Las víctimas de abuso en la Iglesia reciben indemnizaciones de 3.000 a 100.000 euros

En una nota de prensa hecha pública por la propia Comisión Asesora, el trabajo del primer año se salda «con un balance de 39 dictámenes de reparación integral resueltos de los 40 informes completos recibidos». Hasta este mes han llegado «89 solicitudes de reparación integral, de las que 32 pertenecen a casos sucedidos en diócesis y 57 en el seno de congregaciones religiosas». La Comisión explica que dedicó los primeros meses tras su creación a acordar sus propias reglas de funcionamiento, el diseño de los formularios y fijar los baremos de indemnización, por lo que las primeras solicitudes las comenzaron a recibir en febrero de 2025. La mayoría de los casos se han resuelto «en un tiempo no superior a tres meses».

Noticia Relacionada

Los obispos crean una oficina para recoger denuncias por delitos de odio religioso

José Ramón Navarro-Pareja

Así, la cantidad de la indemnización se ha fijado «en concepto de daño moral, en función de la gravedad del abuso sufrido, su duración, la edad de la víctima, las consecuencias psicológicas y personales que tuvo y, en su caso, la concurrencia de abuso sacramental». Según ha podido conocer ABC, en el 25% de los expedientes, la indemnización ha superado los 50.000 euros; en uno de ellos la cantidad ha sido la mínima, de 3.000 euros; y en el resto, la propuesta realizada por la comisión oscila entre los 6.000 y los 50.000 euros.

Además de las indemnizaciones económicas, la comisión también propone una reparación en especie y marca unos compromisos a las instituciones a las que pertenece el victimario. De esta forma, también proponen una retribución económica que sirva para compensar los gastos realizados «en los procesos de salud o terapéuticos tenidos a raíz de los abusos sufridos» con el compromiso de seguir asumiendo esos costes en el futuro. También realiza «una serie de recomendaciones a la institución para afrontar el proceso de acompañamiento, reparación y sanación con la víctima; o para la implantación de procesos de prevención, formación o intervención en estos casos para el futuro».

En la práctica, el grupo de trabajo está compuesto «por profesionales con experiencia en el acompañamiento a víctimas», que han creado un «modelo propio» para «garantizar la independencia y el rigor en la reparación y evitar así la revictimización». Existen dos vías por las que la comisión está recibiendo los casos. La más habitual es la petición directa de la propia víctima a través de un formulario alojado en la web. Una vez recibida la solicitud, la comisión se pone en contacto con la institución eclesial (congregación religiosa o diócesis) donde sufrió el abuso para solicitar el informe correspondiente. «Es a partir de este momento cuando los miembros de la Comisión Asesora empiezan a trabajar el caso».

El dictamen final, con la propuesta de reparación integral, se envía a la autoridad correspondiente de la institución eclesial donde se produjo el abuso (obispo o superior religioso), para que se lo transmita a la víctima. En caso de que esta reparación no pueda realizarse, son la Conferencia Episcopal Española o CONFER quienes responden subsidiariamente. «Hasta el momento este último extremo no se ha producido, por lo que entendemos que todas las instituciones han asumido la indemnización», explican desde la comisión.

La Comisión está integrada por diez miembros: un representante de la Conferencia Episcopal, uno de CONFER y ocho expertos independientes, entre juristas y terapeutas. En un año, la comisión ha logrado resolver la mitad de los expedientes. Por contra, el plan antiabusos del Gobierno está paralizado desde que fue presentado, en abril de 2024, por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ese junio también intentó frenar, sin éxito, la aprobación del Plan Priva.