El Observatorio de la Vivienda de Galicia se cita ante la «inquietud» por la ley estatal

Vázquez, quien ya el lunes había cargado contra la norma, que encuadró en los «anuncios electoralistas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a reclamar entonces una rápida convocatoria de la conferencia sectorial, donde el Gobierno «dé la cara»; y denunció que la futura ley «invade las competencias» de las autonomías y que supondrá un «freno para que los promotores sigan construyendo». Este martes, coincidiendo con el Consejo de Ministros donde se concretó el plan de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social avanzado por Sánchez, ahondó en esos mensajes.

Demandó al Gobierno «claridad» y «transparencia» con una ley que se «entromete» en las competencias autonómicas, que carece de memoria económica y que no menciona en su articulado a la Sareb. Además, la Xunta aprecia «visos de inconstitucionalidad» y vaticina una «parálisis total y absoluta de promotores de vivienda protegida», al imponerles un régimen de alquiler, sin poder hacer ventas, cuando «tienen que tener un músculo», para ello, «del cual carecen en este momento». Por añadidura, se quejó de que desde Moncloa «se nos están poniendo deberes y obligaciones» a las regiones, cuando el Gobierno lo «único» que ofrece son «titulares».

Ante este cóctel, que ha causado «gran preocupación», y con el objetivo de fijar un «posicionamiento» común, convoca la Xunta el Observatorio de la Vivienda —creado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, en el que están representados promotores y agentes inmobiliarios, asociaciones relacionadas con la vivienda, arquitectos y representantes de las administraciones locales, entre otros colectivos—.

En paralelo, en Madrid, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, comparecía para desgranar el plan de 50.000 viviendas anunciado por Sánchez. De estas, hay 21.000 que se pondrán a disposición de autonomías y ayuntamientos a través de contratos de venta, de las que 1.285 corresponderían a Galicia. Una «actuación sin precedentes en la historia de España», «un antes y un después» con una «entrada de suelo espectacular», ensalzó el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Ramón Gómez Besteiro, quien apostilló que «va a poner fin a años de apatía por parte (...) de la comunidad autónoma».

Su compañero de filas en el PSdeG y secretario general, Valentín González Formoso, aprovechó —tras compartir acto con la conselleira— para insistir en que la Xunta «está renunciando a hacer» una «política de vivienda», y que prefiere «embarrar el campo de juego» antes que admitirlo. Por otro lado, su portavoz parlamentario, Luis Álvarez, anunció que el próximo miércoles, en O Hórreo, en la sesión de control, preguntará a Alfonso Rueda por este asunto, del que acusó a la Xunta de «desidia» y de utilizarlo como «ariete», «disparando» contra Gobierno y concellos. «Somos la última comunidad autónoma en creación de vivienda protegida (...), ha dejado sin ejecutar más de 400 millones de euros (...) en los últimos 12 años», recitó. Alcaldes socialistas como el vigués Abel Caballero y la coruñesa Inés Rey amplificaron la crítica.

La conselleira rebatió esa supuesta «baja ejecución» en la que, criticó, insiste el PSOE, señalando que ya se ha «ejecutado el 100 % de lo que nos correspondía en el año 2022» del plan de vivienda, al igual que con los fondos europeos; y que solo se descuelga el programa Rexurbe, por el retraso con las licencias de concellos como Ferrol, el caso «más sangrante». Además, recordó que la Xunta ha presentado un plan dotado con 250 millones para llegar a 5.600 viviendas públicas y 3.000 protegidas; y que este año la Xunta ha comprado a la Sareb 40 viviendas, por un importe de 4,4 millones.

La líder del BNG, Ana Pontón, a lo suyo, volvió a reclamar la transferencia de las viviendas de la Sareb.