Del silencio al pago: la Iglesia indemniza con 1,1 millones a 39 víctimas de abusos

En cuestión de abusos, la Iglesia católica pasó de afirmar que «sólo hay unos pocos casos» a sostener que las cifras no son importantes, sino cada víctima en sí misma. Un argumento que, de tan repetido, sonaba cada vez más a excusa mientras la disparidad entre las distintas investigaciones publicadas —la interna de la propia Conferencia Episcopal, la que encargó al bufete Cremades & Calvo Sotelo y la del Defensor del Pueblo— hacía imposible consensuar un número concreto que permitiera entender la verdadera magnitud del problema. Aunque en la práctica todas dan pistas para situar el número de victimarios ligeramente por debajo de los 1.500 en los últimos ochenta años.

En cuanto a las indemnizaciones, las cuentas parecen más sencillas, aunque las comparativas son siempre complejas. De momento, los 39 dictámenes —de los 89 casos presentados en este año— que ha resuelto la comisión han sido asumidos por la diócesis o congregación a la que pertenecía el victimario. Lo corroboran las tres víctimas con las que ha podido contactar ABC, que prefieren mantener el anonimato y reconocen haber cobrado ya la indemnización.

Juan —nombre ficticio— señala que la recibió «quince días» después de que le comunicaran la resolución. Explica que, aunque recibió la noticia «con serenidad», le surgieron «dudas». «Al ser de los primeros, pensé si acaso debería haber esperado más tiempo y observar», añade a través de un correo electrónico. Más crítico se muestra Sergio —también nombre ficticio—, quien califica el anuncio de su indemnización como «un momento agridulce». «Amargo porque esperaba más, dado que los daños han sido permanentes y no hay parches que los puedan borrar. Dulce porque por fin hubo una respuesta que va más allá de las palabras», explica a ABC.

Se trata de casos que, en principio, no tenían derecho a ningún tipo de indemnización, dado que no podían acudir a la vía judicial por haber prescrito el delito o por la muerte del agresor. Tanto el informe del Defensor del Pueblo como el de Cremades proponían la creación de una comisión independiente que valorara estos casos y propusiera una «reparación integral». Mientras Gabilondo apostaba por un organismo mixto Iglesia-Estado y sugería que este último asumiera parte de la compensación, Cremades cifraba las indemnizaciones entre 6.000 y 100.000 euros y proponía que la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia de Religiosas (Confer) crearan un fondo de 50 millones para asumirlas.

Sin embargo, los obispos —que siempre se negaron a crear este fondo— se adelantaron a las intenciones del Gobierno, que trató de impulsar por su cuenta una comisión, y aprobaron en una asamblea plenaria extraordinaria el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (Priva). Acordaron además la creación de una comisión formada por ocho profesionales independientes: cuatro del ámbito judicial, fiscal o universitario y otros cuatro terapeutas con experiencia en la atención a víctimas de abusos.

El grupo de trabajo, en el que también participan como observadores un representante de la CEE y otro de Confer, se constituyó en septiembre de 2024 y dedicó los primeros meses a elaborar su reglamento de actuación y los baremos de indemnización, que oscilan entre los 3.000 y los 100.000 euros. Fue a partir de febrero de este año cuando comenzó a analizar los casos, que pueden llegarle por dos vías: directamente de la propia víctima —a través de un formulario en su web— o por parte de las órdenes religiosas y diócesis. Una vez recibida la petición, al menos dos de los expertos, uno jurídico y otro terapéutico, valoran la documentación antes de ponerla en común. Con este modelo «se busca garantizar la independencia y el rigor en la reparación y evitar así la revictimización», explicaban en una nota de prensa en la que se hacía balance del primer año de trabajo.

En ese texto también insistían en que los dictámenes proponían una «reparación integral», en la que a la compensación económica se unía una «retribución en especie» que deben asumir las entidades eclesiales, para cubrir los gastos de los procesos terapéuticos «tenidos a raíz de los abusos sufridos» y el compromiso de seguir asumiéndolos en el futuro. Esos costes, que sólo conocen la víctima y la institución que los paga, se suman a los de la indemnización. Además, se incluyen «una serie de recomendaciones a la institución para afrontar el proceso de acompañamiento, reparación y sanación con la víctima».

Ese concepto de «reparación integral» es el que destaca Juan, quien ya había contado con una ayuda de asesoramiento psicológico. Para él, este paso implica «más que una indemnización», ya que «cierra el círculo de manera más completa que si hubiese sido solo en términos económicos». Sin embargo, Sergio se muestra más crítico, pues reconoce que «realmente ha habido reparación, pero ha sido un intento en parte fallido. La herida y las cicatrices siguen presentes». Sebastián —de nuevo nombre ficticio—, otra de las víctimas indemnizadas, explica que «sí, pero no soy una máquina. Diría mejor que me siento aliviado, indemnizado, rescatado, mínimamente atendido».

A este sentimiento agridulce se suma la duda de si los importes son los adecuados para reparar este tipo de daño. O si, más bien, deberían acercarse a esos 50.000 euros que citaba el Papa Francisco al referirse al derecho civil belga, en el avión de regreso de su viaje a ese país, donde los abusos se convirtieron en un tema clave. Lo cierto es que la cifra media de la comisión —que puede variar si se tiene en cuenta que aún no se ha valorado ni la mitad de los casos— es muy superior a la que han obtenido las víctimas que acudieron a los tribunales españoles.

Antes incluso de los informes, un estudio interno de la Conferencia Episcopal estimaba en unos 10.000 euros la media de las indemnizaciones fijadas por la Justicia. Más tarde, en el documento 'Para dar luz', se expone la imposibilidad de calcular una media ante las dificultades para acceder a las sentencias, pero se señalan dos datos: la frecuencia, «en no pocas ocasiones», de indemnizaciones de apenas 2.000 euros por víctima, y las más altas, recogidas en una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que impuso al condenado un total de 120.000 euros (60.000 a una víctima, 40.000 a otra y 10.000 a otras dos), además de otra causa en la que un profesor fue condenado por abusos a doce alumnos con una responsabilidad civil de 142.000 euros.

En ese sentido, los 28.445 euros de media de la comisión asesora se sitúan por encima. También en cuanto al reparto: según ha podido saber ABC, en el 25 % de los expedientes la indemnización ha superado los 50.000 euros; en uno de ellos fue de 3.000, y en el resto oscila entre los 6.000 y los 50.000. La mayor de las indemnizaciones propuestas ronda los 97.000 euros.

En la comparación internacional, las cifras españolas se sitúan dentro del rango europeo: entre los 5.916 euros de media que decretó el Centro de Arbitraje en Bélgica —la más baja— y los 62.245 euros pagados en Irlanda, según el informe del Defensor del Pueblo. Entre ambos extremos, y siempre de acuerdo al estudio de Gabilondo, están los 49.226 de Australia, 22.000 de Alemania, 32.221 de Países Bajos y 37.000 de Francia. Unas cifras que arrojan una media de 34.768 euros por víctima. Si se excluyen Irlanda y Australia, donde las reparaciones fueron de carácter estatal, y se atiende solo a los procesos eclesiales, la media baja a 24.284 euros. Así, la media española —28.445 euros por víctima— se sitúa entre las más altas de Europa, pero el debate sigue abierto: ¿puede una cifra reparar el daño de una vida?