cargo por nombramiento del consejo de administración ha de serlo exclusivamente en calidad de interino, sin poderes ejecutivos. Éstos solo los puede ostentar -recuerdan- quien sea presidente en firme, designado por acuerdo de los dos tercios del Congreso.