Las diez escenas de un juicio histórico

El presidente del tribunal del «procés», que lo es también de la Sala Penal del Tribunal Supremo , ha sido para muchos el «gran descubrimiento», pese a que su experiencia, talante y solvencia eran de sobra conocido.

Aunque son siete los magistrados, es Manuel Marchena quien ha puesto voz a la justicia y a quien se debe el mérito de que la vista haya transcurrido de forma ágil, sin dilaciones innecesarias y sin grandes incidentes.

Su tono conciliador, y a la vez firme, su oratoria y su capacidad para reconducir situaciones comprometedoras han sido parte del éxito de este juicio, que este magistrado afrontaba con absoluta serenidad . Marchena lo ha manejado con maestría y –aunque por una simple cuestión numérica, han sido más las llamadas de atención a las defensas– no le ha temblado el pulso a la hora de reprender a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado , a los acusados y a los testigos cuando lo ha considerado conveniente.

Muchas de sus célebres frases –como «las preguntas hay que traerlas pensadas de casa», o «usted no me interrumpir a mi, yo a usted sí»– quedarán ya en la memoria de todos. Pero el mayor mérito de Marchena, que ha intentado pasar por la vista sin estridencias, egocentrismos ni titulares, es haber conseguido que el juicio no se convirtiera en altavoz de las reivindicaciones independentistas. Desde el minuto uno, zanjó todos los intentos.

Como en la mejor película de suspense , nadie conocía el desenlace salvo el guionista, el único que veía «la bomba» que iba a estallar en el último suspiro. Era el 14 de marzo, en pleno desarollo del juicio, y el mayor de los Mossos d’Esquadra culminaba su testimonio, en el que había revelado que la policía autonómica había alertado de los previsibles enfrentamientos al Govern de Carles Puigdemont, si seguía adelante con el referéndum ilegal. Los mandos de los Mossos demostraban que los acusados asumieron la inevitable violencia.

En la cargada atmósfera de la sala de vistas flotaba una pregunta directa, que la acusación que propuso al testigo, Vox, había perdido la oportunidad de plantear. ¿Qué sucedió en la reunión con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn el 28 de septiembre, tres días antes del 1-O?

A las 18:49 horas , Trapero comenzaba a levantarse de la silla, y todos los abogados y plumillas recogían. Entonces, Marchena anunció que el tribunal quería ejercer su potestad para interrogar al testigo. Y entonces llegó la pregunta, y el antiguo jefe de los Mossos apuntaló a los líderes secesionistas, con la intención de salvar su nombre y el de la policía autonómica, en una declaración a bocajarro. Aseguró que los Mossos avisaron al Govern del riesgo de violencia y de que ellos siempre cumplirían la legalidad.

Los abogados de los líderes independentistas se han convertido también en protagonistas de esta vista histórica . Las susceptibilidades y discrepancias de los primeros días fue dejando paso a una puesta en escena menos histriónica y relajada. Las estrategias de las defensas han sido coincidentes en algunos casos (nueve de los acusados se enfrentan a los mismos delitos, entre ellos a una rebelión cuya violencia niegan); pero letrados como Andreu van den Eynde (Junqueras y Romeva) han ejercido una defensa más política frente a otros, como Javier Melero (Joaquim Forn) , que han optado por una estrictamente jurídica.

Especialmente visibles han sido los rifirrafes entre el letrado Jordi Pina (Rull, Turull y Sànchez) y Marchena, que fueron disminuyendo a medida que avanzaba el juicio. En una sesión, Marchena reconvino al letrado cuando puso en duda el testimonio de un Guardia Civil. «A ver señor Pina, lo que podemos hacer es que testifique usted en vez del testigo». El día anterior le había reprochado leer de forma parcial el parte de lesiones de un agente. El penúltimo día de juicio, durante la exposición de su informe, Pina reveló públicamente que se había disculpado en privado con los miembros del tribunal.

Aunque alguna defensa (e incluso algún medio) frivolizó sobre la altura del muro que tuvo que saltar la secretaria judicial que participó en los registros del 20 de septiembre , su testimonio fue uno de los más escalofriantes que se han oído durante estos meses, quizá por la objetividad que se presupone a una funcionaria de justicia.

Todos los presentes, sin excepción, escucharon su relato con un nudo en la garganta sobre aquellas diecisiete horas de máxima tensión que finalizaron con una evacuación por la azotea del edificio para pasar a un tearo colindante. «Tuve miedo» , confesó Montserrat del Toro ante el tribunal.

Aquel 20-S, la multitud se fue agolpando a las puertas de la Consejería de Economía desde primera hora. Llegó a haber 40.000. Según su testimonio y el de los guardias civiles presentes en el registro, una masa enfervorizada increpaba, lanzaba objetos a los agentes y amenazaba con impedir la salida de la comitiva, que, una vez finalizado el registro, tuvo que permanecer horas en el edificio. Desesperada al temer por su integridad y las de los objetos intervenidos, llamó por teléfono al hoy fallecido Juan Antonio Rodríguez Sunyer , el juez de instrucción 13 de Barcelona. «Me tienes que sacar de aquí, no podemos salir». El juez llamó inmediatamente a Trapero y le dio media hora para buscar un plan que permitiera evacuar al operativo judicial que conformaba una veintena de personas.

Una de las declaraciones más sorprendentes fue la de Juan Ignacio Zoido , máximo responsable de Interior el 1-O. El exministro descargó toda la responsabilidad del operativo policial en Cataluña con motivo del referéndum ilegal en los mandos inferiores y, aunque defendió la actuación «racional y proporcionada» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el 1-O, mostró un desconocimiento impropio de quien estaba al frente del departamento encargado de la seguridad nacional en uno de los momentos más críticos que vivió el Gobierno de Rajoy.

Zoido respondió a cada pregunta que le iban formulando las partes con «no sé» o «lo desconozco», lo que las defensas utilizaron en sus informes para sostener que la situación no debía ser tan crítica ni peligrosa cuando el máximo responsable de Interior no se estaba informado de los detalles de esa jornada.

Fue propuesto por la defensa del exconsejero Forn para, entre otras cuestiones, rebatir la violencia del 20-S; pero desde el comienzo no pareció que su relato fuera a beneficiar a los acusados, especialmente al expresidente de la ANC Jordi Sànchez . El jefe de la Brimo (los antidisturbios de los Mossos) describió la tensión de la jornada que se vivió ante la Consejería de Economía, donde la multitud congregada allí con motivo del registro judicial que se estaba practicando, impidió que los detenidos pudieran estar presentes en esta diligencia.

«Ni con el Séptimo de Caballería habríamos podido llegar a la entrada», confesó el agente, que reveló también la actitud altiva y chulesca con la que fue recibido por parte de Jordi Sànchez. El exlíder de la ANC, a quien la Fiscalía atribuye la movilización de hasta 40.000 personas y, por ende, su contribución a la violencia que se saldó con varios vehículos de la Guardia Civil destrozados, se dirigió al testigo contrariado para decirle: «Esto no es lo que hemos acordado». A continuación le dijo que iba a llamar al «president» y al «conseller», en referencia a Puigdemont y Forn respectivamente.

La declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos era una de las más esperadas por su papel de coordinador del dispositivo policial del 1-O. Su declaración, contundente, pausada y serena, cayó como un jarro de agua fría en la bancada de las defensas.

Tildó de «insuficiente, inadecuado e ineficaz» el plan de los Mossos para impedir la consulta, habló de «absoluta falta de pasividad y connivencia» de la policía autonómica y denunció las múltiples trampas de los agentes en una actuación más encaminada a permitir el desarrollo del referéndum que a impedirlo. El nerviosismo de algunos abogados fue notable. Tanto es así que Jordi Pina, el letrado de Turull, Rull y Sànchez, provocó la intervención de Marchena cuando recordó a Pérez de los Cobos –al negar éste las cargas policiales– que estaba bajo juramento.

«No intentemos, como no le gusta su respuesta, convertirle en delincuente», zanjó el episodio el magistrado.

Las cuatro expertas de Hacienda que comparecieron como peritos en el juicio avalaron la acusación por malversación de caudales públicos. Lo hicieron con un dictamen tan unánime como demoledor para las defensas.

Dejaron claro que la Generalitat de Cataluña destinó fondos públicos a la logística del referéndum y que incluso encargó numerosos servicios dentro de su plan para celebrar el referéndum ilegal, uno de los pasos decisivos del «procés». Pese a que las defensas de se afanaron en desmontar la malversación aludiendo a la inexistencia de facturas y a la falta de un pago que justifique el encargo, las técnicas de hacienda y la interventora general pusieron de relieve la importancia del gasto comprometido . «Una vez prestado el servicio se devenga la obligación y se entiende realizado el gasto y el patrimonio reducido», explicaron.

Como en un formato circular, el juicio comenzó y finalizó con las declaraciones de los acusados, que convirtieron sus intervenciones en un mitín político. Cada uno con su estilo, los acusados antepusieron un supuesto mandato de una parte de Cataluña al respeto a la legalidad, y defendieron un derecho a la autodeterminación que ninguna norma reconoce a su caso.

Las palabras de Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull o Jordi Cuixart , entre otros, resonaron entre los muros del Supremo como alegatos políticos propios de otro lugar. Todos reclamaron a los jueces que devuelvan la pelota a la política , cuando su función es aplicar la ley a los hechos probados, nada más y nada menos. Alegan que este «conflicto» debe resolverlo la política.

Durante dos sesiones completas, el salón de plenos se transformó en un cine, en el que se proyectaron los vídeos propuestos por las acusaciones y las defensas sobre la tensión vivida el 1-O . Cada parte con un objetivo opuesto, la pantalla exhibió escraches, choques y los enfrentamientos entre votantes y policías durante el referéndum ilegal.