Bolaños defiende el asalto a la cúpula de RTVE y ofrece ahora al PP que lo bendiga en el Congreso

Hace escasos días, el Gobierno forzó la dimisión del anterior presidente de la radiotelevisión pública estatal, José Manuel Pérez Tornero, al que PSOE y Unidas Podemos ha dejado de considerar suficientemente fiel a los intereses de Moncloa. En su lugar colocó la semana pasada a Elena Sánchez, avalada por los socios de Gobierno y con el concurso del PNV.

El problema es que el nombramiento de Sánchez no siguió el procedimiento ordinario que establece la ley de RTVE, de 2006. Fue elegida por el consejo de administración del ente público, no por votación del Congreso por mayoría reforzada de dos tercios de los diputados. Así que Elena Sánchez quedaba como presidenta interina sin poderes ejecutivos, sin capacidad para tomar decisiones de tanto calado como nombrar y destituir a directivos, controlar por tanto la cadena de mano de los contenidos informativos, o promover los contratos de mayor importe con productoras, materias todas ellas que exigen ser acordadas por el consejo de administración a iniciativa de una presidencia ejecutiva.

Para saltarse ese escollo, el Gobierno ha optado por modificar los estatutos a la brava, sin el concurso del Congreso, sin reforma legal alguna, ni siquiera con un decreto-ley que de por sí hubiera resultado de dudosa validez porque, entre otras cosas, exigiría demostrar que el asunto era «de extraordinaria y urgente necesidad». Al final ha optado por esquivar la ley con un mero acuerdo de Consejo de Ministros, adoptado ayer martes, que otorga directamente poderes ejecutivos a Elena Sánchez a espaldas del Congreso e incluso del propio consejo de administración de RTVE, que se ha convertido en mero espectador de la maniobra.

El Gobierno, sin ápice de autocrítica, salió hoy en el Congreso a defender esta operación que ha sido calificada de «auténtico escándalo» por los grupos de la oposición.

La diputada del PP Macarena Montesinos acusó al gobierno de haber consumado un «autogolpe» en RTVE «que va a servir para regar a las productoras amigas» y controlar políticamente la información para poner a la radiotelevisión pública estatal «al servicio de la propaganda oficial del Gobierno, veinticuatro horas al día, siete días a la semana».

Tanto el PP como Vox recordaron a Bolaños que este es un episodio más en las maniobras de ilegalidad impulsadas por el Gobierno para controlar RTVE y pusieron como botón de muestra el irregular nombramiento de Rosa María Mateo, en su día, como administradora del ente público, nombramiento que los tribuales acabaron por anular tiempo después.

Bolaños, sin embargo, se limitó a presentar como normal la maniobra que acaba de consumar ahora el Gobierno con el acuerdo del Consejo de Ministros que le permite tomar el poder de RTVE al margen del Congreso. Dice que la dimisión de Pérez Tornero fue «una decisión personal que el Gobierno se limita a respetar», y que el objetivo del polémico acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros es que, ante la «interinidad de la presidenta de RTVE, haya normalidad en la gestión y no obligarla al colapso». Ha obviado que la fórmula legal para dar «normalidad» está tasada en la ley de RTVE, que marca nítidamente que la presidencia ejecutiva del ente público la elige el Congreso por mayoría de dos tercios de los diputados.

De paso, una vez consumada la maniobra que ha llevado a cabo ahora Moncloa, Bolaños ha tendido la mano al PP para que le dé pátina de legitimidad y ahora, a posteriori, se pliegue al «consenso» para nombrar a Elena Sánchez presidenta ejecutiva. Es decir, votarla en el Congreso con el concurso del PP, imprescindible para lograr esa mayoría de dos tercios. Eso sí, después de que ya se haya encargado Moncloa de que esta votación sea innecesaria, porque ha esquivado la ley a través de un acuerdo del Consejo de Ministros.

Está por ver ahora si la oposición recurre esta maniobra ante los tribunales, bien por una vulneración administrativa bien por su presunta inconstitucionalidad.