El Palacio de Congresos ya tiene licencia municipal para 'resucitar' tras 11 años sin actividad

No ha sido un camino fácil: el gran edificio del paseo de la Castellana, justo frente al estadio Santiago Bernabéu, responde al diseño de Pablo Pintado, ganador del concurso nacional de arquitectura convocado por el Ministerio de Información y Turismo, y comenzó a construirse en 1964, finalizando en 1970. En sus salas se celebraron los congresos de los principales partidos políticos de ámbito nacional, muchos de los recuentos electorales de la democracia, numerosas actuaciones musicales –entre ellas, conciertos de estrellas como Bruce Springsteen o el primer Festival de la OTI– e incluso algún sorteo de la Lotería de Navidad. Hasta que un gran incendio destruyó parcialmente la instalación en 1995.

A partir de ahí, comenzó la caída: únicamente se acometieron las obras imprescindibles para que siguiera funcionando la parte del edificio que no se vio afectada por las llamas, sin reconstruir lo demás. De hecho, se plantearon algunas alternativas, entre ellas la de trasladar allí las oficinas de Turespaña, el organismo oficial del Ministerio del ramo de quien depende este inmueble.

Para esto se contó incluso con el arquitecto autor del Palacio, Pablo Pintado, que diseñó una reforma y rehabilitación del mismo. Pero la oposición a la idea desde distintos sectores de la sociedad acabó tumbándola, y nunca se llevó a cabo.

Así las cosas, con una instalación de lujo a medio gas, llegó 2012, el año de la tragedia del Madrid Arena, que hizo replantearse las medidas de seguridad de todos los espacios dedicados a eventos públicos masivos. Fue la puntilla para el Palacio de Congresos: varios informes técnicos dejaban en evidencia que el edificio no cumplía con las exigencias de seguridad y accesibilidad vigentes, por lo que se tomó la decisión de suspender temporalmente –por tres meses, en principio– sus actividades. Pero lo provisional se convirtió en definitivo: once años después, sigue vacío y sin uso.

Pero la situación puede cambiar ahora: tras un exhaustivo estudio, el Ayuntamiento de Madrid ha otorgado al Ministerio la licencia necesaria para las obras de rehabilitación en el inmueble. Ha costado nueve meses y más de una bronca política, sobre todo porque durante un tiempo, la titular del Ministerio, y por tanto del Palacio, era también la candidata a alcaldesa de Madrid por el PSOE, Reyes Maroto, que reclamaba amargamente al regidor José Luis Martínez-Almeida el permiso de obras necesario para desatascar el proyecto.

Fuentes municipales informan a ABC que la licencia fue concedida el pasado 4 de agosto, después de que el proyecto recibiera el OK de la Comisión Institucional para la protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, Ciphan, en una reciente reunión. Justifican la tardanza: era «un expediente muy complejo» que ha necesitado «informes de distintos departamentos», y donde había que tener en cuenta tanto la normativa en relación con la evacuación de las personas, como la protección con que cuenta el mural de Joan Miró situado en la entrada. «Todo ello hizo necesario interrumpir el cómputo de plazos varias veces, para solicitar documentación e informes», explican desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante.

Ahora, ya con los permisos sobre la mesa, la pelota está en el tejado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que le llega la hora de ejecutar el plan previsto para este Palacio. Tras realizar estudios de viabilidad, el Gobierno decidió que los edificios A y C de la instalación se licitaran mediante una concesión de obra pública, para dedicarse después al uso característico como Palacio de Congresos.

Mientras, el edificio B, se ha cedido a la Organización Mundial del Turismo (OMT) para que aloje su nueva sede en la capital. De hecho, el consejo de Ministros aprobó ya en abril de este año el contrato de obras de remodelación y ampliación de este edificio B, por un valor de 24,6 millones de euros. El ministro en funciones del ramo, Héctor Gómez, destacaba entonces la importancia de esta decisión «un gran paso para la tan deseada reapertura de este espacio, absolutamente necesario para el desarrollo económico y turístico de Madrid». Lo mismo que defienden los empresarios: la necesidad urgente de reabrir un espacio excepcional en un lugar inigualable; mantenerlo cerrado durante años y años es un lujo que el sector, aseguran desde hace años, no se puede permitir.

De hecho, ha sido un clamor en el mundo empresarial del turismo y los congresos la petición de reabrir el Palacio de la Castellana: contar con este espacio, añaden, situaría a Madrid en lo más alto en el ranking de ciudades de congresos.

Y también se han sucedido los intentos por llevarlo a cabo, aunque durante varios lustros todos han resultado infructuosos. Sólo por citar algunos, en abril de 2015, el pleno del Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella como alcaldesa, aprobó un Plan Especial para este Palacio de Congresos que daba luz verde a las obras de remodelación integral que incluían un nuevo edificio anexo de 23 plantas en el que se ubicaría un hotel de cinco estrellas. Todo con inversión privada, aunque la titularidad de la instalación seguiría siendo pública.

La idea era que el Ministerio competente –que entonces era el de Industria, Energía y Turismo que dirigía José Manuel Soria– sacara a concurso público la gestión del Palacio, y la concesionaria se haría cargo de la remodelación integral. Pero la idea no salió de los despachos: el Plan Especial fue impugnado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid terminó por anularlo parcialmente.

Tres años después, en enero de 2018, otro ministro –Álvaro Nadal, entonces titular de Energía, Turismo y Agenda Digital– pactó con otra presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y con otra alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, el futuro del inmueble: un acuerdo con Ifema para que la institución ferial gestionara por un periodo de 50 años la instalación, y que allí se situara también la sede de la OMT. Un acuerdo rubricado con luz y taquígrafos en plena feria del turismo, Fitur, pero que jamás se puso en práctica.

En febrero de 2020, el Gobierno central hizo público el estudio de viabilidad para la rehabilitación y explotación del Palacio de Congresos. Hablaba entonces de una inversión de 72,6 millones de euros para su reforma, y especificaba el canon que debería pagar la entidad concesionaria: 1,25 millones de euros anuales, por una concesión a 40 años. La sede de la OMT también se contemplaba en el proyecto, y es la primera que se ha puesto ya en marcha.

Antes de dejar el ministerio, a comienzos del año, Reyes Maroto –cuyo departamento había presentado la solicitud de licencia para el Palacio el mes de septiembre de 2022– esperaba que el permiso municipal para iniciar las obras llegara de forma inminente, y presentaba la recuperación de esta instalación como «la herencia» que dejaba como ministra. Ahora, la licencia ya es un hecho, y si nada se vuelve a torcer, Madrid podrá tener abierto de nuevo el Palacio de Congresos en breve, tras un parón de muchos años.