Una veintena de etarras deben cinco millones de euros a sus víctimas

Es la parte de las indemnizaciones que les fueron impuestas en sentencia y que superaban el tope de 500.000 euros que asume por ley el Estado para evitar que una alegada insolvencia deje a las víctimas sin reparación tras el proceso judicial. Después, se les reclama como deuda contraída con las arcas públicas esa responsabilidad civil que, según distintas fuentes conocedoras consultadas por ABC, tampoco llega a saldarse.

La cifra, aunque abultada, no constituye siquiera la punta del iceberg. Este diario ha repasado las 38 sentencias dictadas contra miembros de la banda terrorista ETA por delitos de sangre desde que en 2011 entró en vigor la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que fijó en 500.000 euros el límite de cobertura estatal de las indemnizaciones por sentencia.

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Los tribunales impusieron responsabilidades civiles por importe superior a los 22 millones de euros en esas resoluciones. Son 17 millones así los que ha cubierto el Estado en este plazo y cinco, la deuda directa con las víctimas. Sigue la cifra quedándose corta porque no figuran otros delitos, como los estragos, que generasen indemnizaciones.

Un vistazo al pasado deja en cualquier caso la cuantía pequeña. En 1992 la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) cifró en 55.000 millones de pesetas la deuda contraída por los terroristas con sus víctimas desde el año 1968. Hoy equivaldrían a 330,5 millones de euros, aunque cundirían menos.

Aquel informe fue el preludio de una ley, la de 1999, que abrió la puerta a que el Estado se hiciese cargo de las responsabilidades civiles para amparar a las víctimas. Las arcas públicas estuvieron cubriendo la totalidad de las indemnizaciones hasta ese punto de inflexión de 2011: la nueva norma ensanchó el sistema de protección, pero a la vez, fijó el tope en la cobertura de las sentencias. Fue así como, de nuevo, los etarras empezaron a contraer deuda directa con las víctimas.

Con el Estado, es una subrogación. El afectado cobra hasta medio millón de euros y le cede el derecho de reclamárselos al etarra. El mecanismo, la vía del apremio, que se activa desde el Ministerio del Interior y acaba en Hacienda. En mayo de 2021, último dato disponible, constaban 387 expedientes en vía ejecutiva en la Agencia Tributaria. Mientras, la deuda con la víctima se reclama desde la Audiencia Nacional.

Ahí constan los 19 deudores mencionados y el Departamento Jurídico de AVT ofrece el pormenor. Las cantidades oscilan entre los 2,1 millones de euros que Soledad Iparragirre, alias Anboto, debe a las familias de los asesinados Rafael Mucientes, Antonio Ligero, Domingo Durán y Luciano Cortizo; y los 20.000 euros que adeuda Xavier Garcia Gaztelu, 'Txapote', por una condena que excedía en 100.000 euros la cobertura estatal y debía afrontar con otros cuatro terroristas: el asesinato de Máximo Casado. La variación, explica la abogada de AVT Carmen Ladrón de Guevara, depende de factores como si el asesinado deja hijos menores de edad, pero «a menudo está vinculada a la cantidad que reclame la acusación particular en el juicio».

Figuran otros nombres, como el de la exdirigente etarra Carmen Guisasola, a quien se impusieron dos millones de euros para la familia del policía José Ignacio Pérez Álvarez. La sentencia, de junio de 2023, implica que les debe directamente millón y medio de euros.

Para Mikel Carrera Sarobe, 'Ata', esa deuda lo es de 250.000 euros y por sentencia reciente también, del pasado septiembre. El que fuera jefe militar de ETA se lo debe a la familia de Manuel Giménez Abad, líder del PP en Aragón cuando en 2001, le asesinó frente a su hijo. El doble, medio millón de euros, adeuda por los asesinatos del también 'popular' Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García; el etarra conocido como 'Kantauri', Francisco Javier Arizkuren.

«Eso a mi hermano y a Ascen no me los va a devolver. Me acuerdo de ellos todos los días, dejaron tres niños muy pequeños. Pero se debe reclamar. Tienen que pagar moral, civil y penalmente y cumplir hasta el último día de su condena», dice a ABC la adjunta al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez Becerril, hermana del líder del PP asesinado.

Y lo dice por dignidad, no por economía. «Verles en listas electorales, ver que tienen nóminas y siguen como si nada... Están como riéndose de nosotros, de las víctimas, del Estado, de todos los españoles», denuncia.

Las víctimas tienen difícil que los etarras como Kantauri salden deudas. La tónica es que se declaren insolventes y no dispongan de bienes enajenables de entidad. Pero además, desde 2015 el tiempo corre en contra. Por reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se acortaron los plazos de prescripción de las responsabilidades civiles y si antes, el pago era exigible sin más durante 15 años, ahora a los cinco caduca si ninguna reclamación intermedia lo evita.

Es lo que hizo la AVT con siete casos de asesinato en 2020, ante la perspectiva de que fuesen a prescribir y con idea de que la Fiscalía impulsara averiguaciones. Esta es otra traba, porque la acusación popular no tiene legitimidad en materia civil, si bien ejercen la representación legal en muchos de los casos. En 2025, volverán a tocar esa puerta. De momento, es pacífico que basta con que el acreedor exprese su interés en la reclamación para interrumpir ese plazo y que se reinicie el contador.

La gestión es una labor complicada que en terrorismo asumen los Letrados de la Administración de Justicia en el Servicio Común de Ejecutorias Penales de la Audiencia Nacional, donde hay más casos que ojos para mirarlos. Otro dato: la implantación del Expediente Judicial Electrónico, que facilita el control, no se completó en Ejecutorias hasta octubre de 2022. Y la información sobre penas accesorias, como las de inhabilitación, no se recogía aquí hasta 2015.

«La posibilidad de acumular en un solo procedimiento la acción penal y la civil corre el riesgo de que esta pierda protagonismo», comenta Ladrón de Guevara, que subraya la mejora en la gestión de las ejecutorias registrada estos años en la Audiencia Nacional.

Desde allí se notifica al etarra. Si no paga, se da traslado a Interior para que recupere por la vía del apremio las cantidades que ha adelantado el Estado a la víctima. Si la indemnización por sentencia supera ese límite de medio millón, entonces es la Audiencia Nacional la que se ocupa de la «realización forzosa» para que la víctima cobre la diferencia, como explica la experta.

Mientras, si al revisar un caso se detectan incumplimientos, se acuerdan embargos por orden judicial. Es lo que ocurrió con la exconcejal de Bildu en Amezketa (Guipúzcoa) Miren Carrera. Ejerció hasta mediados de 2023 teniendo tres responsabilidades civiles por asesinato, secuestro y robo. Dignidad y Justicia, que había denunciado la presencia de condenados por terrorismo en Bildu, pidió el embargo y la Sala de lo Penal le ha trabado el máximo posible de la nómina.

En paralelo, otro fenómeno: presos de ETA que para mantener el tercer grado dado por la Administración Vasca, comienzan a pagar. Un caso reciente, el de José Manuel Inciarte: cooperador en el asesinato de dos policías y la mujer de uno de ellos, embarazada. Alegó sin éxito en la Audiencia Nacional que, además de arrepentirse, pagaba 20 euros al mes desde 2021. Debe al Estado 180.000 euros. La Sala revocó en firme ese tercer grado.