Una carta, hecha pública por los obispos, evidencia los incumplimientos de Cremades en la auditoría sobre abusos a menores

La carta, según ha podido saber ABC, es una respuesta de Cremades a los requerimientos de la Conferencia Episcopal, una vez que había pasado el plazo inicial pactado de un año. De esta forma, el presidente del bufete explica el estado de la auditoría en ese momento y los cinco grupos de trabajo en que se ha dividido el equipo.

Dos de ellos, el de «Análisis, sistematización, valoración y presentación de los datos de campo» y el de «Análisis de las medidas de prevención», dirigidos por Alfredo Dagnino, en aquellos momentos miembro del bufete, del que fue despedido la semana pasada por sus desencuentros con Cremades sobre el tema. Fruto del trabajo de esos dos equipos es el informe de 2.000 folios que los obispos han podido ver y reclaman al bufete.

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El abogado presentará un «resumen ejecutivo» y retrasará el informe completo hasta fin de año

En la carta, el abogado explica a los obispos que los trabajos «deberían estar redactados, terminados y debidamente ensamblados a finales del mes de mayo», para disponer de «todo el mes de junio» para correcciones y obtener un documento definitivo «cuya entrega a esa Conferencia, se producirá previsiblemente, en el primer día del mes de julio».

Plazos que, evidentemente, se han incumplido, incluida la prórroga de «dos semanas» que Cremades pidió de nuevo a los obispos a finales de septiembre, en una reunión de la Comisión Permanente. El nuevo retraso motivó que la Conferencia Episcopal le diera un ultimátum de diez días, que se cumplieron el viernes, para que entregara el informe completo. La única respuesta del bufete es que facilitará un resumen ejecutivo antes de la Plenaria de noviembre y el texto completo a final de año.

De esta forma, la publicación de la carta se enmarca dentro de la respuesta que la Conferencia Episcopal prepara ante los constantes retrasos y el ultimátum de hace dos semanas. Una reacción que sólo puede ser acordada por uno de los órganos colegiados, ya que el presidente no tiene potestad para tomar una decisión de este tipo. Las próximas reuniones son la Asamblea Plenaria, del 20 al 24 de noviembre, y, unos días antes, el día 8, la Comisión Ejecutiva. Según ha podido saber ABC de fuentes episcopales, las «actuales circunstancias hacen conveniente adelantarla», por lo que podría celebrarse este miércoles, el día habitual para este tipo de reuniones.

En el texto, Cremades se muestra convencido de que van a presentar «un informe de auditoría veraz, completo y realizado desde la independencia» y pone como prueba de ello «la perplejidad, el malestar y preocupación de algunos miembros de la CEE (obispos) que se nos ha transmitido». A ello añade como justificación de la independencia «la crítica de los actores más polarizados sobre esta cuestión, tanto del lado de la opinión pública católica como de la más contraria a la postura de la Iglesia».

También recoge el compromiso del abogado con respecto a las relaciones con los medios de comunicación, a raíz de las quejas que había recibido cuando desde el bufete filtraron que «aventuraban varios miles de víctimas». Cremades se compromete a que «cualquier solicitud de comunicación verificada al Despacho, será transmitida a esa Conferencia [Episcopal] junto con mi opinión personal respecto al modo y forma en que deba ser encarada».

El abogado justifica las informaciones que desde el bufete han dado a los medios y las interpretaciones que ellos han podido hacer de ellas, aunque reconoce que han podido cometer «errores». «Pienso que en ocasiones incluso los que puedan parecer más negativos, resultan beneficiosos para dejar clara la independencia y ganar la credibilidad que pienso nos estamos mereciendo», añade de esos casos.

Tampoco falta una referencia al coste del proyecto, que aunque en un principio era 'pro bono' sí que iba a facturar los costes de asesores e informes externos. Según ha podido saber ABC, Cremades lleva facturado a la Conferencia, hasta el momento, alrededor de un millón setecientos mil euros, en lo que en la carta reconoce como «gastos imprescindibles para el desarrollo del proyecto». También establece que cualquier factura extraordinaria «distinto de los que habitualmente se envían», será «presentado para su aprobación previa».