Hacienda lleva a Transparencia a los tribunales por la empresa que pagaba el chalé de Ábalos

Según ha podido saber ABC, la Abogacía del Estado recurrió el pasado 16 de septiembre ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el fallo del CTBG que obligaba a la Agencia Tributaria a desvelar si realizó inspecciones tributarias a la citada compañía antes de que se declara en concurso, si se personó en el procedimiento concursal en defensa de los intereses públicos y si llegó a recuperar parte de los 64,4 millones que la empresa llegó a deber al Estado en el año 2023. Tres preguntas muy simples que pueden contestarse sin desvelar información secreta de terceros, como entendió el Consejo de la Transparencia.

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Sin embargo, el Gobierno planta batalla jurídica para no responderlas. En su recurso, el abogado del Estado Federico Pastor Ruiz argumenta que la Ley de Transparencia «no deroga los derechos y garantías de reserva reconocidas por la Ley General Tributaria a los obligados tributarios» y que, por tanto, «no pueden solicitarse datos que ésta considera reservados o confidenciales». A partir de aquí, el jurista subraya que «la normativa tributaria aplicable no permite facilitar a un tercero los datos solicitados» en las tres preguntas antes mencionadas.

Además, la Abogacía del Estado señala que el Convenio de Tromsø del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, fue ratificado por España pero incorporando «una reserva declarando expresamente que en la exclusión de publicidad de los documentos públicos debían entenderse incluidos los que contengan información tributaria», sosteniendo que, al tratarse de un tratado internacional, prevalece sobre cualquier nacional, incluida la de Transparencia.

«No cabría, por tanto, sostener como implícitamente hace el Consejo de Transparencia, que la Ley de Transparencia prevalece sobre el Convenio de Tromsø», razona el abogado del Estado, antes de tachar de «errada» la conclusión del CTBG que obligaba a la Agencia Tributaria a contestar a las citadas tres preguntas y solicita su anulación.

El problema es que ese Convenio pretende reforzar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información oficial en poder de las autoridades públicas y no lo contrario, como pretende la Abogacía del Estado en este caso. Tromsø es el primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce ese derecho. Precisamente, hoy se celebra el Día internacional del acceso universal a la información y, con este motivo, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) insistió el pasado viernes que «un sistema eficaz de acceso a los documentos e información oficiales es esencial para combatir la corrupción, mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos y cargos públicos y permitir a los ciudadanos participar en la vida pública de manera informada».

El pago del alquiler del chalé en el que veraneó Ábalos en 2023 está siendo investigado por la Justicia ante la sospecha de que pudo ser una dádiva para el socialista por parte de la trama de los hidrocaburos. La empresa Have Got Time estuvo gestionada por Leonor M. González Pano –expareja de Víctor de Aldama– aunque, según la UCO, era Claudio Rivas, socio del comisionista, el que tenía el control. Según la documentación concursal, esta compañía mantenía una deuda de 26,6 millones con Hacienda cuando echó el cierre.

El pulso entre Transparencia y Hacienda comenzó a raíz de una batería de preguntas formuladas por el abogado Guillermo Rocafort, entre las que se incluían las tres que siguen pendientes de contestación. El ministerio que encabeza María Jesús Montero no quiso contestar y el jurista recurrió al Consejo de Transparencia, que le acabó dando amparo.

En su resolución, el presidente de la institución, José Luis Rodríguez Álvarez, se refiere a que Hacienda no contestó a las preguntas y tampoco argumentó la razón que lo justificara. «Es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública», subraya la resolución. «El propio legislador se encargó de subrayarlo en el preámbulo de la LTAIBG (Ley de Transparencia) al manifestar que con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta», ahonda.

El jurista sostiene que Hacienda no promovió declaración de concurso culpable para actuar contra el administrador de Have Got Time por el quebranto fiscal, y que la información que reclama no esta exenta de la Ley de Transparencia porque muchos datos tributarios de Have Got Time pueden consultarse en la web del registro de administradores concursales por el procedimiento judicial público abierto.