El incumplimiento del Ayuntamiento de Pontevedra de los términos del convenio de colaboración firmado con la Xunta (en mayo de 2010) para la construcción del nuevo edificio judicial de la capital de la provincia «podría ser constitutivo, incluso, de una causa de resolución del mismo». Es la advertencia que este martes lanzaba el delegado territorial de la Administración autonómica en el Lérez, José Manuel Cores Tourís, al bipartito.

Así, el gobierno liderado por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, en coalición con los socialistas de Antón Louro, sigue sin poner a disposición de Presidencia los terrenos donde se ubicará la futura sede judicial de A Parda. Una infraestructura imprescindible de aprobarse, tal y como está redactado, el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que reduce a cuatro (en las capitales de provincia) los 45 partidos judiciales actuales.

En total son casi 1.000 metros cuadrados, cerca de un 20 por ciento del total, «fundamentales e imprescindibles para la construcción del edificio», en palabras del representante autonómico.

La Administración gallega sostenía que la obra estaría terminada en el año 2016, fecha que, según Cores Tourís, tendrán difícil cumplir si el Ayuntamiento no libera «los 6.500 metros cuadrados necesarios para poder ejecutar la obra».

Al hilo, el delegado territorial pidió al gobierno local que «deje de confundir a la ciudadanía», porque «lo cierto es que aún no cuenta con todas las parcelas», pese a que éste lo niega.