El crimen organizado en España va mucho más allá de las pistolas

El sábado pasado, se supo que un policía del Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) de Sevilla había recibido un balazo en la ingle -el proyectil atravesó su chaleco antibalas- en un enfrentamiento a tiros con narcos que emplearon armas de guerra y que lograron escapar. Y el domingo los geos abatieron a un traficante durante una operación en El Casar de Escalona (Toledo) en la que hubo además otros dos heridos de bala al entablarse un tiroteo.

La acumulación en pocos días de estas tres noticias es lo que ha puesto de actualidad el crimen organizado, pero el goteo de casos no sólo es constante, sino que va en aumento. Formalmente, el Gobierno podrá decir que se ocupa al máximo nivel de esta modalidad criminal -en julio aprobó la nueva Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Moncloa y firmada por Pedro Sánchez-; pero todos los que trabajan en este campo coinciden en que el asunto no está en la agenda 'real' del Ejecutivo, mucho más preocupado en garantizar su supervivencia que en estas cuestiones.

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«Falta personal especializado, policial y judicial; medios técnicos; adaptar la legislación; proteger de forma eficaz a los investigadores; sacar el asunto del debate político y concienciar a la sociedad de que estamos ante una prioridad nacional», sostienen mandos policiales. «Sería interesante crear una mesa al más alto nivel con todos los actores implicados, incluidas Fuerzas Armadas, entidades financieras que luchan contra la delincuencia económica, policías autonómicas e incluso locales, donde se aborden las principales amenazas que tiene España; y entre ellas, en un lugar preferente, las mafias», sugieren fuentes de la seguridad del Estado. «Pero debe ser operativa», añaden.

La citada estrategia contra el crimen organizado del DSN explica que el fenómeno «se caracteriza por un entorno delictivo interconectado, que hace un uso cada vez mayor de la violencia, la corrupción y las estructuras legales» y que utilizan con más frecuencia «nuevas tecnologías para expandir su influencia, optimizar sus actividades y actuar con una mayor sensación de impunidad».

Además, el documento destaca que «la trasnacionalidad de la actividad criminal, la influencia de la situación geoestratégica mundial, en especial en lo que se refiere a las derivadas de los conflictos bélicos, así como la convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado o la actuación de las redes criminales como intermediarios al servicio de amenazas híbridas, entre otros, determinan el contexto de esta amenaza».

Aún quedaría por añadir la utilización de grupos mafiosos por parte de servicios de inteligencia hostiles, como se ha visto en España de forma clara con el intento de asesinato en Madrid del expresidente del Partido Popular de Cataluña, Alejo Vidal Quadra, encargado por el régimen iraní, o el del piloto ruso que decidió desertar y pasar al bando ucraniano que fue abatido en Alicante, en una operación perpetrada por criminales a sueldo de Moscú; o el de Serguéi Protosenya, multimillonario ruso que se 'suicidó' tras la muerte a hachazos de su mujer y su hija. Se presentó como un caso de violencia machista, pero todo apunta a un crimen por encargo del GRU.

A pesar de este diagnóstico, el último Informe de Seguridad Nacional, que también elabora el DSN, sitúa el crimen organizado en el puesto 11 de las 17 principales amenazas para España. Es verdad que en el primer y tercer puesto están, respectivamente, la vulnerabilidad del ciberespacio y los flujos migratorios irregulares, en las que las redes mafiosas son también protagonistas, pero ni siquiera en ese documento se analizan en su conjunto todas las implicaciones de la criminalidad organizada y sus relaciones, cada vez más intensas, como reconocen sus autores, con el terrorismo.

«Si queremos saber hacia dónde nos dirigimos -alertan los responsables policiales-, basta con mirar a lo que sucede en Países Bajos, donde la Mocro Maffia es más poderosa que el propio Estado; o en Bélgica, donde el Gobierno estudia sacar a los militares a la calle y establecer el toque de queda en determinadas zonas; o en Suecia, donde el crimen organizado campa también a sus anchas e incluso en zonas del sur de Francia, controladas por las mafias, en las que por ejemplo se tirotean las prisiones... En España, la situación del Campo de Gibraltar al principio afectaba a la provincia de Cádiz y Málaga; ahora llega a Huelva, Sevilla... Pero hay serios problemas en otras zonas de Cataluña, Levante, Madrid o Galicia. El cáncer se extiende».

Tan es así que el enfoque policial ha variado con el tiempo, más en la Policía que en la Guardia Civil. La Comisaría General de Información, antes centrada en el terrorismo de ETA e islamista, ya ha empezado a intervenir, sola o con sus compañeros de Policía Judicial, en operaciones contra organizaciones de crimen organizado tan potentes como el Tren de Aragua a las maras salvadoreñas. Tiene muy claro que son una amenaza para la seguridad nacional. El Instituto Armado ya tenía una unidad específica en la Jefatura de Información que se ocupa de las amenazas emergentes, como las mafias rusa o china.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que a finales de los 90 y en la primera década de los 2000 había hecho un trabajo muy valioso contra la mafia rusa -estaba a la cabeza de los servicios de inteligencia de todo el mundo-, retrocedió sin embargo con el Gobierno de Rajoy, que ante la intensidad de la amenaza yihadista decidió, pese a las reticencias de responsables de inteligencia, dejar ese asunto en las exclusivas manos de las Fuerzas de Seguridad. Hoy lo pagamos, pero según las fuentes consultadas por ABC el centro tiene la intención de corregir esa decisión y retomar su trabajo contra el crimen organizado más grave: «Aquello fue un error; y visto lo visto con Rusia, más aún».

Según las últimas cifras facilitadas por el DSN, de 2023, el número de grupos de crimen organizado detectados en España eran 472, una cifra similar a la del año anterior. Pero el documento no especifica cuántos de ellos son considerados de alta intensidad, con implicaciones graves en la seguridad nacional. Entre 2018 y 2022 se situaron en torno a la media docena, siendo los de relevancia media los más numerosos -esa consideración no quita que sean cada vez más peligrosos y violentos-, con una media de 250 anuales.

La mayor parte de las organizaciones se dedican al narcotráfico, y dentro de él al de cocaína, que en 2023 alcanzó su máximo histórico, manteniéndose estable el año pasado, en torno a los 118.000 kilos intervenidos. En cuanto al hachís, también aumentaron las intervenciones en 2023, cuando se confiscaron más de 375.000 kilos, si bien en 2024 esa cifra habría descendido algo, según datos provisionales.

Sobre su composición, la mayoría se caracteriza por estar formadas por personas de distintas nacionalidades, entre ellas españolas, el desarollo de una actividad internacional y la utilización de estructuras comerciales para sus fines, así como por una clara tendencia a convertirse en proveedoras de servicios de otras tramas y a infiltrarse en infraestructuras logísticas -en especial los puertos- para facilitar sus actuaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional también constata que las aprehensiones de todo tipo de armas, de guerra muchas, los ajustes de cuentas, los ataques a policías y personal de aduanas o los robos de droga entre mafias son «una constante».

Asimismo ve un peligro cierto en que «terceros estados y/o actores no estatales instrumentalicen los flujos migratorios (...) y que se constituyan en una posible herramienta de desestabilización de las instituciones». Además, hay riesgo de que «la vulnerabilidad de los migrantes irregulares» sea explotada en procesos de radicalización «o que pueda ser utilizada en la penetración de elementos terroristas».

El mismo departamento insiste en que la «convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado va en aumento, favoreciendo su cooperación en todos los ámbitos delincuenciales» como el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el tráfico de personas, el tráfico de armas y/o explosivos o el blanqueo de capitales como fuentes de financiación del terrorismo».

También destaca que el crimen organizado opera «cada vez más como intermediario al servicio de actores de amenazas híbridas, siendo este también un desafío, no sólo para la seguridad pública, sino también a los propios cimientos de las instituciones y la sociedad».

En este sentido, «la corrupción (...) tiene un impacto muy negativo en la seguridad nacional, al crear un entorno propicio para el crimen organizado», afirma el DSN. «Las redes delictivas -añaden- a sabiendas del papel que la corrupción supone para llevar a buen fin sus actividades, tratan de llevar a cabo las actividades necesarias, incluidas distintas formas de amedrentamiento, para corromper a individuos en todos los niveles».

Con todos estos informes sobre la mesa, el Gobierno sigue sin incluir el crimen organizado -para algunos el terrorismo del siglo XXI- y en general las políticas de seguridad nacional en su agenda pública. Mientras, las mafias y toda la actividad criminal alrededor de ella se hacen más fuertes, en igual medida que se resiente la seguridad nacional.