La Iglesia encomienda a ocho expertos independientes la reparación a las víctimas de abusos

Los destinatarios del Priva son las víctimas que no tienen posibilidad de acudir a un juicio contra su agresor, bien porque este haya fallecido o porque el caso haya prescrito. En una rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, explicó que «muchos de los casos que hemos conocidos ocurrieron antes de los años 90 y tienen las vías penales cerradas y en algunos casos, también la canónica, aunque la Iglesia tiene la potestad de poder levantar esa prescripción. Pero en muchas ocasiones, por la muerte del victimario tienen la vía cerrada. Nosotros queremos hoy abrir la puerta a todas ellas».

El Priva, ahora aprobado, «se fija en ser un plan subsidiario cuando ya se han agotado las vías jurídicas, las civiles, penales, y las canónicas y los recursos de reparación civil», explicó Argüello. Así, lo presentó como una muestra de que «la Iglesia mantiene la puerta abierta para poder escuchar a cualquier víctima, acoger su dolor y responder con una propuesta de reparación integral».

Para llevar adelante este plan, los obispos también han nombrado una comisión asesora que tendrá como objetivo «evaluar cada caso de manera singular para analizar los daños causados a las víctimas y definir las vías de reparación a las entidades que deben llevarla a cabo». La comisión está formada por diez personas, cuatro expertos en el ámbito médico forense y cuatro del ámbito jurídico, que fueron elegidos también este martes, aunque no se han hecho públicos sus nombres. Además contará con un representante de la CEE y otro de Confer, la federación de religiosos.

Los obispos no tenían prevista la presencia de víctimas o representantes de ellas en esta comisión, y no han cedido a las presiones del Gobierno y de algunas entidades, que lo planteaban como una de las condiciones para respaldar el plan. Argüello explicó que en una «comisión de este tipo conviene que los que estén sean profesionales del mundo del derecho y de la psicología», aunque ha mostró su confianza de que en «su reglamento, la comisión establezca un cauce habitual, no extraordinario, para que convoquen a las asociaciones de víctimas y las asociaciones que las atienden».

No fue el único reproche a las presiones que en estos últimos días los obispos han recibido desde el Gobierno. Mucho más directo fue Argüello cuando contestó a las críticas que el ministro Félix Bolaños hizo este lunes ante siete asociaciones de víctimas a las que convocó a una reunión urgente y «discreta» en La Moncloa. «Ayer un ministro decía que la Iglesia ha actuado de manera unilateral, ¡claro que sí!», afirmaba Argüello con contundencia.

«Es unilateral -añadía- porque es una toma de decisión libre que responde a una obligación no jurídica sino moral, que asumimos por propia iniciativa, 'motu proprio' en lenguaje eclesial». «Y eso que han querido utilizar como reproche es en realidad un reconocimiento porque cuando las vías jurídicas están cerradas, si no se abre una puerta movido por otra vía, como hemos hecho» no es posible solucionarlo, explicaba. Incluso más tarde citaba al ministro por su nombre y con cierta ironía afirmaba que había convertido «un reproche en un elogio, que agradezco a Félix Bolaños. Es verdad que hemos sido unilaterales, hemos querido dar un paso al que no estamos obligados jurídicamente», sentenciaba.

Argüello negó que el documento aprobado haya sido «para responder a ningún reproche del Gobierno», sino «para dar respuesta a las víctimas». «De hecho nuestro trabajo viene realizándose antes de que hubiera ninguna iniciativa del Gobierno». Preguntado por este diario si el Ejecutivo tenía alguna vía coercitiva para imponerles un plan alternativo al que han aprobado, respondía que un «Gobierno de un estado democrático debe respetar las reglas del juego, que una institución [como la Iglesia] tiene derecho y al mismo tiempo deber de organizar y por tanto de responder a lo que consideran que son sus obligaciones».

Aunque será la propia comisión la que se dote de unos estatutos y defina su forma de trabajo, los obispos han aclarado que serán las oficinas de abusos creadas en las diócesis y congregaciones, cerca de 300, las que faciliten los casos al grupo de expertos. Una de las prioridades es «no revictimizar», por lo que la comisión «recogerá toda la información ya elaborada por las personas que han atendido a esa víctima». Con todos los datos, elaborará un informe de aquellos casos que no pueden ser juzgados, por fallecimiento del victimario o por la prescripción, para los que ha sido creada

A partir de ahí, definirá «las vías de reparación» adecuadas a cada caso, incluida la indemnización económica, a partir de un baremo que elaborará con ayuda de la vicesecretaría para Asuntos Económicos de la CEE. En un principio la responsabilidad del pago de esta indemnización es del propio victimario, en los casos que no hayan fallecido. En todo caso, serán las diócesis y las congregaciones a las que pertenecía el victimario quienes asuman la indemnización.

Argüello recordó que «lo que hemos aprobado no es un decreto que obligue jurídicamente a diócesis y congregaciones, en primer lugar porque la Conferencia Episcopal no tiene esa capacidad», pero que parte de un «elemento de comunión y una obligación moral». Además, el documento publicado recoge que tanto la CEE como la Confer «respaldarán subsidiariamente la reparación establecida de modo que ninguna víctima pueda quedar sin la reparación correspondiente establecida por el órgano de coordinación». Un planteamiento que ratificaba el presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego, también presente en la rueda de prensa, quien afirmó que «si llegara el caso, que no lo creo, en que una congregación o una diócesis, como responsables más inmediatos de esa persona se negase a dar una indemnización, el órgano superior asumiría esa deficiencia».

Una idea explícita y novedosa que también desmiente una de las críticas que el Gobierno ha hecho estos días, cuando afirmaba que el plan de la Iglesia «no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación». De acuerdo a la aprobado por los obispos, ninguna víctima se quedará sin el camino de reparación propuesto por la comisión asesora.

Además, dentro de uno de los documentos aprobados, las líneas de trabajo, también se incorpora otra novedad: «La adhesión al acto público de reconocimiento de las víctimas» que recogen las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo. Hasta ahora los obispos no habían aclarado su participación en un acto de este tipo y afirmaban incluso no haber tratado en sus reuniones si estaban dispuestos a convocar ellos mismos una petición pública de perdón, como si lo ha hecho la diócesis de Bilbao y tiene previsto la de Madrid para septiembre.

Luis Argüello, también recordaba que las decisiones tomadas se sitúan «dentro de un trabajo que la Iglesia viene desarrollando con diversos ritmos, desde hace 20 años». En él, «es hace seis años, con la publicación de determinada normativa vaticana y la convocatoria de los presidentes de las conferencias episcopales en Roma, cuando el proceso se ensancha, se profundiza y acelera», señalaba. Lo cierto es que, desde su llegada a la presidencia del Episcopado, los ritmos se han acelerado todavía más.