Lores esconde la lista de espera del Servicio de Ayuda en el hogar
El pasado mes de enero una inspección revelaba pagos irregulares de la concesionaria desde 2011
E. M. P
Se detectaron como mínimo 75.209 euros en pagos irregulares. De estos, 37.809 se corresponden a servicios no prestados y cobrados entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2012 (según reveló la inspección realizada por técnicos de la Xunta de Galicia). Los ... 37.400 euros restantes se pagaron en concepto de IVA, entre seis y cuatro puntos superiores al estipulado del 4%. Los datos ponen así en cuestión el control de los pagos por parte del Ayuntamiento de Pontevedra al respecto del Servicio de Ayuda en el Hogar.
Si bien, lejos de que el gobierno liderado por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores colabore con la oposición para despejar los interrogantes que se ciernen sobre este asunto, mantiene ocultas las listas de espera de dependientes (superan los 30 días). En contestación a un escrito del portavoz popular, Jacobo Moreira —cuyo grupo hacía pública la inspección el pasado mes de julio—, al respecto de la nómina de usuarios, el Concello se limita a esquivar la pregunta y remitir a los servicios técnicos «para una mayor concreción de datos».
Una respuesta «laxa», a juicio de Moreira, en la que el bipartito del Lérez aprovecha para cargar contra la «insuficiente» ayuda que aportan a la financiación de este servicio las arcas autonómicas. Con todo, el PP interpreta el silencio de la concejala de Benestar Social, Carmen Fouces, como el «reconocimiento implícito de su importancia».
Al parecer, según confirman fuentes municipales, en los últimos días el Concello ha reclamado a la concesionaria Clece (filial del Grupo ACS) la devolución del dinero cobrado sin justificación, admitiendo con ello los desfases descritos.
No obstante, el motivo de que el PP reclamara la lista de usuarios iba más allá de una simple explicación numérica y con ello pretendía concretar, sin éxito, otro de los fallos detectados en el informe de los técnicos de Traballo. A los beneficiarios se les sometía a listas de espera que superaban los 30 días. Un hecho que se suma a que los dependientes tuvieran que desembolsar (en el porcentaje de copago que les correspondían) dinero por servicios que no habían recibido. A las personas mayores o con autonomía limitada se les llegó a cobrar por festivos en los que no tuvieron prestación alguna.
Además, el acta de inspección recogía que la adjudicataria obligaba a los dependientes a realizar una solicitud previa a su alta en el programa, un proceso de admisión que se sumaba al que tenían que superar ante la Administración.
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