La Audiencia Nacional embarga el sueldo a una exedil de Bildu condenada por terrorismo

Se trata de la primera victoria de las víctimas del terrorismo en la reclamación de responsabilidades civiles emprendida cuando las candidaturas de EH Bildu para las municipales del 28 de mayo de 2023 revelaron la presencia de individuos condenados en firme por delitos de terrorismo entre los que varios, tenían aún las indemnizaciones a sus víctimas pendientes de abonar.

Covite publicó un listado de 44 candidatos con historial terrorista y Dignidad y Justicia fue directamente a la Audiencia Nacional: señaló a 21 con condenas en firme y reclamó que se investigase el estado de sus responsabilidades civiles para exigir su cumplimiento, un proceso complejo que sigue en marcha en el Servicio Común de Ejecutorias.

Noticia Relacionada

Dos etarras de Bildu que ganaron el acta el 28M tienen responsabilidades civiles pendientes

Isabel Vega

Otro de los electos, con deuda activa también, renunció al acta en el grupo de los que contaban con delitos de sangre

Carrera no estaba en la lista de proclamados para aquellos comicios pero había sido concejal la legislatura que acababa. Mientras, varios de los que sí accedieron tras las elecciones al cargo público renunciaron a tomar posesión con el escándalo ya sobre la mesa, como informó este diario. En cualquier caso, en Ejecutorias estaban ya mirando los 21 expedientes para distinguir entre quienes tenían las responsabilidades civiles abonadas o prescritas y quienes aún tenían pendiente el abono y se les podía reclamar.

Ella estaba en el segundo grupo y ahora, la Sala de lo Penal, tras constatar que se encuentra de alta trabajando para una empresa, ordena el embargo de su nómina y los emolumentos que perciba para dar cumplimiento a esos pagos pendientes, en una resolución adelantada por El Correo a la que tuvo acceso ABC, que emana de la causa que en su día se siguió contra ella en el Juzgado de Instrucción número 1.

Se trata, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, de la responsabilidad civil impuesta en la sentencia por el asesinato del directivo de Moulinex José María Latiegui Balmaseda en la localidad de Usurbil, en Guipúzcoa, en abril de 1981. Le pegaron un tiro en la cabeza cuando iba a recoger su coche a la salida de la fábrica. Carrera fue condenada por el asesinato junto a Joaquín Zubeldia Gorostidi en el año 1983.

Tal y como informó este diario, según los datos del Ministerio del Interior actualizados a mayo de 2021 y recogidos en un manual sobre avances y carencias en la protección de las víctimas del terrorismo -de la jurista experta en la materia Carmen Ladrón de Guevara-, constaban a esa fecha 805 expedientes de apremio para el cobro de esas indemnizaciones y sólo 8 de ellos eran deudas saldadas. Hasta 344 habían prescrito y 387 estaban en vía ejecutiva, es decir, en manos de la Agencia Tributaria.

En cuanto al dinero, al cierre de 2020, una decena de etarras debía todavía a las familias de sus víctimas más de un millón de euros, sumando las cuantías a las que fueron condenados en sentencia firme y que rebasan el tope de responsabilidad civil que cubre en estos casos el Estado. Se trata de crímenes antiguos, algunos de hace más de 20 años, cuyos autores seguían sin haber cumplido esta parte de la pena, como publicó este diario con datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo.