Juicio del «procés»: un cúmulo de pruebas que no deja margen a la absolución

Estas son las claves de lo que sucedió en Cataluña aquellos días del otoño de 2017 , según lo que ha salido a luz en el juicio, unas claves que se verán reflejadas en la futura sentencia y sobre las que los jueces deberán posicionarse. A la vista de las pruebas, el desenlace previsible es que este juicio conduzca a una condena. La verdadera incógnita es su severidad.

El expresidente Carles Puigdemont , el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Joaquim Forn fueron expresamente advertidos de que si no frenaban el referéndum del 1-O habría violencia en las calles. Hasta media decena de testigos, entre ellos el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, han corroborado que ese aviso se produjo (hasta en dos ocasiones) y que los líderes independentistas respondieron que seguirían adelante porque esa era la «voluntad popular». La última advertencia se hizo en la reunión del 28 de septiembre de 2017, tres días antes de la votación.

Según declaró el número dos de Trapero y máximo responsable policial del cuerpo tras la aplicación del artículo 155, Ferrán López, el mandato de la juez del TSJ de Cataluña de impedir la votación «se encaminaba a un escenario de desórdenes y conflicto prácticamente seguro» . Y desveló un dato que no se sabía: Puigdemont les dijo que si se producía ese escenario, «declararía la independencia de forma inmediata».

La declaración de los también antiguos responsables de los Mossos Manuel Castellví y Emili Quevedo ahondó en esta advertencia. A efectos condenatorios, que los miembros del Govern fueran conscientes del escenario conflictivo que planteaba el 1-O es clave porque implica que asumieron la violencia de aquella jornada.

Para los testigos de la defensa, lo que sucedió el 20 de septiembre de 2017 fue una concentración pacífica en la que no faltaron cánticos, flores y la colaboración de los voluntarios de la ANC para hacer un pasillo por el que pudiera pasar la comitiva que llevaba a cabo el registro en la Consejería de Economía de la Generalitat por orden judicial.

Para los de la acusación, fue un asedio a la Guardia Civil , una intimidación con la que se trataba de impedir el trabajo de la comisión judicial y en la que no se dudó en emplear la violencia con el lanzamiento de objetos y destrozos en varios vehículos de la Benemérita. Los testimonios de la letrada judicial que tuvo que abandonar el edificio, ya de madrugada, por la azotea de un teatro contiguo («tengo miedo, sácame de aquí», le pidió al juez) y el de los guardias civiles que participaron en aquella jornada fueron demoledores.

Pero si alguna sobresalió sobre las demás declaraciones fue la del jefe de los antidisturbios de los Mossos. Contra todo pronóstico (pues era un testigo de la defensa) aportó varios datos reveladores: la imposibilidad material de acceder a la entrada del edificio («ni con el Séptimo de Caballería habríamos conseguido llegar») y que la Guardia Civil estaba en la diana de los allí concentrados, unas 40.000 personas en el momento más álgido.

Tanto es así que relató un intento de agresión a mossos «que habían confundido con guardias civiles». Corrobora este extremo el hecho de que una agente de los Mossos que estaba con los guardias civiles dentro del edificio hiciera la siguiente afirmación cuando Jordi Sànchez sugirió que los guardias civiles abandonaran la sede con las evidencias intervenidas en las manos: «¿Estáis locos? Si salís con las cajas os matan» , les dijo la agente perpleja.

Aunque la defensa del entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez , ha intentado restar relevancia al papel de su cliente en las movilizaciones (relegando su participación a la de un mero colaborador con los designios de las fuerzas de seguridad), su rol durante el 20-S ha quedado retratado.

El teniente de la Guardia Civil encargado del dispositivo que llevó a cabo los registros declaró que Sànchez se presentó ante la Consejería como el «interlocutor válido de la mesa», hasta el punto de que era él (y no la intendente Teresa Laplana) el que escuchaba las propuestas de la Guardia Civil para facilitar el acceso de los detenidos o para establecer un cerco en torno a los vehículos de las fuerzas de seguridad. «Tenemos una reunión un poco esperpéntica, la voz cantante la llevaba el señor Sànchez. Me dicen que se va a hacer un cordón al que no pueden acceder personal uniformado ni vehículos logotipados. Accedemos a entrar con vehículos comerciales y de paisano. Y dice que tampoco, que los detenidos tenían que ir acompañados atravesando un pasillo . Esto no se podía aceptar», recordó el agente.

Sànchez entraba y salía del edificio con total libertad, «como uno más», e incluso amagó con llamar al «president» y al «conseller» (Forn) cuando vio aparecer a los antidisturbios de los Mossos. Así lo corroboró el jefe de la Brimo. «Largaos de aquí, esto que estáis haciendo no es lo que hemos acordado», le dijo «prepotente y altivo» Sànchez.

Tras el 20-S hubo un «clima de tensión insurreccional». Lo declaró el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación policial del 1-O. Cataluña era un «polvorín» que «podía derivar en una escalada incontrolable». Esa fecha supuso «un punto de inflexión» en la normal convivencia en esa comunidad.

Fue entonces cuando comenzó la verdadera campaña de hostigamiento a los cuerpos policiales, que no solo cambió en el número de acciones, sino también en la propia naturaleza de las concentraciones, que pasaron de ser simples protestas a convertirse en actos de resistencia al cumplimiento del mandato judicial.

Han sido muchos los testigos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han relatado en primera persona su experiencia en Cataluña y la hostilidad, los ataques y las trabas que se encontraron en cuestiones tan ordinarias como unos registros por orden judicial. Narraron cómo el riesgo de peligro era patente ante la multitud que se agolpaba en los registros , convocados por ANC y Òmnium Cultural. En numerosos casos tuvieron que acudir patrullas de los Mossos para ayudarles a abandonar el edificio en cuestión.

Otros puntos se convirtieron en auténticas «ratoneras» para los vehículos policiales, como la calle en obras a la salida del registro de Unipost, donde se lanzaron vallas a los coches y algunos llegaron a quedar atrapados en las zanjas. Hubo casos en los que el propio detenido pidió a la Guardia Civil que «lo sacara de allí». Fue Xavier Puig i Ferrer, número dos de la Consejería de Exteriores, a quien una masa enfervorizada intento incluso sacar de la «cápsula» policial que le llevaba arrestado hasta el coche. A ello se suman los escraches en cuarteles o los seguimientos y acoso a policías y guardias civiles que paseaban tranquilos por ciudades como Lérida en sus días de descanso. Una guardia civil resumió la situación, describiendo que el sentido de respeto a la autoridad «se había evaporado».

«Se veía que había una organización premeditada y clara». El inspector encargado del equipo policial que debía impedir el referéndum ilegal en el distrito de Les Corts, en Barcelona, percibió «patrones comunes» en los militantes secesionistas concentrados en los centros de votación, concienciados para evitar la actuación de la Policía, que se limitaba a cumplir una orden judicial. Lo declaró en su testifical, como otros policías y guardias civiles.

El relato colectivo de los agentes de a pie, los que acudieron a los centros de votación, describió una oposición activa y violenta, en la que una masa convocada por los exgobernantes catalanes les puso todo tipo de obstáculos en su camino. Un policía narró, por ejemplo, cómo en el colegio Dolors Monserdà una mujer se interponía entre los militantes y los policías con un carrito en el que no había ningún bebé . Otros describieron la formación de «murallas humanas» entre los concentrados.

Esos testimonios se corroboraron con los vídeos del 1-O, que se exhibieron en la fase de la prueba documental del juicio. En uno de ellos se pudo observar a los guardias civiles explicando a los militantes del pueblo de San Martín Sasgayolas que tenían que entrar en el centro de votación a retirar las urnas por orden de un juez. Entrelazados, ellos bloqueaban la puerta, ubicados detrás de unas sillas y mesas con restos de comida, sin atender a la petición. Los agentes se esforzaron en explicar su cometido y pidieron la mediación de los Mossos, sin ningún éxito. En otro vídeo se pudo observar cómo los agentes tenían que salir a la carrera del municipio de San Carlos de la Rápita ante los lanzamientos de piedras por parte de la multitud.

Sigue bajo sospecha el rol de los Mossos en las jornadas decisivas del «procés», especialmente durante el referéndum ilegal. La Fiscalía considera que el cuerpo autonómico facilitó la votación con su inactividad , una acusación que forma parte de otro juicio, el que se celebrará en la Audiencia Nacional pasado el verano contra Trapero. En su alegato final, la Fiscalía habló de «montaje» y denunció que la inacción de los Mossos supuso la «instrumentalización de un cuerpo armado al servicio de la rebelión».

A pesar de que será analizada en otra causa, la labor de la policía autonómica ha protagonizado uno de los principales debates del juicio, con versiones opuestas, defendidas a cara de perro. Los jefes de la Guardia Civil y la Policía Nacional sostienen que los Mossos les traicionaron, preparando un dispositivo «deliberadamente» ineficaz al servicio de los líderes del 1-O.

El coordinador del dispositivo del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos , cargó en el juicio contra la cúpula de la policía autonómica por un operativo «ineficaz, insuficiente e inadecuado». Según él, la Policía Nacional y la Guardia Civil solo debían intervenir si los Mossos no cumplían con su misión, como descubrieron a primera hora de la mañana. Denunció múltiples trampas.

Enfrentados a esta versión se situaron los mandos de los Mossos, especialmente Trapero y Ferrán López. Defendieron el papel del cuerpo autonómico y extendieron la responsabilidad del dispositivo (y de su incapacidad para impedir la votación) a todas las policías. Alegaron que Pérez de los Cobos supervisó el plan y que el despliegue de dos mossos por centro era solo un apartado de un dispositivo mayor.

No era inevitable. Aunque ya había llegado muy lejos con su plan ilegal, Puigdemont tuvo en su mano abortar la declaración unilateral de independencia (DUI), el último paso del «procés».

Santi Vila e Íñigo Urkullu repasaron en el juicio las horas previas de aquel 27 de octubre y demostraron que Puigdemont voló el último puente, al tirar por tierra un «acuerdo» que hubiera evitado la DUI. Para la Fiscalía, ese acto consumó el «golpe de Estado» y derogó «de hecho y de derecho» la Constitución. El lendakari declaró que el «expresident» le comunicó el día anterior que iba a convocar elecciones autonómicas y evitar la DUI. Según Urkullu, la presión de los radicales -los manifestantes en la plaza de San Jaime, los de las redes sociales, y sus propios compañeros de Junts pel Sí- cambió los acontecimientos y al día siguiente el Govern declaró la independencia.

Ese miedo de Puigdemont a quedar como un traidor también se dedujo de la declaración de Vila, el «exconseller» que dimitió antes de la DUI. Aludió a una «aproximación» entre el entorno de la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar el «despropósito», y aseguró que se fue a dormir tranquilo la noche del 25 de octubre, pensando que habían neutralizado el camino unilateral. No fue así.

Las versiones de Vila y Urkullu transmitieron que Puigdemont prefirió contentar a un puñado de radicales y consumar el plan ilegal . Los acusados intentaron excusarse en el juicio restando valor a la declaración unilateral de independencia tachándola de simbólica, a pesar de que era un elemento decisivo en su plan, como así constaba en todos los documentos que contenían la hoja de ruta del «procés», que también incluía poner en marcha las estructuras de Estado. Aquel acto elevó la temperatura política en España a sus cotas máximas.

El «Govern» actuó como una organización criminal para sufragar los gastos del referéndum del 1 de octubre. Así lo aseguró la fiscal Consuelo Madrigal en el informe final en el que el Ministerio Público abordó el desvío ilegal de fondos. Hasta en 2,8 millones de euros fija la Fiscalía la cantidad malversada entre el dinero destinado a las campañas en el exterior, la publicidad, la propaganda y la logística de la consulta prohibida por la Justicia.

Las cuatro peritos de Hacienda y la interventora del Estado que declararon en el juicio echaron por tierra las tesis de las defensas de los acusados y ratificaron que el gasto «se considera realizado en el momento de la prestación del servicio», porque es desde entonces cuando se produce el perjuicio al erario perjuicio, «independientemente de que esté o no pagado».

Las entendidas en la materia cuantificaron en 917.648 euros «la suma de todos los importes» de la supuesta malversación. Quizá por el «temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la administración renueva anualmente», como sostuvo Madrigal, los silencios y evasivas de pequeños empresarios y autónomos que contrataron con la Generalitat no han ayudado a aclarar este capítulo que minuciosamente expusieron las peritos. Mención especial merece el reparto de tarjetas censales y cartas del 1-O que realizó Unipost, un gasto de un millón de euros que se dividió entre cinco consejerías para no levantar sospechas. Hay prueba documental que demuestra que la Generalitat estaba detrás del encargo.