Convocan una marcha con coches sin etiquetas en el centro de Madrid y se enfrentan a multas de 200 euros

Eso sí, si algún coche sin etiqueta no matriculado en Madrid ciudad se une ala concentración será multado por incumplir la ordenanza de Movilidad Sostenible. A su domicilio llegará en un plazo de quince días una sanción de 200 euros. La asociación lo reconoce. «Pedimos una exención de sanciones para los turismos que no puedan acceder a Madrid ZBE. Si bien, desde el ayuntamiento no han habilitado un permiso por matrículas y por ende, no podemos garantizar que el acceso a Madrid ZBE no sea sancionado, siguiendo instrucción de Delegación de Gobierno la posible multa podría ser recurrible por primar el derecho de reunión habilitado y primar el principio de jerarquía normativa», dicen desde Avarm.

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El ayuntamiento, desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, lo desmiente. «El derecho de reunión no ampara ni exime de la responsabilidad que se deriva de la comisión deliberada de infracciones de tráfico y seguridad vial«, aseguran, y así les han respondido a los manifestantes a su petición de exención de multas.

El consistorio asegura que la solicitud de Avarm «pretende infringir deliberadamente la legislación de tráfico y seguridad vial, la de calidad del aire y la de cambio climático», así como «vulnerar el derecho fundamental a la vida y a la integridad física de las personas y los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas».

Opinan desde el consistorio que quienes participen en la manifestación pueden ejercer su derecho «sin cometer infracciones graves de tráfico« pero, en caso de que lo haga, advierten: »La Administración Municipal está legalmente obligada a denunciar y sancionar las infracciones de tráfico que detecte«.

Entre las reivindicaciones de la asociación de afectados por las restricciones para convocar la marcha con vehículos están la «libertad de circulación», la ampliación del SER fuera de la M-30 y el impacto que tiene la ordenanza en las familias de menor poder adquisitivo y los trabajadores autónomos.