Los obispos convocan una Asamblea Plenaria extraordinaria para ratificar su plan de reparación a víctimas de abusos

Los obispos acordaron la realización de este proyecto de reparación en su Asamblea Plenaria de noviembre y tendría que haberse aprobado en la siguiente, en la que se realizó a principios de este marzo. Sin embargo, las discrepancias internas evitaron llegar a un acuerdo y en vez de su aprobación, se acordaron unos «principios informadores del plan», sin que fueran capaces de concretar «cuándo y cómo se podrá llevar adelante».

De esta forma, la discusión parecía retrasarse hasta la siguiente Plenaria, prevista para el próximo noviembre, pero dos cuestiones han acelerado los tiempos de los obispos. Por una parte, el impulso del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que parece decidido a cerrar los temas pendientes en su mandato. Por otro, el plan presentado por el Gobierno a finales de abril que pretende obligar a la Iglesia a asumir el pago de indemnizaciones, aún sin sentencia judicial. La ausencia de un plan que contraponer al del Gobierno, dejaba a la Iglesia, de nuevo por detrás de los acontecimientos.

Así, en estos dos últimos meses, desde la Conferencia Episcopal parecen haber visto la conveniencia de aprobar cuanto antes su plan. Para ello, en primer lugar han implicado de forma directa a los religiosos, a través de la Confer, que hasta el momento habían estado en un incompresible segundo plano, puesto que la mayor parte de los casos se han dado en el ámbito de colegios religiosos. De hecho, algunas instituciones, como el Defensor del Pueblo, han manifestado estos años que la colaboración de la Iglesia era muy desigual, y mientras algunos obispos se mostraban reticentes, la Confer siempre había colaborado de forma directa.

Así, el «Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho» (PRIVA, que ha sido elaborado por el Servicio de las Oficinas para la protección de menores de la Iglesia, y en estos meses ha ido «incorporando las observaciones de los obispos en sus distintas reuniones«, según García Magán, además de las ideas recogidas por el Mensaje al Pueblo de Dios 'Enviados a acoger, sanar y reconstruir», aprobado en la Plenaria de de noviembre de 2023, las indicaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos, del órgano de 'compliance' de la Conferencia Espiscopal y de la propia Confer.

De esta forma, el PRIVA parece asumido y apoyado por buena parte de las instituciones eclesiales. Desde la Confer, han confirmado a este diario que «el respaldo es unánime», pero no se puede decir lo mismo de los obispos. El plan implica que una comisión independiente -aunque nombrada por la Iglesia- examine cada caso y determine, de acuerdo a unos baremos previos, el tipo de ayuda de que la víctima de abusos puede necesitar. Se habla de reparación integral porque la ayuda puede ir desde la psicológica hasta la espiritual, pasando por cuestiones puntuales como el respaldo para la inserción en la vida laboral, siempre en función de las necesidades. Además, «habrá reparación económica a las víctimas que lo soliciten«, ha querido dejar claro García Magán, que ha insistido en que siempre «está prevista la reparación económica».

Una indemnización que tendrá que asumir la diócesis o la congregación religiosa a la que pertenecía el victimario, ya que cabe recordar que en la mayoría de los casos que va a tratar este plan, ya ha fallecido el agresor. Es aquí donde encuentran las principales reticencias, sobre todo por parte de algunos obispos. Por una parte, porque el proceso supondrá asumir los casos en que ya no se puede pedir responsabilidades al agresor. Algunos incluso temen que puedan aflorar denuncias falsas y manchar la imagen de sacerdotes ya fallecidos. Además, algunas diócesis, con una economía muy ajustada, temen que el pago de indemnizaciones les lleve a una situación de bancarrota.

Consciente de esas pegas planteadas por los obispos, Argüello ya explicó a las asociaciones de víctimas, con las que se reunió el 21 de junio, que el hecho de que el plan sea aprobado fuera aprobado por la Conferencia Episcopal no garantiza que algún obispo pusiera trabas en su posterior ejecución. La Conferencia Episcopal es un órgano colegiado, pero no tiene un poder coercitivo sobre todos los obispos, que sólo rinden cuentas de su actuación ante el Papa.

De ahí que la convocatoria de la asamblea general extraordinaria sea clave para el futuro del plan. La aprobación requiere de una mayoría cualificada de dos tercios, que en principio parece garantizada. Además, el hecho de que el plan sea aprobado en Asamblea General (a la que están convocados todos los obispos) y no por la Comisión Permanente (compuesta por una treintena de los cerca de ochenta con derecho a voto) implica un mayor grado de presión para los obispos más reticentes a llevarlo adelante. Una posible oposición posterior a un pago de indemnizaciones, implicaría posicionarse contra la decisión mayoritaria del resto de sus «hermanos obispos» y supondría una grieta en esa colegialidad en la que se sustenta la Conferencia Episcopal.

En su reunión de la Comisión Permanente, los obispos también han conocido el borrador del Plan de aplicación de los criterios para la reforma de los seminarios en España de mano del presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, Jesús Vidal. Los miembros de la Comisión Permanente han valorado el documento y han realizado sus aportaciones. El documento será estudiado en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre. La base de este borrador es el documento «Algunos criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las Iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal Española», que recibieron los obispos españoles en su encuentro, del pasado 28 de noviembre, con el Papa y el Dicasterio para el Clero.

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