«La nacionalidad de los detenidos se ocultaba para evitar la estigmatización, pero los datos contrarrestan discursos manipulados»

Es la opinión mayoritaria de expertos en este ámbito y sindicatos policiales consultados por ABC. «Tradicionalmente no se publicaban para no criminalizar a determinados colectivos de origen inmigrante, pero ahora lo que se debate es si esa política es realmente eficiente, porque los discursos de ultraderecha, de identificar delincuencia con inmigración, al no tener cifras publicadas para contrarrestarlos, lo que se hace es reforzarlos», señala Iglesias, que aboga por la transparencia y «mostrar a la ciudadanía la realidad en el ámbito de las detenciones, para que así puedan evaluar estos datos».

¿Qué riesgos puede haber? «La nacionalidad no ofrece ninguna información por sí misma, se tiene que contextualizar con el resto de datos policiales. Sí es importante para el análisis de nuestra realidad delincuencial, y generar así inteligencia policial: poder conocer más a fondo el fenómeno criminológico y poder diseñar políticas de seguridad y distribuir los recursos en función de esa realidad, basada en datos», ilustra la experta, que subraya que «debemos tener en cuenta que nacionalidad no equivale a delincuencia. Por tanto, «el riesgo de publicar estos datos es el de criminalizar, pero lo que debe hacer la Administración es pedagogía, para que no se pueda hacer un mal uso de esta información».

Así, recalca, sabiendo que la nacionalidad no implica delincuencia 'per se', los datos permitirán saber por qué un colectivo, si la cifra muestra que es más representativo, puede delinquir. «Puede que al final encontremos situaciones de vulnerabilidad, de desigualdad social, que entonces, desde un punto de vista de seguridad también debemos abarcar y dar una respuesta para prevenir esa delincuencia». Entre otros, ante el crimen organizado que actúa de forma estacional. Eso sí, indice en la importancia de cómo se transmiten esos datos a la ciudadanía: «Haciendo pedagogía e intentando rebatir los discursos oportunistas y xenófobos que puedan surgir a raíz de esta información».

Otro experto en Seguridad, Rafael Martínez, coincide en que «toda información que se pueda dar es positiva, siempre y cuando no genere una alarma social que no responde a los datos reales». El catedrático de la Universidad de Barcelona recalca que ante determinado discurso, como el de la extrema derecha Europea, beligerante contra la inmigración, los «defensores de lo contrario» opinan que revelar el origen de los detenidos persigue estigmatizar. Pero su opinión es que «decir si es español, báltico o letón no debería ser un problema. Es mera información, y permite saber cuál es la naturaleza de la inseguridad».

Precisa, eso sí, que en el ámbito de la seguridad, siempre da «miedo» revelar información, porque, contrariamente a lo que parece, he ahí el paradigma, «esa transparencia acaba por generar una amplia inseguridad». A modo de ejemplo, ilustra: «Si las comisarías de Policía nos indicasen a cuanta gente detienen a lo largo de una semana y por qué tipo de delitos, la sensación de inseguridad que tendríamos sería mayor que al no saberlo. Este es el problema, la percepción de seguridad es muy lenta en su crecimiento, la de inseguridad va asociada al pánico y se genera muy rápido».

En cambio Ángel Parraga, policía y presidente del Colegio de Criminólogos de Cataluña, se muestra contrario a publicar el origen de los detenidos. «Decir que las nacionalidades extranjeras son mayoritarias en delitos contra el patrimonio es muy simplista. ¿Qué conseguimos con ello? Que alguien se rearme más políticamente», cuestiona, y apunta que los datos crudos, «en temas de seguridad, sin explicar el contexto, son un problema».

No piensan lo mismo los sindicatos policiales. «Estamos claramente a favor de publicar la nacionalidad de los detenidos, e incluso de quienes ingresan en prisión. Publicar datos sobre criminalidad manda un mensaje de transparencia institucional, y permite que la ciudadanía acceda a información contrastada, evitando rumorología», explica a este diario Imma Viudes portavoz de Sap-Fepol.

Desde la organización de Mossos d'Esquadra subrayan que así se evita la sensación de opacidad. «En cambio, cuando tú no ofreces esos datos, otros actores con distintos intereses, los rellenan con especulaciones o rumores». «No se trata de señalar», precisa Viudes, «sino de tener información precisa, y por ejemplo, determinar si hay redes criminales con tipologías específicas según nacionalidad, y distinguir entre delincuencia más local o la ligada a movilidad de tipo internacional, por ejemplo, movimiento transfronterizo, y así poder reforzar la cooperación con otros Cuerpos o Aduanas. Todo ayuda a diseñar inteligencia policial basada en evidencias y, por tanto, aunque nosotros ya tenemos estos datos, publicarlo siempre facilita a desmontar mitos, obtener transparencia y actuar con rigor», recalca.

En la misma línea, la Fundació per a la Seguretat Pública. «Venimos de un tiempo en que dar la nacionalidad se entendía como estigmatizar y se intentaba no hacerlo. Al final, ha ocurrido algo paradójico, aunque no se diga, la gente lo interpreta y el vacío que no se llena de información se llena de prejuicios», advierte Miguel Ángel Escobar, que opina que no desvelar el origen de los delincuentes hace «que el ciudadano perciba que le están 'hurtando' información. Piensa que no se lo dices para ocultarlo. Y por eso es mejor decirlo, para evitar reforzar el prejuicio, porque las buenas intenciones que se tenían, deontológicamente, no cumplen su función».

«Porque el ciudadano, si no se le explica, acaba sacando su propia conclusión sobre la persona que ha cometido un ilícito. Y la única manera de contrarrestarlo es dar el dato. Es importante que se sienta informado, y que lo haga a través de canales con código deontológico, de manera segura. Es la función del propio periodismo acreditar la verdad y ahora existe cierto clima de que no lo hacen», constata. Por eso aboga por presentar esos datos de forma aséptica e indicar si el detenido es «español, magrebí, belga o de Reina Unido».

Coinciden desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña. Los últimos indican que «forma parte de la transparencia con la que las Administraciones deben ofrecer información al ciudadano», para precisar que «no prejuzga nada». Ya que el análisis que uno hago sobre los datos es «cuestión de interpretaciones». Indican así que «el dato puro, es meramente descriptivo de una parte más del perfil de un delincuente». En boca de los primeros, Luis Mansilla sostiene que «no debe ser un tabú», al tratarse de datos objetivos, que pueden poner el foco en implementar medidas de apoyo social y/o educacional a determinados colectivos, enfocándose en la prevención.