La funeraria privada frente a la pública: de no costar un euro a pagar 39 millones

Este dinero tendrán que inyectarlo los madrileños a través del Ayuntamiento. Se realizará una ampliación de capital de 21 millones de euros , como informó el equipo de Gobierno en nota de prensa el jueves pasado. 7 millones procederán de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se prevé que el plan en cementerios, tanatorios y otras instalaciones de la empresa funeraria ascienda a 39 millones de euros hasta 2020.

El Consistorio lleva la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios municipales. El que requiere de más inversión para subsanar sus deficiencias es la necrópolis del Este. Según un estudio sobre los trabajos de conservación que realizó el Ayuntamiento en 2016, de los 23,8 millones de euros que necesitan los cementerios para sanearse, 15,9 millones van a parar a La Almudena.

La oposición en los años de gobierno del Partido Popular denunció en numerosas ocasiones el estado de abandono del que es el cementerio más grande de España. Solicitaron un plan integral de rehabilitación que nunca llegó pese a que se aprobó en 2012. Desde entonces se mantenían las papeleras rotas, las aceras levantadas, las zonas de nichos vacíos apuntalados, los restos de sepulturas y mausoleos amontonados y las calles sin asfaltar. Este año, la Funeraria ya ha comenzado su reforma.

La empresa mixta se creó en 1966 con una duración de 50 años. En diciembre de 1992 el Ayuntamiento privatizó el 49% de la misma por 0,6 euros (100 pesetas) para Funespaña, hecho que fue denunciado por Izquierda Unida y acabó con la condena del exconcejal popular Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación para ejercer como cargo público. Se le condenó por un delito prevaricación.

Desde entonces, el 51% de las acciones pertenecían al equipo local. El socio privado venía recibiendo dividendos más el 20% del resultado de la explotación a lo largo de las últimas décadas, aunque durante los dos últimos años no se repartieron y fueron a parar a reservas. Hasta 2014 los importes que percibió Funespaña ascendían a 63,8 millones de euros.

En los pliegos de condiciones del contrato se establecía que había un fondo voluntario por el que el Ayuntamiento debería abonar a Funespaña el 49% de los beneficios si se terminaba la relación contractual. Este fondo sumaba 50 millones de euros. No se le entregó su parte.

La oposición, PP y Ciudadanos, ya advirtió a Sánchez Mato de que Funespaña, participada mayoritariamente por Mapfre, podía llevar a cabo acciones legales . Y así fue. En caso de que se condene a la Administración, los madrileños tendrán que devolver 24 millones de extra.