El etarra que participó en el asesinato de un policía y su mujer embarazada seguirá en prisión

El auto, al que tuvo acceso ABC, está fechado en diciembre y cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Ricardo De Prada. Los otros dos miembros del tribunal, Javier Vieira y Fernanda García, coinciden en que «no cabe la clasificación en tercer grado ordinario que pretende el interno», entre otras razones, porque «está lejana la fecha en la que alcanzará el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena».

Subraya que los escritos que ha aportado para acreditar que rechaza la violencia y reconoce el sufrimiento causado, «no permiten considerar que concurran 'signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas', y menos aún que se haya prestado a colaborar activamente con las autoridades».

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En cuanto a la posibilidad, que también reclamaba, de acceder a ese régimen de semilibertad por razones de salud, sobre todo porque tiene 68 años y sufrió un ictus en junio del año pasado que le dejó secuelas, la Sala considera que «no resulta acreditado que el penado padezca enfermedad grave con padecimientos incurables».

Coinciden con el titular de Vigilancia Penitenciaria que sus dolencias, «aun revelando una patología severa y parcialmente incapacitante, no puede considerarse una enfermedad de las características que exige» la legislación penitenciaria, «sin perjuicio de que, en caso de agravarse, pueda proponerse con urgencia una nueva clasificación».

Fue el 19 de junio del año pasado cuando la Administración vasca concedió el tercer grado a Inciarte. Ya había disfrutado de permisos penitenciarios y la junta de Tratamiento de Martutene, donde se encuentra, informó de manera favorable a su progresión.

La Fiscalía recurrió y el Juez de Vigilancia Penitenciaria le dio la razón. Consideraba que no se cumplían los requisitos, ni desde el punto de vista del arrepentimiento ni tampoco desde el abono de las responsabilidades civiles: no empezó a pagar cantidad alguna hasta entrado el año 2021 y lo hace a razón de 20 euros al mes.

«El interno cita o identifica a la víctima, en el atentado falleció el Policía Nacional y su esposa embarazada. No consta acreditada la participación del interno en dichas muertes, pero sí estaba conforme con el secuestro y asesinato del Policía Nacional. En el escrito de 2 de febrero de 2022 el interno sigue utilizando expresiones como conflicto y parece equiparar a víctimas y victimarios en tanto que según sus palabras, estos hechos delictivos han causado dolor a todos«, decía aquella resolución que ahora la Sección Primera, por mayoría, hace suya.

La posición del magistrado De Prada es discrepante porque entiende que el auto del tribunal «desvalora sin justificación suficiente la progresión del penado en su reinserción y reconocimiento del daño y dolor causado a las víctimas» y no presta atención y análisis suficiente a los informes de los técnicos de prisión, como a los escritos del propio reo sobre la violencia.

Inciarte fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a 39 años de prisión como integrante del Comando Vizcaya de ETA por su participación en aquel atentado perpetrado el 4 de mayo de 1983 en un garaje del barrio bilbaino de Santuchu. Su papel fue custodiar a un hombre al que habían sustraído el vehículo con el que iban a secuestrar al teniente de la Policía Nacional Julio Segarra.

Otros tres miembros de la banda, Félix Ignacio Esparza, Enrique Letona y José Félix Zabarte, todos condenados, se encargaron de ir a por el teniente para interceptarle cuando entrase en el garaje de su casa. Acababan de maniatarle cuando entró en el garaje el cabo Pedro Barquero acompañado de su mujer, María Dolores Ledo. Los etarras abrieron fuego y asesinaron a los tres.

Desde que el Gobierno transfirió al País Vasco la competencia de prisiones y terminó de trasladar allí a todos los etarras que en virtud de la política de dispersión, cumplían en distintos puntos del territorio nacional, el Departamento de Justicia ha concedido 61 terceros grados a un total de 51 presos: en una decena de casos lo han hecho pese a que la Audiencia Nacional había revocado la medida porque no se ajustaba a la legalidad.

En total, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha tumbado siete de estas semilibertades y hay aún siete pendientes de que se resuelva el recurso de la Fiscalía que están suspendidos mientras tanto, según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo.