Interior no cede sobre los costes salariales de la Policía Adscrita

La Xunta, también abierta a dialogar, está dispuesta a asumir ese 50% en el caso de los nuevos agentes que se incorporen a partir de ahora a la unidad policial, pero no para los 338 efectivos que ya forman parte en estos momentos de la plantilla. Y para defender su postura, desde el Gobierno gallego exponen diferentes argumentos. El primero, que la Policía Adscrita gallega asume tareas, como la protección de las víctimas de violencia machista, que en teoría son de competencia estatal.



Por eso desde la Xunta defienden que el caso de Galicia no puede equipararse con el de otras unidades adscritas autonómicas, como la de Andalucía, donde la Junta sí se comprometió a sufragar el 50% de las retribuciones del personal y a asumir los gastos correspondientes a las inversiones y al mantenimiento de las instalaciones, los medios técnicos y los servicios necesarios para que la Policía Adscrita pueda desarrollar sus funciones. El Ministerio aspira a llegar a un acuerdo similar con el gobierno de Aragón.

Por el contrario, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, argumentaba esta semana que Galicia «está en una situación distinta al resto de comunidades autónomas» porque «presta servicios que en otras no se están prestando» y que, por ello, la financiación de la Policía Adscrita gallega «podría ser de otra manera». Y se refería, en concreto, a la protección de las víctimas de violencia machista. De hecho, Calvo advertía que para poder seguir prestando servicios como ese «con calidad» y evitar que «se resientan» sus funciones es necesario que Interior mejore su propuesta de financiación.

Las declaraciones del responsable de Presidencia, Xustiza e Deportes del Gobierno gallego despertaron enseguida las críticas de la ministra de Igualdad, que vio en su advertencia «amenazas» y aseguró que no las iban a consentir.

Desde Galicia, también el BNG aprovechó la oportunidad de salir al paso contra la Xunta. Los nacionalistas instaron al presidente Alfonso Rueda a que desautorizase a Calvo por, según su opinión, cruzar «todos los límites de lo admisible». Los populares gallegos defendieron al conselleiro recordando que el Estado debe «garantizar la seguridad» de las víctimas de violencia machista.