El asedio de Hacienda a las grandes fortunas apenas logra resultados

Apenas unos meses antes se había anunciado la creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, una nueva brigada de control fiscal a la que se encomendó de manera específica la fiscalización del comportamiento en el pago de sus impuestos de las 170.000 mayores fortunas del país, un colectivo del que se sospechaba que había gozado de un trato preferente y sobre el que se quería incrementar la vigilancia.

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Dicho y hecho. Los datos oficiales que con regularidad anual proporciona la Agencia Tributaria y cuya última actualización se difundió ayer revelan que en efecto el número de actuaciones de comprobación iniciadas sobre este colectivo casi se ha triplicado desde la puesta en marcha de la nueva unidad, desde las 494 que se estima se realizaron en 2018 a las 1.264 que se realizaron en 2024, un nuevo máximo histórico.

Las liquidaciones practicadas en esas actuaciones, que reflejan lo que Hacienda entiende que se debería pagar de más por los posibles incumplimientos detectados, no lo que realmente los contribuyentes habrán de pagar de más si es que tienen que pagar algo, no han evolucionado ni mucho menos en esa magnitud. En 2018 se estima que se levantaron actas por 348 millones y las levantadas el año pasado ascendieron a 524 millones, un 50% más tras un incremento de las actuaciones de más del 150%. Un esfuerzo fenomenal para unos resultados más bien pobres.

Esos 176 millones de euros extra que según los datos oficiales de la Agencia Tributaria surgen de la comparación del último año antes de la creación de la Unidad de Grandes Patrimonios, 2018, y el ejercicio pasado son además una estimación, ya que el perímetro de 170.000 contribuyentes no se definió de forma clara como objetivo de actuación hasta 2019. Ese año 2019 se logró la cifra récord de liquidaciones a grandes patrimonios, 608 millones de euros, un monto que no se ha vuelto a alcanzar ni de lejos en los ejercicio posteriores pese al sustancial incremento de expedientes.

Fuentes de la Agencia Tributaria atribuyen en parte ese estancamiento en las cifras de fraude denunciado por la unidad de élite de control sobre grandes contribuyentes al éxito de la misma. Argumentan que una vez se puso en marcha un plan específico de control sobre ese colectivo con unos parámetros de actuación y una definición de perfiles de riesgo más afinada se afloraron situaciones en las que los afectados han optado por no volver a caer. «La tendencia lógica es que se les regularice cada vez menos», dicen.

Fuentes del ámbito de la asesoría tributaria tienen otra opinión. Observan que el de las grandes fortunas es un colectivo hipervigilado y muy bien asesorado, que contra lo que sostiene un determinado relato político que los estigmatiza como los grandes defraudadores ponen un especial cuidado en cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera escrupulosa. Según varias fuentes consultadas del ámbito profesional del asesoramiento a grandes fortunas lo que hacen las cifras oficiales no es más que acreditar que «el fraude no hay que buscarlo ahí precisamente».

La Agencia Tributaria, sin embargo, ha hecho todo lo posible por encontrarlo ahí precisamente. Ha tirado de herramientas de explotación de big data y también de inteligencia artificial para tener un control estrecho de la cartera patrimonial de los grandes contribuyentes, hasta el punto de que hace unos años desarrollo un dispositivo interno que en menos de 45 minutos le permitía tener una foto del patrimonio de cualquiera de los 170.000 contribuyentes en ese grupo, entramados societarios incluidos.

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Esas nuevas herramientas y la información procedente del exterior ha permitido, por ejemplo, detectar 27 estructuras societarias opacas, medio centenar de tarjetas offshore que Hacienda no tenia controladas o detectar 127 casos de deslocalizaciones presuntamente irregulares de contribuyentes con patrimonios irrelevantes, cifras marginales en cualquier caso sobre un universo de 170.000.

El estancamiento de los resultados del control sobre grandes fortunas destaca todavía más en un ejercicio en el que la Agencia Tributaria levantó la cifra récord de 18.928 millones de euros de sus actuaciones de prevención y control. Esta cifra no refleja el fraude fiscal detectado por Hacienda en sentido estricto, sino que incorpora actuaciones administrativas de comprobación de deducciones o bonificaciones aplicadas, actuaciones para recuperar impuestos no pagados por aplazamientos o por incapacidad para atender a pagos y todo tipo de situaciones. De hecho, el dato de este año se explica sobre todo porque Hacienda recortó nada menos que 5.305 millones de euros de bases imponibles negativas declaradas por contribuyentes, deducciones supuestamente pendientes de aplicar y cuotas que los contribuyentes reclamaron compensar cuando no tenían derecho a ello.

Otro vector de actuación que le está funcionando muy bien a la Agencia Tributaria son las cartas aviso y las notificaciones en el programa Renta Web para prevenir posibles irregularidades. Desde el año 2019 la generalización de esta estrategia de cumplimiento voluntario ha permitido incrementar en un 70% los recursos que obtiene Hacienda de regularizaciones voluntarias realizadas por los contribuyentes sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Agencia Tributaria. Un 2024 el saldo de estas ascendió a 1.056 millones y permitió aflorar por ejemplo 120.292 rentas por alquiler no declaradas hasta ahora.