Palacio de Congresos de Madrid: diez años a la espera de una segunda oportunidad

Diferentes gobiernos centrales, regionales y municipales de distinto signo político se han sucedido sin que ninguno consiguiera devolver la vida al Palacio, de propiedad estatal. Y así desde 2012. Mientras, la principal operadora del sector, Ifema, ha mostrado en múltiples ocasiones su interés por un espacio emblemático que, de estar funcionando, situaría definitivamente a Madrid en la primera división mundial como mejor ciudad de congresos.

En la actualidad, el proyecto básico de remodelación del Palacio de Congresos de la Castellana está ya presentado en el Ayuntamiento de Madrid. Esta tramitación comenzó en septiembre y el Gobierno municipal, tras estudiar la solicitud, le pidió hacer algunos ajustes y aportar más documentación, como adelantó El Confidencial. Está previsto que en breve pase por la Comisión de Patrimonio.

Una vez se cuente con la licencia de obras, explican en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo –de quien depende el Palacio– «se estará en disposición de redactar el proyecto de ejecución que permita iniciar las obras».

Se da la paradoja de que la ministra titular, Reyes Maroto, de quien depende el concurso para la gestión de esta instalación, es ahora la candidata del PSOE a ocupar la alcaldía de Madrid. Y la luz verde a la licencia que ponga en marcha de nuevo este palacio tiene que darla el regidor de la Villa, José Luis Martínez-Almeida, su principal contrincante en las elecciones del 28 de mayo.

Los empresarios madrileños se desesperan por esta historia interminable de tropiezos y frustraciones que rodea al equipamiento, famoso por el mural de Joan Miró que adorna su fachada principal.

Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, insistía en exigir «que el Palacio de Congresos de la Castellana no se utilice como herramienta electoral, y se ponga en marcha ya el proceso» del concurso público para su gestión «con eficacia, agilidad y transparencia» porque «es un centro absolutamente necesario para Madrid» y para «el turismo de negocio», posiblemente el más rentable para la ciudad por su nivel de gasto.

El palacio, diseñado por el arquitecto Pablo Pintado, se inauguró en 1970. Dos años después, ya acogía la primera edición del Festival de la OTI. Y en sus salas y auditorios se han celebrado los congresos de los principales partidos políticos, muchos de los recuentos electorales de la democracia e incluso algún sorteo extraordinario de Navidad.

En 1995, el edificio sufrió un incendio que destrozó buena parte del inmueble. Pero su cierre se produjo años después, en 2012: a raíz de la tragedia del Madrid Arena, se iniciaron inspecciones de seguridad en decenas de edificios públicos, y en este se acordó un cierre temporal, durante tres meses, para corregir deficiencias en materia de autoprotección. Pero nunca volvió a abrirse.

Desde entonces, se han sucedido las propuestas, más o menos acertadas, pero hasta ahora ninguna ha pasado del papel. En abril de 2015, el pleno del Ayuntamiento madrileño, cuya alcaldesa era Ana Botella, aprobó un Plan Especial para este Palacio de Congresos: daba luz verde a unas obras de remodelación integral e incluía un nuevo edificio anexo de 23 plantas en el que se ubicaría un hotel de cinco estrellas. La inversión total sería privada, pero la titularidad de la instalación seguiría siendo pública.

El Ministerio competente entonces, el de Industria, Energía y Turismo, que dirigía José Manuel Soria, sacaría a concurso público la gestión y la concesionaria se haría cargo de la remodelación integral del palacio. El Plan Especial fue impugnado y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló parcialmente.

Tres años después, en enero de 2018, otro ministro –el de de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal–, otra presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y otra alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, firmaron con Ifema un acuerdo por el que la institución ferial gestionaría por un periodo de 50 años el Palacio de Congreso de la Castellana, que se recuperaría y además albergaría la sede de la Organización Mundial de Turismo (OMT). Pero el acuerdo no pasó tampoco del papel.

En febrero de 2020, el Gobierno central hizo público el estudio de viabilidad para la rehabilitación y explotación del Palacio de Congresos. Hablaba de una inversión de 72,6 millones de euros para su reforma, y especificaba el canon que debería pagar la entidad concesionaria: 1,25 millones de euros anuales, por una concesión a 40 años. La sede de la OMT también se contemplaba en el proyecto.

La ministra Maroto anunció en mayo de 2019, y de nuevo en septiembre de 2021 –tras el parón que provocó la pandemia– su intención de activar el Palacio, después de una reforma que lo hiciera más moderno y funcional.

Ahora, en enero de 2023, los plazos podrían estar llegando a su fin. En Ifema siguen manifestando el mismo interés por participar en este proyecto: fuentes de la institución ferial aseguran a ABC que «cuando haya pliegos del concurso público, los estudiaremos a fondo». Ni confirman ni desmienten una futura colaboración con el club Real Madrid para su explotación. Pero sí dejan claro que «como operador del sector, tenemos todo el interés».