Recta final de la investigación del caso Pujol a la espera de Andorra y Luxemburgo

No se descarta, sin embargo, que se solicite una prórroga ante la necesidad de recibir todavía la información que deben enviar Francia, Malta, Liechtenstein, Andorra y Luxemburgo . Si el juez aumentara el plazo de la investigación, podría alargar el periodo que considerase necesario, siempre que aporte los motivos para ello.

Aunque una nebulosa envuelve el origen preciso de la familia Pujol Ferrusola, el juez no se cree la versión defendida sin fisuras por el clan y sospecha que los fondos tienen un origen ilícito, vinculado a la corrupción.

El matrimonio Pujol Ferrusola y los siete hermanos alegan que la fortuna procede de un legado del abuelo Florenci , que después multiplicaron gracias a exitosas operaciones financieras en la era de las rentabilidades desorbitadas de los años ochenta y los noventa. De la Mata -que asumió la investigación en abril de 2015 - sostiene que los Pujol se enriquecieron gracias a la corrupción, aprovechándose de la ascendencia familiar de un apellido que les abrió todas las puertas en Cataluña.

El juez, que les ha recriminado que no aporten ningún documento que pruebe su coartada, lo ha expresado con palabras claras. «La familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas». Palabra del juez.

Todos - el matrimonio y los siete hijos - están imputados y han sido interrogados. El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola , permaneció ocho meses en prisión preventiva, entre abril y diciembre de 2017, para evitar que siguiese blanqueando los fondos de la familia. Conocido como júnior, es considerado el repartidor del dinero y es el principal imputado en la causa.

Se convirtió en el gestor del dinero a comienzos de los noventa, tras años controlados por un profesional externo. Desde entonces, repartió el dinero entre todos los hermanos, abriendo cada uno sus respectivas cuentas en la banca andorrana para recibir su porción.

La fuente de la influencia familiar siempre fue el padre, Jordi Pujol Soley, que ahora tiene 89 años y es uno de los líderes históricos del nacionalismo catalán. Pujol fue el presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, entre 1980 y 2003, un «tótem» del catalanismo que tomó el relevo de Josep Tarradellas al frente del Govern.

El 25 de julio de 2014, Pujol leyó un comunicado en el que confesó que había guardado durante años dinero en el extranjero sin regularizar con Hacienda. Unas pocas palabras que provocaron el derrumbre del mito político, catalogado desde algunos prismas como un «hombre de Estado».

Aquella declaración precipitó la investigación judicial sobre la fortuna familiar, que se unió a la causa que ya indagaba desde diciembre de 2012 en los negocios de Jordi Pujol júnior, tras la confesión ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de su antigua amante Victoria Martín, que relató viajes a Andorra con billetes de 500 euros.

En su única comparecencia ante el juez, Jordi Pujol argumentó que ocultó la herencia por «miedo» a la repercusión política. «Soy consciente de lo que represento para Cataluña», dijo en su declaración en la Audiencia Nacional , el 10 de febrero de 2016. También se desentendió de la gestión de los fondos y justificó su titularidad en alguna cuenta para prevenir que la exmujer de su hijo primogénito se quedara con el dinero en una hipotética separación, que terminó llegando.

Aunque las pesquisas apuntan a Jordi Pújol junior, el juez otorga un rol también decisivo al matrimonio, al considerar que tuvieron el control y gestionaron parte de los fondos sospechosos. De la Mata sustenta esta tesis en un informe de la Fiscalía que considera al expresidente catalán «el factor común» de los investigados. Los delitos investigados son los de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y organización criminal.

Además del rastro del dinero por el extranjero, el foco de la causa se centra en los negocios del hijo primogénito. Los investigadores consideran que Jordi Pujol júnior acumuló y multiplicó los fondos de la familia a través del cobro de comisiones irregulares, supuestamente por favorecer a empresarios adjudicatarios de licitaciones públicas. Demostrar ese paso final cerraría el círculo de la corrupción y apuntalaría la causa contra el clan Pujol.

Aunque el gran escollo es demostrar ese supuesto delito originario, aquel que se habría cometido pervirtiendo la normativa administrativa al recaudar los fondos, los investigadores siguen afanándose en hallar las pruebas, convencidos de que así fue.

Los investigadores no se creen los trabajos prestados por júnior. El juez tiene claro que esos cobros «no tienen justificación material alguna, no sustentándose la prestación real de servicio alguno». Numerosos empresarios – Jaume Ferrer Grauper, Luis Delso o Carlos Sumarroca padre e hijo , entre otros– han reconocido durante la instrucción que pagaron comisiones millonarias a Pujol Ferrusola por su labor comercial, según ellos por asesorías verbales que les facilitaron el éxito de determinados negocios. Casi nunca había contrato escrito por medio.

La defensa de la familia buscará que la información llegada de Suiza y Andorra no se pueda emplear, alegando que no se ha acreditado un delito antecedente al blanqueo distinto al fiscal.

La información recién llegada de Suiza ha detectado dos nuevas cuentas en las que júnior llegó a disponer de hasta 26 millones de euros, parte de los cuales movió a Luxemburgo , a quien el juez ha pedido información. El magistrado también ha solicitado nuevos datos a Andorra, el epicentro del caso. Pasos en firme para atar los cabos a tiempo, en una esfuerzo final que acerca a la familia Pujol a la hora de la verdad: la rendición de cuentas.