«Me hicieron sentir como un trapo»: el horror de las mujeres que 'redimió' el Estado

El Patronato —heredero de una institución del mismo nombre creada y disuelta durante la República y de organismos anteriores que buscaban luchar contra la trata de blancas— fue refundado en 1941. Su primera presidenta de honor fue Carmen Polo de Franco y sus centros, repartidos por todo el país, fueron encomendados a órdenes religiosas femeninas, en especial a las Oblatas, Adoratrices, Trinitarias y al instituto secular Cruzada Evangélica. Más allá de su bienintencionado propósito de velar por la «protección y educación de mujeres consideradas en riesgo moral», lo ocurrido entre aquellas paredes, hasta que fue disuelto en 1985, supuso un horror para miles de adolescentes y jóvenes. Ahora, «el dolor y las heridas» tras «haber escuchado la vivencia de muchas supervivientes y hacer investigaciones en las congregaciones» han llevado a la Conferencia Española de Religiosos (Confer) a organizar este lunes un acto público de «reconocimiento y perdón» a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer.

¿Qué sucedió en aquellos centros para que cuarenta años después de desaparecer todavía haya tantas mujeres que sigan heridas y necesitadas de este reconocimiento y perdón? ¿Por qué una situación tan terrible, que se extendió hasta diez años después de la muerte de Franco, ha estado tan silenciada en este tiempo?

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Fue Consuelo García del Cid la primera en dar a conocer la realidad de lo que se vivió entre aquellos muros. «¡Esto lo voy a contar! Un día seré escritora y todo el mundo se enterará de lo que nos han hecho». Era la promesa que Consuelo les hacía a gritos a sus compañeras en 1976 cuando dejaba el centro de las Adoratrices de la calle Padre Damián de Madrid después de pasar año y medio. Ya en la madurez, los últimos quince años los ha centrado en el Patronato y ha publicado cinco libros sobre el tema.

El caso de Consuelo es un tanto excepcional, porque ella llegó al Patronato de la mano de su propia familia. Era de las denominadas «internas de pago». Pertenecía a una familia de la burguesía catalana y a principios de 1975, con 16 años, empezó «a ser una rebelde», explica a este diario. «Mi familia era muy estricta y comencé a meterme en política, cambié mi forma de vestir y empecé a llevar folletos de Estrella Roja a casa, hasta que una mañana mi madre y el médico de toda la vida, que era del Opus Dei, entraron en mi habitación y me dijeron que me iba a poner una vacuna. No pude reaccionar», narra.

Lo siguiente que recuerda es despertar con dolor de cabeza y la boca seca en una habitación que le resultaba extraña, con barrotes en la ventana. Al asomarse, vio que todos los coches tenían matrícula con la letra M y pudo comprobar por el reloj que le había regalado su abuela, que había pasado un día completo. Nunca ha sabido lo que ocurrió en aquellas 24 horas que le faltan a su vida, en las que pasó de su casa de Barcelona a las Adoratrices de Madrid. «Aquello era un campo de concentración. Apenas teníamos dos horas de clase al día, y el resto del tiempo lo pasábamos trabajando, fregando o rezando», recuerda Consuelo.

Pero eso no era lo peor. «Yo no vi nunca palizas, pero el maltrato psicológico era tremendo. No nos dejaban que hiciéramos amigas, ni siquiera mostrar simpatía por otra chica, porque te acusaban de lesbiana y te llevaban al psiquiátrico y ya sabías lo que te esperaba allí: te aplicaban desde electrochoques a coma insulínico», explica. Además, incide en que el trabajo era obligatorio y sin cobrar. «Nos pasábamos horas montando estos payasos —nos explica mientras muestra una figura de tela antigua que una amiga le ha conseguido en internet—, cada una se encargaba de una parte, en cadena, y al final metíamos caramelos dentro. Las más rebeldes añadíamos alguna nota escrita a mano contando que estábamos encerradas y pidiendo que nos sacaran de allí». Nadie respondió nunca a aquellos desesperados mensajes de rescate.

El caso de Loli, con quien comenzábamos este reportaje, tiene un origen distinto pero las mismas consecuencias. Cuando en 1982, con 15 años, ingresaba en la maternidad embarazada por su padre, todavía no era capaz de imaginar el horror que iba a vivir, pero sí intuía el infierno que tenía por delante, porque no era la primera vez que estaba contra su voluntad en uno de los centros del Patronato. Dos años antes ya había estado en un reformatorio de Madrid, pese a que vivía con su familia en Cantabria. ¿Su delito? ¿Su pecado? Con 14 años, tras escaparse varias veces de casa, había denunciado que su padre abusaba sexualmente de ella.

«Supuestamente iba a continuar mis estudios, pero yo no recuerdo ir a clase; aquello era un régimen carcelario, con trabajos en cadena obligatorios y celdas de aislamiento si te portabas mal. El trato de las monjas era horroroso, te hacían sentir como un trapo», explica a ABC. Después de un tiempo en aislamiento, le destinaron a limpiar la piscina. Era un regalo envenenado. «Que estuvieras mejor o peor en la casa dependía de lo que contaba el jardinero, y para que este diera buenos informes tenías que acceder a lo que él quería, así que los mismos abusos que tenía en casa los tenía también allí», añade.

Se escapó del centro y volvió a su casa. Las violaciones siguieron y un año después se quedaba embarazada de su padre, por lo que acabó en Peñagrande. El maltrato psicológico era muy similar: «Por el mero hecho de estar allí ya eras una puta, que te habías arruinado la vida y la de tu futuro hijo». Pese a estar embarazadas, las condiciones eran muy similares a las de otros centros, con escasa formación académica, muchas horas de trabajo diario y condiciones infrahumanas. «Recuerdo que aquel año venía el Papa a España porque estuvimos preparando las bolsas de 'souvenirs' que se repartían, cada una metía uno diferente y la última lo termosellaba. Trabajábamos sin cobrar un duro y con la presión de que teníamos que acabar un cupo antes de las 12 porque era la hora en que dábamos de mamar a los niños. Si por alguna razón nos retrasábamos, teníamos que seguir hasta cumplir. Notabas como te subía la leche y sabíamos que los niños estaban llorando de hambre y desesperados en otra habitación, pero no podíamos ir hasta acabar».

El calvario de Loli no terminó ahí. Seguía en el centro cuando en diciembre de 1982 murió su madre, «la persona a la que más quería», y unos meses después, en Semana Santa, su padre se presentó en Peñagrande para que le dejaran pasar unos días con ella. «A pesar de lo que sabían, y de las quejas de varias de mis compañeras, las monjas le permitieron que me sacara cuatro días. Me llevó a un hostal donde siguió con los abusos, con mi hija al lado», recuerda. Volvió a quedar embarazada. Parió en diciembre de 1983, pero ya en el Hospital La Paz, porque en ese momento las religiosas ya habían sido expulsadas de Peñagrande y el Patronato comenzaba a desmantelarse, con el traspaso de las competencias a las comunidades autonómicas. En junio de 1984 el Gobierno firmaba el decreto que llevaba la extinción del Patronato. Algunos centros siguieron funcionando hasta el año siguiente.

Se da la circunstancia que políticos como Mariano Rajoy o Joaquín Leguina, entonces con competencias en sus comunidades de origen, fueron los firmantes de los decretos de traspaso de Galicia y Madrid, respectivamente. No son los únicos nombres vinculados al Patronato, Cándido Conde Pumpido, padre del actual presidente del Tribunal Constitucional, fue vicepresidente de la junta del Patronato en Pontevedra durante varios años hasta su traslado a Madrid en 1974.

Las atrocidades en los centros del Patronato ya fueron denunciadas por ABC en junio de 1975, desde la revista semanal 'Blanco y Negro'. En una entrevista, Amalia, una antigua interna en Peñagrande, explicaba que la víspera de dar a luz se encontraba mal y se levantó tarde, por lo que «las monjas me castigaron a fregar un largo pasillo». Al día siguiente, ya con los dolores del parto, la tuvieron sentada en una silla y, cuando no podía más y suplicó tumbarse, la comadrona le espetó: «¡Ya que has aguantado el gusto, aguanta ahora el disgusto!». Afortunadamente para Amalia, ya había salido del lugar pero recordaba «lo mal que lo pasaron en la maternidad» sus compañeras. «Les hacían trabajar todo el día. Le daban muy mal de comer, sólo podían ver a sus hijos dos horas y les pagaban 800 pesetas al mes. ¡Increíble!», señalaba en aquella entrevista, una denuncia, con Franco todavía vivo, que, desgraciadamente cayó en saco roto.

Hasta el momento, ni la Confer ni las congregaciones implicadas han querido hacer ninguna declaración hasta después del acto, pero la semana pasada, el presidente de la Confederación de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, hablaba de las reuniones previas que han tenido con las afectadas y de la investigación que han hecho las congregaciones para conocer lo que realmente ocurrió. «Percibimos que ellas necesitaban para su propia sanación este gesto. Si este gesto sirve para reconciliar y ayudar a esas mujeres que tanto han sufrido en su historia personal, bienvenido sea«, reconocía Díaz Sariego.

Sin embargo, añadía una puntualización que ha molestado a las supervivientes, al explicar que han podido «constatar cómo muchas mujeres que han pasado por estos centros les ha servido como promoción personal y profesional». «Han dicho que nosotras éramos la excepción, que la mayoría estaban contentas, pero a esas no las conocí», nos explica Loli, que se muestra un tanto escéptica ante el acto del lunes. «Yo no soy víctima de nada, yo sobreviví. Víctimas fueron las pobres que se suicidaron tirándose por el hueco de la escalera. Me temo que va a ser un acto para lavarse la cara, no creo en ese perdón», añade.

Consuelo García Cid también insiste en la idea de que lo que sufrieron fue algo sistémico. «Si tu vives mal, tu padre te pega, tu madre te ha abandonado, estás entre cabras, duermes en el suelo y no comes tres veces al día, si te meten en un sitio así, te va a parecer normal. Estas son las negacionistas que dicen haber estado bien, prácticamente en un spa», afirma.

«Las congregaciones de la Confer que no formaron parte del patronato me dan mucha pena, porque no nos han hecho nada. Las vi muy afectadas con los ojos cristalinos, al borde del llanto», explica sobre las reuniones que han mantenido con ellas. «La superior actual de las Adoratrices [la orden que regentaba el centro en el que estuvo] me ha pedido un abrazo y se lo voy a dar porque ella a mi no me han hecho nada, pero lamentablemente es la responsable de la historia de toda su congregación. Cuando uno preside algo asume esto».

«La democracia nos debe diez años de vida, el responsable es el Ministerio de Justicia»

Consuelo García Cid

Superviviente del Patronato

Una responsabilidad que Consuelo y las supervivientes también atribuyen al Ministerio de Justicia y a su actual titular, Félix Bolaños. «Franco muere en el 75, yo viví la muerte de Franco en el reformatorio de Adoratrices de aquí de Madrid, pero es que no desaparece hasta 1985. La democracia nos debe 10 años de vida, y el responsable en este caso es el ministerio de Justicia, puesto que el patronato dependía de él y del Gobierno de España».

Las supervivientes han tenido de momento reuniones con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de las que han salido muy satisfechas, pero esperan ser recibidas en breve por el titular de Justicia. Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado a este diario que el lunes estarán presentes en el acto de la Confer y que están trabajando «desde el Instituto de las Mujeres, en línea de hacer un acto de reparación del Gobierno en general, enmarcado dentro de los actos de memoria democrática por 50 años de 'España en libertad'», convocados en 2025 por cumplirse el cincuentenario de la muerte de Francisco Franco.

Sin embargo, puestos en contacto desde este medio con representantes de los ministerios de Justicia, Igualdad y Memoria Democrática, la sensación es que el acto de reparación desde la parte pública a las supervivientes del Patronato para la protección de la Mujer no está todavía maduro, y que el criterio general es descargar toda la responsabilidad de los desmanes de la institución en el franquismo, olvidando, como afirma Consuelo, que la democracia les debe, de 1975 a 1985, 10 años de vida.