La sentencia del «procés» marcará un año judicial con ecos políticos e históricos

Los siete jueces del Tribunal Supremo –cuyas deliberaciones aún no han terminado, según han informado fuentes jurídicas– resolverán si el plan secesionista ilegal fue o no una rebelión, un atentado contra el orden constitucional español con uso de violencia .

Aunque esta causa monopolizará los focos, otros procesos judiciales también protagonizarán el nuevo curso. La sentencia de los ERE de Andalucía , la vista oral contra Josep Lluís Trapero , los juicios contra Ana Julia Quezada y el Chicle , e investigaciones de corrupción como la del clan Pujol o la trama Púnica serán otros hitos.

La Sala de lo Penal delibera desde el pasado junio sobre el futuro inmediato de doce líderes del independentismo catalán, acusados de empujar hacia la secesión por las vías ilegales .

La Fiscalía del Supremo se reafirmó en sus tesis durante el juicio y consideró acreditado que la estrategia secesionista incluyó violencia física, intimidación y vías de hecho con las que buscaron doblegar el pulso al Estado. El Ministerio Público atribuye el delito de rebelión a nueve acusados y solicita la pena más alta, de 25 años de cárcel, para Oriol Junqueras , el antiguo vicepresidente de la Generalitat. Las acusaciones incluyen en esa estrategia las normas de la ruptura, el referéndum ilegal del 1 de octubre, y la declaración unilateral de independencia.

Los acusados niegan los delitos e invocan un supuesto mandato de una parte de los catalanes, que según ellos les daba carta blanca para saltarse la ley. Uno de los debates esenciales de la vista fue la existencia o no de la violencia , una circunstancia necesaria para probar la rebelión. Las acusaciones también aprecian los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. La sentencia se prevé para el inicio de octubre.

Unos meses después, la Audiencia Nacional comenzará el 20 de enero el segundo capítulo de la rendición de cuentas del «procés» . A partir de ese día, el tribunal enjuiciará al major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero , a la intendente Teresa Laplana y a la antigua cúpula de la policía autonómica por su rol en el plan secesionista ilegal. La Fiscalía atribuye a Trapero el delito de rebelión y le acusa de dirigir la inacción de los Mossos en los pasos decisivos del «procés», especialmente en el referéndum ilegal de 1-O. Solicita para él once años de prisión.

Trapero ya comenzó su defensa en su declaración testifical en el juicio del «procés» en el Supremo, en la comparecencia más espectactular de la vista. Allí, ajustó cuentas con los políticos y negó que los Mossos se colocaran al servicio de los fines del «procés». El Ministerio Público también acusa a los antiguos responsables políticos del cuerpo: Pere Soler y Cesar Puig . El discutido y polémico rol de los Mossos será la esencia del juicio.

El juicio de los ERE de la Junta de Andalucía, que sentó en el banquillo de los acusados una década de poder socialista , quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre. Para mediados de este otoño se esperá con expectación la sentencia, que resolverá si delinquieron los expresidentes andaluces del PSOE José Antonio Griñán y Manuel Chaves . La Fiscalía pide seis años de cárcel para el primero por prevaricación y malversación, y diez años de inhabilitación política para el segundo, en su caso por prevaricación.

La vista oral dejó al desnudo, según el Ministerio Público, que desde la Consejería de Empleo se repartieron casi 880 millones de euros en ayudas otorgadas de forma totalmente arbitraria, sin ningún procedimiento ni sustento legal, solo en base a la decisión de un único funcionario. Un interventor aseguró en el juicio que él advirtió de lo que estaba sucediendo y que los antiguos gobernantes pudieron pararlo.

La investigación a la familia Pujol Ferrusola se adentra siete años después en la recta final, a la espera de la información que deben enviar países como Suiza, Luxemburgo o Andorra .

El pasado agosto, los investigadores de la Policía Nacional acusaron al clan de Jordi Pujol de lucrarse de la corrupción al menos desde 1990. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cifraron en 290 millones de euros la fortuna ilegal que la familia llegó a acumular a través de negocios sospechosos.

Según las pesquisas, el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola , se encargó de cobrar comisiones ilegales a empresarios contratistas de la administración pública, para después repartir el dinero recaudado entre toda la familia. La familia habría aprovechado la influencia de un apellido ligado al poder desde los primeros pasos de la democracia española: Jordi Pujol Solei presidió la Generalitat catalana entre 1980 y 2003, y participó en la fundación del partido central del nacionalismo catalán, la antigua Convergència.

Los Pujol niegan la acusación y justifican que el dinero que ocultaron en Andorra procede de la herencia del abuelo Florenci, que luego multiplicacon con complejas operaciones financieras. Aunque puede acordarse una ampliación, la investigación debería cerrarse antes del próximo 23 de septiembre , con lo que está al caer el auto de procesamiento contra los nueve miembros de la familia: los siete hijos y el matrimonio Pujol Ferrusola.

Después de ese paso, que cerrará la investigación, las acusaciones y defensas presentarán sus escritos de calificaciones y se abrirá juicio. A lo largo de los próximos años, el juicio a la familia Pujol resolverá si sus miembros se lucraron o no con la corrupción.

Un maratón de declaraciones impulsarán este otoño la investigación de la Púnica, una trama de corrupción local y regional en administraciones del Partido Popular. La batería de comparecencias tendrán lugar en la rama del caso que investiga una supuesta financiación ilegal en el PP de Madrid .

Y por primera vez en su carrera, Esperanza Aguirre –muchos de cuyos lugartenientes como Francisco Granados o Ignacio González han ido cayendo estos años, cercados por la Justicia– tendrá que rendir cuentas en una causa contra la corrupción. La expresidenta de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012, y expresidenta del PP de Madrid hasta 2016, declarará el 18 de octubre ante el magistrado Manuel García-Castellón.

Siempre en fase indiciaria, y tras aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez sospecha que Aguirre «ideó» e impulsó un entramado para financiar de forma irregular al PP de Madrid desde que consiguió el poder en 2003, saltándose de forma sistemática los límites legales. El Ministerio Público considera que Aguirre jugó un papel protagonista en el esquema ilegal de la financiación, a sabiendas de que el objetivo de las campañas era fortalecer su poder. Según los informes de los investigadores de la Guardia Civil, el entramado habría desviado al partido fondos públicos desde las consejerías madrileñas y otros entes públicos, a través de licitaciones como los hospitales públicos madrileños. Además de Aguirre, también declararán como imputados Cristina Cifuentes (el 1 de octubre), J uan José Güemes y Manuel Lamela (14 de octubre), e Ignacio González , el 17.

Además, este otoño comenzará la vista contra los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias , el juicio por la salida a Bolsa de Bankia quedará visto para sentencia, y la Audiencia Nacional seguirá indagando en los negocios sospechosos del comisario Villarejo . El Supremo debe resolver también sobre la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.